TFA-026-S-2024

Que la Administración Tributaria, en la resolución sancionadora MH-DGT-ATH-GER-SF-RES-0008-2023 consideró: “...SOBRE LAS PRESCRIPCIONES LEGALES: Según consta en expediente, en el caso que nos ocupa, el procedimiento determinativo adquirió firmeza mediante resolución emitida por el Tribunal mediante el fallo No. TFA-179-P-2018; es decir, que el plazo inició a partir del 1° de enero del 2019, ver folio 303. Ahora bien, de conformidad con el artículo 53 inciso e) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, los actos administrativos tendentes a ejecutar el cobro de la deuda interrumpen la prescripción que, en el presente caso sería el fallo emitido por el Tribunal Fiscal Administrativo No. TFA-311-S-2022 del 1 de julio del 2022. Pese a ser un fallo en el que anula dos resoluciones sancionadoras (No. 02-04-054-13-5156-09-17 y 02-04-054-13-582-10-17), con ello se mantiene la acción cobratoria de la Administración, siendo esta acción de conocimiento del contribuyente. Así lo ha manifestado la Sala Primera de justicia mediante Sentencia 555 de las nueve horas con treinta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil doce, expediente: 09-001083-1027-CA, que en lo conducente dice lo siguiente: “VII. Coincide esta Sala con el criterio expuesto en el fallo impugnado. En reiteradas ocasiones se ha manifestado que aun cuando se declare la nulidad de los actos, la interrupción de la prescripción se conserva. Así, se ha expresado: “la prescripción busca eliminar el estado de incerteza, producido por el transcurso del tiempo, sin ejercitarse las acciones o derechos correspondientes. Esa duda o angustia no existe en el sub-júdice, pues, aunque se haya anulado el proceso, la sociedad actora tiene plena certeza de que la Administración Tributaria está ejerciendo la acción cobratoria; por lo tanto, no pierde el efecto interruptor de la prescripción” (sentencia N.° 385-F-2006 de las 9 horas 40 minutos del 28 de junio de 2006)” De conformidad con la normativa que regula la materia, y con base en criterios de la Sala y los hechos que constan en el expediente, ha quedado demostrado que en el caso de autos la potestad sancionadora con la que cuenta la Administración, no se encuentra aún prescrita, motivo por el cual, se emite la presente resolución. SOBRE EL FONDO. I. Sobre la Tipificación: La sanción por artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que se impone en esta resolución sancionadora, tiene la particularidad que cuenta con varios periodos, sean estos el 2010, 2011 y 2012, donde los dos primeros periodos (2010 y 2011) se regirán por el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, vigente en ese momento; es decir, el anterior a la reforma promulgada por Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012 y el tercer periodo (2012) se regirá por el artículo 81 posterior a la citada reforma legal. Dicho proceso sancionador inició con la notificación de la Propuesta de Resolución Sancionadora No. 02-04-054-13-1049-511-03, visible a folios visible del folio 19 a 23, por las inexactitudes a que se refiere el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios – anterior y posterior a la reforma legal – correspondiente al impuesto sobre la renta (utilidades) de los períodos 2010, 2011 y 2012, como consecuencia del procedimiento de determinación de oficio llevado a cabo por la oficina fiscalizadora donde se determinaron cuotas tributarias no ingresadas en las autoliquidaciones presentadas, generándose con ello una inexactitud por la suma de ¢6.746.558,65 para el periodo fiscal 2010, la suma de ¢2.899.930,38 para el periodo fiscal 2011 y la suma de ¢9.404.283,50 para el periodo fiscal 2012, determinación que adquirió firmeza mediante el fallo emitido por el Tribunal Fiscal Administrativo No. 179-P-2018, visible a folios 184 a 201. Es así que, las conductas que dieron cabida a las inexactitudes que son sancionables y que constan en el expediente sancionador, son las siguientes: Inicialmente, consta en el expediente, con la copia adjunta del traslado de cargos del proceso determinativo, que producto del estudio fiscalizador, la Administración emitió el memorial No. DGT-194-2013, en el cual el Director General de Tributación en ejercicio, solicitó al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda emitir resolución en la que se autorizara a la Administración Tributaria hacer un requerimiento de información directamente a los bancos del sistema bancario nacional y bancos privados, para que estos suministraran información financiera relacionada con el contribuyente. De la información recibida, se obtuvo datos con relación a los ingresos del fiscalizado [...], correspondientes a los periodos fiscales en estudio 2010, 2011 y 2012 y se comprobó que el fiscalizado autorizó al contador público [...] para que revisara la información necesaria que le permitiera certificar los ingresos percibidos por este por concepto de