TFA-070-S-2024

NULIDAD. Que este Tribunal, como órgano contralor de legalidad de las actuaciones de la Administración Tributaria, y de conformidad con los artículos 176, 187 y 188 del Código Tributario, procede a analizar si las actuaciones de la Administración A quo se encuentran ajustadas a derecho y al mérito de los autos, y al respecto estima necesario tener presente que la declaratoria de nulidad, aun cuando se haga de oficio, es de carácter extraordinario y debe reservarse para aquellos casos en que se haya producido un serio quebranto al procedimiento o la violación de los derechos del contribuyente. Concretamente tratándose del procedimiento tributario, se ha establecido que la declaratoria de nulidad procede, cuando se está en presencia de lo establecido en el artículo 188 del Código Tributario que en forma similar al artículo 223 de la Ley General de Administración Pública (LGAP), dispone: “Sólo causará nulidad de lo actuado, la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento o la violación del ordenamiento jurídico. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión cause indefensión.”. En la instancia jurisdiccional, el Tribunal Contencioso Administrativo con respecto a las nulidades, ha manifestado: “…Además, para lo que interesa en la resolución de este asunto, es importante considerar el régimen de nulidad, en tal sentido el artículo 223 LGAP, establece que "Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales", entendiendo por tales aquellas "... cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión." Esta disposición es fundamental, en el sentido de que si no se demuestran las condiciones de sustancialidad referidas, esto es, que si no se observa que el administrado estuvo de manera real impedido de poder defenderse o que, aplicada la norma procesal infringida habría cambiado el resultado del proceso, no habrá nulidad…” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, No.03-2013 de las 11 horas del 11 de enero del 2013). Adicionalmente, la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo explica la nulidad de la siguiente manera: “…Para reclamar la nulidad -defecto absoluto- del acto viciado, el reclamante debe señalar el interés para reclamarlo y el perjuicio efectivo (manifestación que podrá prevenirse en caso de omisión). A la par de las afirmaciones anteriores es preciso señalar también que, por principio, los defectos absolutos no son sanables, pero su invalidez solo será declarable si se acredita el interés del reclamante y el correlativo perjuicio a sus intereses. La declaratoria de invalidez se circunscribe al acto concreto salvo que se trate de actos independientes en que deba considerarse el efecto "cascada", pues los actos se concatenan unos con otros, al punto de que no es posible su individualización total. La legislación no escapa a estos conceptos y por ello se han promulgado normas como las que disponen: "Cuando la ley prescribiere determinada forma sin pena de nulidad, el juez considerará válido el acto si realizado de otro modo alcanzó su finalidad" (Artículo 195 del Código Procesal Civil). En igual orientación se señala "Cuando se trate de nulidades absolutas (...) solo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales" (Artículo 197 del mismo Código). Ambas normas son una manifestación práctica del principio de conservación de los actos procesales, en virtud del cual lo realmente importante no es el origen del vicio procesal, sea este absoluto o relativo, sino que interesa más evaluar sus efectos reales en el proceso. El juez al decidir la exclusión de un acto o etapa procesal, no debe analizar los vicios en su origen, sino en sus efectos, determinando si tales yerros en el proceso han producido irreparable indefensión o no pueden ser subsanables. Por su parte Parajeles Vindas Gerardo, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil. Editorial Investigaciones Jurídicas, 2000, página 137 a 139, nos indica que los principios que rigen las nulidades procesales son los siguientes: a) Principio de legalidad o especificidad: no hay nulidad sin texto legal expreso, por lo que la regla general es la validez y la excepción la nulidad. Al respecto Giuseppe Chiovenda, en su libro Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial Pedagógica Iberoamericana, 1995, página 408, nos indica que "El legislador francés proclamó el principio de que ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo si la nulidad no está establecida formalmente por la ley. b) Principio de transparencia: No hay nulidad sin perjuicio, esto así porque el derecho procesal moderno no es formalista, para que exista nulidad no basta la sola infracción a la norma, sino que se produzca un perjuicio a la parte, indefensión, violación al debido proceso, por lo que el acto con vicios de forma es válido si alcanza los fines propuestos. c) Principio de la declaración judicial: No hay nulidad sin resolución que la declare, por lo que toda nulidad procesal tiene que ser objeto de declaración judicial. d) Principio de protección: El fundamento de la nulidad es para protegerse contra la indefensión. e) Principio de finalidad: No hay nulidad aunque el acto procesal tenga defectos si ha cumplido su fin, no procede la nulidad por la nulidad misma. …” (No.002-2015-IV de las 16 horas del 15 de enero del 2015). A mayor abundamiento, es importante señalar que con la reforma introducida al Código Tributario mediante Ley 9069 del 10 de setiembre del 2012, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, el legislador introdujo dentro del Título VI, el “Capítulo III, Garantías Procesales”, en donde estableció en su artículo 176 que el órgano administrativo competente de conocer en grado, de oficio o en virtud de