actividades profesionales y empresariales, con lo que el señor Arguello certificó que revisó los ajustes de ingresos y gastos correspondientes a los ingresos que van del 1 de marzo del 2009 al 30 de junio del 2012 de conformidad con las norma internacionales de auditoría que son de aplicación oficial en la Republica de Costa Rica. En conclusión, el contador Público certificó, lo siguiente, de los periodos en estudio: Para el periodo 2010: certificó un ingreso bruto mensual de $11.325,68 y un ingreso neto mensual de $10.223,19. No obstante, cuando el auditor hizo el cálculo correspondiente del impuesto, llego a la conclusión de que el total de ingresos para ese periodo fue de ¢44.855.790 que al compararlo con los ingresos declarados por la suma de ¢ 6.202.679,00, detectó una omisión de ingresos por la suma de ¢38.653.111,00. Para el periodo 2011: Para este periodo, se detectaron meses que no estaban incluidos en la certificación emitida por el contador público autorizado, por lo que más bien a su favor la administración contempló unas facturas de ingresos presentadas por el contribuyente por lo que para la determinación se utilizaron ambas pruebas; es decir, tanto la certificación como las facturas aportadas. Por lo que el total de ingresos que dio en el estudio, comparados con los ingresos declarados, dieron como resultado una omisión de ingresos por ¢18.912.642,50. Para el periodo 2012: Certificó para este periodo un monto mayor a los ingresos declarados ya que según certificación, los ingresos fueron por la suma de ¢60.162.045,00 mientras que los declarados fueron por la suma de ¢6.560.000,00, resultando una omisión por la suma de ¢53.602.045,00. Es así que, las certificaciones remitidas por el banco Cathay a la Administración Tributaria, lo que reflejan es que el contador público para haber certificado montos superiores a los declarados por parte del contribuyente, por concepto de ingresos ante la Administración Tributaria, es porque este tuvo acceso a información que fue oculta en la declaración del impuesto de los periodos en estudio. Lo anterior, debido a que las certificaciones de contador público constituyen prueba fehaciente, aún más que el mismo contador afirmó que procedió a revisar los comprobantes de ingresos de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y es que al ser expedido por contador público la ley le otorga un carácter de documento público de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. El Tribunal Fiscal Administrativo en el fallo No. 179-P-2018, en el que confirma en todos sus extremos la determinación realizada por la Administración, indica claramente que en reiterada jurisprudencia judicial se ha dicho que pese a constituir una certificación de contador público como plena prueba esta puede ser combatida por cualquier medio de prueba en cuanto a su contenido, situación que no puedo hacer el fiscalizado, ya que, tal y como lo indicó el mismo tribunal a folio 199, el contribuyente no aporto prueba alguna que desvirtuara dichas certificaciones, aunque en sus manifestaciones contradecía los ingresos por concepto de movimientos comerciales, que constaban en dichos documentos. De conformidad con la prueba idónea con la que contaba el auditor, sea esta las certificaciones de contador público, la determinación de oficio realizada por la Administración ascendió a un monto de ¢6.746.558,65 para el periodo fiscal 2010, la suma de ¢2.899.930,38 para el 2011 y la suma de ¢9.404.283,50; montos que representan la base sobre la que se dicta e impone la presente sanción y con ese fin es imprescindible analizar desde la óptica del derecho sancionador, los elementos esenciales de la teoría del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) en las conductas mostradas por el contribuyente, elementos que se detallan de seguido: Estrechamente vinculado con el principio de legalidad, pero con elementos que permiten marcar algunas diferencias, el principio de tipicidad ha sido proclamado como uno más de los principios a los que debe someterse el Derecho Administrativo Sancionador. Este es un elemento objetivo del delito, que exige que la infracción esté debidamente establecida por la ley y que la acción o hecho que se pretende sancionar coincida con el tipo penal descrito en ella, como lo es en la presente litis, la conducta que muestra el contribuyente con la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta (utilidades) de los periodos 2010, 2011 y 2012, de forma inexacta, como quedó demostrado desde la propuesta de regularización y hasta la resolución determinativa No.ATH-SF-IMPDT-R-026-2016, misma que fue confirmada en todos sus extremos por el Tribunal Fiscal Administrativo mediante el fallo No. 179-P-2018. El contribuyente nunca demostró, con prueba idónea, que su declaración haya sido emitida de forma correcta, al contrario, las inexactitudes encontradas no solo fueron con base en prueba idónea aportada por el sistema de banca nacional, sino que el contribuyente tuvo la imposibilidad de aportar prueba idónea que desvirtuara dichas certificaciones al manifestar, en el transcurso del proceso, que estas supuestamente contradecía sus ingresos por sus movimientos comerciales, siendo lo más contradictorio, ya que el mismo contribuyente autorizó al contador para que las emitiera. Por lo anterior, la infracción que se analiza en autos se establece en el artículo 81 del Código Tributario, siento aplicable la norma anterior a la reforma, mencionada anteriormente, para el periodo 2010 y 2011 y la norma posterior a la reforma para el periodo 2012, que en lo conducente dicen lo siguiente: Anterior a la reforma: “Artículo 81.- Falta de ingreso por omisión o inexactitud. Serán sancionables los sujetos pasivos que, mediante la omisión de la declaración o la presentación de declaraciones inexactas, dejen de ingresar, dentro de los plazos legalmente establecidos, los impuestos que correspondan”. Posterior a la reforma: “1. Constituyen infracciones tributarias: …. b) Presentar declaraciones autoliquidaciones inexactas. Esta infracción se configura cuando los sujetos pasivos dejen de ingresar, dentro de los plazos legalmente establecidos, las cuotas tributarias que correspondan, por medio de la presentación de declaraciones autoliquidaciones inexactas. Para estos fines se entenderá por inexactitud: i) El empleo de datos falsos, incompletos o inexactos, de los cuales se derive un menor impuesto o un saldo menor por pagar…” De acuerdo con esta norma legal, aplicable en cada caso, debe decirse que, el contribuyente autoliquidó su declaración con datos inexactos – impuesto que fue objeto de fiscalización por parte de la Administración Tributaria –, configurándose el elemento tipicidad, al haberse determinado de oficio cuotas tributarias inexactas, determinación que adquirió firmeza en el procedimiento determinativo mediante el fallo No. 179-P-2018 del Tribunal Fiscal Administrativo. Para efectos de la presente Litis, la infracción se calificó de la siguiente manera: ● Para el periodo 2010 y 2011: Se califica la conducta del contribuyente con un porcentaje del 75% al considerarse que existe ocultamiento de información verdadera ya que los documentos que tuvo acceso el contador público, para emitir las certificaciones de ingresos, no fueron los mismos para emitir la declaración del periodo fiscalizado, esto de conformidad con lo indicado en el séptimo párrafo del artículo 81 - anterior a la reforma legal – que en lo que interesa, dice lo siguiente: “En los casos descritos en este artículo en que la Administración Tributaria determine que se le ha inducido a error, mediante simulación de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera o cualquier otra forma idónea de engaño, por un monto inferior a doscientos salarios base, la sanción será del setenta y cinco por ciento (75%)”. ● Para el periodo 2012: Se califica la conducta del contribuyente con un porcentaje del 100%, al tenor de lo preceptuado en el extracto del numeral ii del subinciso a) del inciso 3 del artículo 81 – posterior a la reforma legal –, que en lo que interesa, dice lo siguiente: “Sanciones aplicables. a) Se calificarán como graves aquellas infracciones que se hayan cometido mediante la ocultación de datos a la Administración Tributaria, siempre y cuando el monto de la deuda producto de la ocultación sea superior al diez por ciento (10%) de la base de la sanción. Se entenderá que existe ocultación de datos cuando: (…) ii. Se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria. En aquellos casos en que la infracción sea calificada como grave, se impondrá una sanción del cien por ciento (100%) sobre la totalidad de la base de la sanción que corresponda. En relación con el elemento antijuridicidad, es otro elemento esencial en virtud del cual se califica la conducta como contraria al derecho. Debe decirse que este es un elemento objetivo imprescindible para el nacimiento de la responsabilidad y puede concluirse, que es un juicio de valor por el que se declara que la conducta no es aquélla que la norma demanda, ya que es contraria al ordenamiento jurídico, porque no estamos ante una situación en donde se le autorice o faculte la acción tipificada; es decir, que se le autorice al obligado tributario para afectar el bien jurídico tutelado, que en este caso es la protección de la Hacienda Pública, al dejar de ingresar impuestos al fisco, en el sentido que para poder reprochar un hecho como antijurídico debe evaluarse el daño causado por la conducta. De acuerdo con lo anterior, la conducta del contribuyente es contraria a derecho debido a que incumplió con su deber de declarar en forma correcta las obligaciones tributarias, en este caso la declaración que corresponde al impuesto sobre las utilidades, ya que no se hizo en fiel apego a lo dispuesto en la norma jurídica tributaria, al no declara todos sus ingresos, cuando en certificaciones