recurso, declarará la nulidad del acto, prima facie, antes de conocer sobre el fondo, cuando exista una violación al procedimiento o a los derechos del contribuyente, lo que faculta a este Tribunal a pronunciarse al respecto. En este particular, este órgano colegiado reiteradamente se ha pronunciado en el sentido de que la nulidad por la nulidad misma no existe en el derecho procesal tributario, por cuanto se requiere la constatación de la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento o la violación del ordenamiento jurídico, entendiendo como sustancial, la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión cause indefensión. Asimismo, diversos órganos jurisdiccionales y administrativos, han señalado el carácter restrictivo de este instituto procesal. Así, de conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal en calidad de órgano contralor de legalidad de los actos de la Administración Tributaria, se aboca a analizar el procedimiento seguido en el caso de autos, a la luz de las evidencias y de los elementos de hecho y de derecho que constan en el expediente de mérito levantado al efecto, y conforme a la ley que norma la materia de análisis, en búsqueda de la verdad real de los hechos y conforme a los principios de seguridad jurídica y legalidad. En este sentido, este Tribunal advierte que la recurrente alega la existencia de vicios de nulidad, referidos a una solicitud de desinscripción como contribuyente del impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, por cuanto la gestionante alega que el valor del inmueble de su propiedad, matrícula de folio real [...], no supera el monto exento en dicho impuesto. (Folios 01 al 05). Sin embargo, como parte de sus argumentos, la contribuyente hace referencia insistentemente a un procedimiento sancionatorio y sus objeciones se dirigen en contra del ejercicio del poder punitivo de la Administración, lo cual es totalmente ajeno a las presentes diligencias. En este sentido, la apelante señala la violación a los principios de defensa, debido proceso y realidad económica, consignados en los artículos 11, 37, 41, 44 y 56 de la Constitución Política, y artículos 194 siguientes y concordantes del Código Procesal Civil, exponiendo reclamos de descargo en los apartados denominados: II- FUNDAMENTACION DE DERECHO. A-SOBRE HECHO PRIMERO. El análisis objetivo de hechos y prueba, indicando que todos y cada uno de los elementos probatorios prevenidos por la Administración Tributaria fueron cumplidos y mostrados, libros estados de cuenta cesiones, declaraciones de renta, y no fueron valoradas, ni prevenidos de existir duda razonable sobre alguno de ellos (folios 40 al 41); VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, ARTÍCULOS 39 Y 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, JURISPRUDENCIA DE ESA SALA CONSTITUCIONAL, CODIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: alegando que no se toman en cuenta aspectos probatorios, y que de ninguna forma se mencionan en la fundamentación de la resolución del traslado de cargos del proceso de cita, haciendo referencia a la potestad sancionatoria, alegando que en este caso no queda claro la norma infringida, la infracción, ni las pruebas, por lo que no existen bases y fundamentos, para dejar atribuida la conducta infringida, y si no hay pena no hay culpa; y que es discrecionalidad de la administración, aplicar o no una sanción, menos aún cuando no se determinó los deberes funcionales o normas que se infringió con el acervo probatorios que respalde su dicho (folios 42 al 44); D) FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL AJUSTE DE IMPUESTO DE LA RENTA PERIODO 2015: En este aparte, la administrada alega que la Administración Tributaria de Limón plantea “ajustes al impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2015” que adolecen de la suficiente y correcta motivación, a pesar de que no estamos ante diligencias de determinación de tales ajustes. No obstante, solicita la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo emitido, dado que a su criterio no está acorde con el bloque de legalidad, toda vez que carece de elementos esenciales, al realizar en forma antojadiza y arbitraria el ajuste en discrepancia, trayendo a colación el numeral 133 de la Ley General de la Administración Pública, referido al motivo que debe contener todo acto administrativo (folios 44 al 47): E) SOBRE EL IMPEDIMENTO Y EFICACIA DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS Y NO PREVENIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN EN LA CARGA PROBATORIA: En este extremo, la apelante insiste en la falta de análisis de las pruebas, aduciendo que no fueron analizadas objetivamente, y que la oficina A quo no tuvo duda razonable, toda vez que no se le previno ningún documento adicional, a efectos de aclarar algún concepto oscuro o impreciso en aras de verificar la verdad real de los hechos, haciendo referencia nuevamente a “comprobantes de pago del periodo fiscal en estudio” y a “los hechos del traslado de cargos”, lo cual no corresponde a la naturaleza de las presentes diligencias. (folios 48 al 49); F): VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA: la contribuyente transcribe el artículo 141 del Código Tributario, señalando además, que no tuvo acceso al expediente administrativo a pesar de que presentó solicitud de copia del expediente ante la Administración Tributaria de Limón, refiriéndose a un aumento en el impuesto y a la ponderación de los costos y así obtener el porcentaje de utilidad bruta sobre el costo de ventas ponderado de la actividad de 14,41105% y no de 9.60193% como lo declaró en renta del periodo 2015, ya que primeramente se trabaja sobre base NO cierta y se habla de renta, todo lo cual es