de contador público consta ingresos superiores a los declarados, quedando esto evidenciado tanto en el estudio fiscalizador como en el procedimiento determinativo y es, con esta conducta antijuridica, que se afectó a la Hacienda Pública ya que esta no captó el monto correspondiente de impuestos, dado que se afectaron las potestades de verificación y fiscalización con fines recaudatorios, en donde el erario se vio limitado al no contar con la totalidad del impuesto que debió ingresar la administrada dentro del plazo otorgado, viéndose impedido el Estado, de poder cumplir con su mandato constitucional, de lograr el mayor bienestar de los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza a través de sus programas sociales, educación y seguridad pública, construcción de infraestructura, etc. Debemos recordar que el bien jurídico tutelado busca proteger la Hacienda Pública, lo que conlleva defender directamente los intereses económicos y patrimoniales del Estado en su aspecto recaudatorio y protegen también otros bienes jurídicos de forma indirecta, como son la efectividad de los tributos, como elemento base del sistema fiscal, por lo que la disposición del artículo 81 reprocha a los contribuyentes que presenten sus declaraciones incumpliendo las leyes de cada impuesto. En la presente Litis, al determinarse inexactitud en la autoliquidación del impuesto sobre la renta (utilidades) de los periodos 2010, 2011 y 2012, por las sumas de ¢6.746.558,65, ¢2.899.930,38 y ¢9.404.283,50 respectivamente, se evidencia que estos montos representan la cuota de impuesto dejado de ingresar por parte del sujeto pasivo, lo que permite concluir que claramente se lesionó el bien jurídico tutelado, y por tanto, representa una acción antijurídica, al no respetarse las normas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento al momento de calcular, declarar y presentar el impuesto sobre las utilidades ante la Administración Pública. En relación con el elemento culpabilidad, éste representa el juicio de imputación personal a un individuo o a una organización que cometió un ilícito a través de la acción realizada, lo que supone el desacato del autor frente al derecho, menoscabando con la acción la confianza de los ciudadanos en la vigencia de las normas. Además, es importante dejar claro que la culpa solo podrá imputarse al infractor que ha actuado de forma culposa o negligente. En este caso el reproche de culpabilidad pretende valorar las conductas mostradas por el contribuyente [...], al determinarse las inexactitudes en el impuesto sobre las utilidades de los períodos 2010, 2011 y 2012, con ese fin necesariamente debemos referirnos a lo establecido por el derecho sancionador tributario costarricense en los artículos 71 y 72 del Código Tributario, los cuales se transcriben a continuación: “Artículo 71. Elemento subjetivo en las infracciones administrativas. Las infracciones administrativas son sancionables, incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios” “Artículo 72. Elemento subjetivo en las infracciones de las personas jurídicas y que constituyen unidad económica o patrimonio afectado. Los sujetos pasivos indicados en los incisos b) y c) del artículo 17 de este Código serán responsables en el tanto se compruebe que, dentro de su organización interna, se ha faltado al deber de cuidado que habría impedido la infracción sin necesidad de determinar las responsabilidades personales concretas de sus administradores, directores, albaceas, curadores, fiduciarios, y demás personas físicas involucradas y sin perjuicio de ellas”. (la negrita es del original) Como se puede observar, de las normas transcritas, en relación con los elementos que se vienen analizando, el contribuyente incumplió con el deber legal de declarar correctamente las cuotas tributarias establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento, quedando claramente identificadas las inexactitudes en el procedimiento determinativo, lo que conlleva al menos una conducta negligente por la falta al deber de cuidado del contribuyente, tal y como se contempla en los artículo 71 y 72 de cita. Y es que la culpa se le atribuye al contribuyente [...], por ser éste el único responsable ante el fisco de declarar oportunamente y de forma correcta sus declaraciones ante el fisco, por lo que, al determinarse inexactitudes en la declaración del impuesto sobre la renta de los periodos 2010, 2011 y 2012 – inexactitudes que se comprobaron en el procedimiento determinativo y fueron confirmado por parte del TFA – con ello se refleja al menos una negligencia por parte del contribuyente en cuanto a su responsabilidad tributaria. Aunado a lo anterior, en el expediente, no se evidencia ninguna causal de eximente de responsabilidad ni tampoco consta que el fiscalizado haya aportado un solo argumento que busque demostrar que actuó diligentemente a la hora de confeccionar y presentar su declaración impositiva del período auditado o que demuestre alguna justificación de peso que explique su actuación que aunque ilegal, se encuentre amparada a causas de exculpación que la liberen de la sanción impuesta y, es que la carga probatoria en este sentido, le corresponde al fiscalizado. Por lo anteriormente expuesto, queda demostrado indubitablemente que la conducta del contribuyente a todas luces es típica, antijurídica y culpable, cumpliendo con ello con la teoría del delito necesaria para establecer la sanción contra el contribuyente [...]. II.- Sobre la Calificación. La calificación inicial de la sanción se da por las inexactitudes encontradas, que consistieron en omisiones de ingresos para los tres periodos en estudio (2010, 2011 y 2012), ya que los montos declarados por el contribuyente son mucho menores a sus ingresos que constan en certificaciones de contador público. En dichas inexactitudes, según lo establecido en el artículo 71 del Código Tributario, se aprecia, al menos, negligencia en el cumplimiento del deber jurídico de ingresar, correcta y oportunamente, las cuotas tributarias establecidas legalmente, configurándose la infracción administrativa por inexactitud. Al existir inexactitudes debe procederse con su calificación, de acuerdo con lo regulado en los incisos 2 y 3 del artículo 81 reformado del código tributario, artículo que le es aplicable únicamente al periodo 2012. Es así que la infracción ha de calificarse como “grave” al tenor de lo preceptuado en el numeral ii del subinciso a) del inciso 3 del artículo 81 del Código tributario y en los artículos 174 y 175 RPT, por tratarse del supuesto de ocultación de datos a la Administración Tributaria, descrito así: “Se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria.” La conducta cometida por el fiscalizado, que provocan perjuicio al Estado y tiene incidencia en la calificación por parte de la Administración Tributaria como conducta grave es precisamente que en la declaración emitida por el contribuyente se omitieron ingresos, hecho comprobando y de conocimiento del contribuyente puesto que tanto la declaración presentada como las certificaciones emitidas por el contador público eran conocidas por el contribuyente y a pesar de que el monto de ingresos reflejado en las certificaciones de ingresos eran superiores al monto de ingresos declarado en su declaración de renta, la misma fue formalmente presentada con la inexactitud evidenciada. Tal y como la norma antes transcrita lo dispone, lo que conlleva a su calificación de grave, debiendo aplicar esta calificación de forma unitaria sobre la base final de la sanción, ello de conformidad con lo señalado en el inciso 2 del artículo 81 del Código tributario y en el inciso 5) del artículo 175 RPT. Ahora bien, pese a que el artículo 81, anterior a la reforma, aplicable a los periodos 2010 y 2011, no requería de una calificación por parte de la Administración, se aclara que le es aplicable el porcentaje más alto que dispone la norma legal vigente en ese momento; es decir el 75% al haberse determinado que existe ocultamiento de información verdadera. Lo que agrava la sanción, es precisamente que se logró demostrar que el contribuyente declaró sus impuestos con montos menores cuando, por otro lado, un contador público, con acceso a toda la información de los ingresos del contribuyente, certificó montos superiores para un trámite en el banco, lo que denota una conveniencia por parte del contribuyente a su favor al omitir información ante el fisco para pagar menos impuestos pero certificó sus ingresos reales para conseguir ganancias financieras ante una entidad bancaria, consiguiendo con ello una ventaja para sí pero un perjuicio para el fisco. III. Sobre la imposición de la sanción. Conforme a los hechos y fundamentos legales descritos se estima configurada la infracción administrativa establecida en el expresado artículo 81 del Código, anterior y posterior a la reforma legal, y, en consecuencia, procedente la aplicación de la sanción consistente en una multa del 75% para los periodos 2010 y 2011 y de un 100% para el periodo 2012, sobre el monto de la diferencia entre los impuestos liquidados en las determinaciones de oficio y los montos declarados en dichos periodos fiscales. Entonces, la multa asciende a un importe de ¢5.059.918,99 (cinco millones cincuenta y nueve mil novecientos dieciocho colones con noventa y nueve céntimos) para el periodo fiscal 2010; la suma de ¢2.174.947,79 (dos millones ciento setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete colones con setenta y nueve céntimos) para el periodo fiscal 2011 y la suma de ¢9.404.283,50 (nueve millones cuatrocientos cuatro mil doscientos ochenta y tres colones con cincuenta céntimos), según el siguiente detalle: Procedimiento de cálculo. Para el cálculo de la sanción se ha seguido el procedimiento que dispone el artículo 81 del Código Tributario y los artículos 171 y 173 RPT, según se detalla a continuación.

Base de la sanción Periodo 2010 Conceptos | Importes (colones) Importe liquidado en la determinación de oficio (véase línea 12 de Cuota tributaria correcta del “Cuadro de cuantificación de la base imponible y la cuota tributaria” visible a folio 15 del expediente sancionador) | ¢6.902.860,65 Menos: Importe autoliquidado en la declaración (véase línea 20 de Cuota tributaria declarada del “Cuadro de cuantificación de la base imponible y la cuota tributaria” visible a folio 15 del expediente sancionador) | ¢156.302,00 Base de la sanción (véase línea 21 de Cuota tributaria adicional del “Cuadro de cuantificación de la base imponible y la cuota tributaria” visible a folio 15 del expediente sancionador) | ¢6.746.558,65

Cálculo de la sanción: De conformidad con el séptimo párrafo del artículo 81 Código Tributario, anterior a la reforma de la Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, el cálculo es el siguiente:

Cálculo de la sanción correspondiente Conceptos | Importes (en colones, excepto porcentaje aplicable) Base final de la sanción (ver cuadro 2) | ¢6.746.558,65 Por porcentaje aplicable | 75% Sanción aplicable | ¢5.059.918,99

Base de la sanción Periodo 2011 Conceptos | Importes (colones) Importe liquidado en la determinación de oficio (véase línea 12 de Cuota tributaria correcta del “Cuadro de cuantificación de la base imponible y la cuota tributaria” visible a folio 16 del expediente sancionador) | ¢3.047.794.68 Menos: Importe autoliquidado en la declaración (véase línea 22 de Cuota tributaria declarada del “Cuadro de cuantificación de la base imponible y la cuota tributaria” visible a folio 16 del expediente sancionador) | ¢147.864,00 Base de la sanción (véase línea 23 de Cuota tributaria adicional del “Cuadro de cuantificación de la base imponible y la cuota tributaria” visible a folio 16 del expediente sancionador) | ¢2.899.930,38

Cálculo de la sanción: De conformidad con el séptimo párrafo del artículo 81 Código Tributario, anterior a la reforma de la Ley 9069 de 10 de setiembre de 2012, el cálculo es el siguiente:

Cálculo de la sanción correspondiente Conceptos | Importes (en colones, excepto porcentaje aplicable) Base final de la sanción (ver cuadro 2) | ¢2.899.930,38 Por porcentaje aplicable (primer párrafo del inciso 3 del artículo 81 del Código) | 75% Sanción aplicable | ¢2.174.947,79

Base de la sanción Periodo 2012 Conceptos | Importes (colones) Importe liquidado en la determinación de oficio (véase línea 12 de Cuota tributaria correcta del “Cuadro de cuantificación de la base imponible y la cuota tributaria” visible a folio 17 del expediente sancionador) | ¢9.610.933,50 Menos: Importe autoliquidado en la declaración (véase línea 13 de Cuota tributaria declarada del “Cuadro de cuantificación de la base imponible y la cuota tributaria” visible a folio 17 del expediente sancionador) | ¢206.650,00 Base de la sanción (véase línea 14 de Cuota tributaria adicional del “Cuadro de cuantificación de la base imponible y la cuota tributaria” visible a folio 17 del expediente sancionador) | ¢9.404.283.50

Cálculo de la sanción: De conformidad con el inciso 2 del artículo 81 del Código, el porcentaje de la sanción se ha de aplicar sobre la totalidad del importe de la base de la sanción, para obtener la multa respectiva. El cálculo es el siguiente:

Cálculo de la sanción correspondiente Conceptos | Importes (en colones, excepto porcentaje aplicable) Base final de la sanción (ver cuadro 2) | ¢9.404.283.50 Por porcentaje aplicable (primer párrafo del inciso 3 del artículo 81 del Código) | 100% Sanción aplicable | ¢9.404.283,50

...”. (Folios)