una vez más, totalmente ajeno al procedimiento administrativo que consta en autos (folio 52). Así, de conformidad con lo expuesto, y producto del análisis del recurso de apelación presentado, esta Sala logra establecer que a pesar de que la contribuyente indica expresamente que el recurso de apelación interpuesto es contra la resolución ATSJO-GER-RES-ISO-1724-2019 supra citada, que es a la que se refiere el caso de autos, en la exposición de sus reclamos, la recurrente se refiere a diligencias y procedimientos que no son parte de la presente litis, debido a que tal y como se aprecia, los reproches expuestos, no corresponden a la naturaleza del presente caso, debido a que se logra inferir que muchos de ellos se refieren a aspectos de un procedimiento sancionatorio y a ajustes del Impuesto sobre la Renta del período fiscal 2015, producto de un procedimiento determinativo, por lo que su naturaleza es ajena a las presentes diligencias, y en consecuencia resultan improcedentes e inconducentes, y en esa medida se rechazan sin entrar a referirse concretamente a las alegaciones planteadas al respecto. Debe tener presente la contribuyente que como fundamento de su recurso, debe establecer y ponderar posibles yerros cometidos por la Administración Tributaria en la resolución que apela, relacionados con los factores aplicados a las características físicas del terreno, sus construcciones y conexos, así como demás características del inmueble que incidan en el valor determinado, y que permitan comprobar en forma fehaciente, contundente y pertinente, la procedencia de la petición planteada inicialmente, para ser desinscrita como contribuyente del impuesto solidario, motivo de discordia y que se discute en las presentes diligencias. No obstante, a pesar de que la contribuyente manifiesta en su escrito que existen vicios de nulidad en el presente procedimiento, por violación a su derecho de defensa, al debido proceso, y al principio de realidad económica, se logra comprobar que la incidentista no sustenta, ni motiva debidamente, como en derecho es requerido, las razones o circunstancias por las cuales considera que se presentan tales vicios de nulidad, ya que sus argumentos versan sobre un procedimiento sancionador ajeno a la gestión que se discute en autos, y a una supuesta determinación tributaria, que igualmente difiere de la naturaleza del presente procedimiento, y por tanto, tales argumentos resultan improcedentes para ser conocidos y valorados por este Despacho, en tanto los vicios aludidos no se encuentran debidamente fundamentados para ser atendidos en esta Instancia, por cuanto la naturaleza del presente procedimiento, tal y como se indicó, trata específicamente sobre la solicitud presentada por la petente, para su desinscripción del impuesto solidario, por considerar que la finca de su propiedad, se encuentra por debajo del umbral del monto exento para ser contribuyente de ese tributo. Al respecto, resulta oportuno aclararle a la contribuyente que las incidencias de nulidad deben ser debidamente indicadas, fundamentadas y razonadas en cuanto a los presupuestos que considera como agraviados, es decir, corresponde a la contribuyente indicar en forma clara y precisa en qué consiste el vicio que estima cometido y el perjuicio que le ocasiona, y el fundamento que tiene para alegarlo, señalando las normas y procedimientos que en su opinión se han quebrantado, ya que sólo así puede el juzgador dilucidar su procedencia; lo cual, sin embargo, no se aprecia en el caso concreto. En ese sentido, el Tribunal Contencioso ha indicado: “…El numeral 574 del Código Procesal Civil dispone que, en el acto de comparecer ante el superior, el apelante debe expresar agravios contra la resolución cuestionada. Expresar “agravios” significa poner de manifiesto los aspectos de la sentencia recurrida que aquél considera adversos a sus intereses, contrarios a derecho o al mérito de los autos. Por ende, el sentido de dicho alegato no es, en rigor, combatir los argumentos de la contraparte (pues eso ya se hizo en instancia), ni una reiteración de las argumentaciones que fundamentaron la demanda, sino combatir los argumentos de la sentencia; es decir, los del a quo. Conforme lo ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (véase las sentencias N° 195-2002 de las 16:15 horas del 20 de febrero del 2002 y Nº 00255 de las 10:45 horas del 4 de abril del 2008), el recurso delimita la competencia del tribunal de alzada, toda vez que en materia de impugnaciones rige el principio dispositivo. Es por iniciativa del interesado y a través de su ruego específico, que el Juez que dictó la resolución o su superior, según sea el tipo de recurso de que se trate, debe analizarla, a los efectos de determinar si se encuentra o no ajustada a derecho. Para llevar a cabo esa función contralora, es menester la exposición de motivos concretos de agravio, los cuáles delimitarán el examen de lo resuelto, no pudiendo el juzgador abarcar aspectos diversos a los reclamados. El Tribunal de alzada se restringe al estudio de los cargos sometidos y solo podrá conocer de los puntos objeto del recurso, no pudiendo verificar un examen oficioso de lo decidido por el Juez de instancia. Se requiere entonces que el apelante formule de manera diáfana y manifiesta las objeciones que tiene contra la resolución impugnada, estando obligado a explicar, clara y precisamente, en que radican los yerros cometidos por el a-quo, debiendo el recurso, en orden a esas exigencias, bastarse a sí mismo, en cuanto a su cabal entendimiento. En consecuencia, es exclusivamente desde esta óptica que se examinará el recurso de apelación formulado en ésta litis, omitiendo el análisis de las alegaciones referidas a cuestiones debatidas en primera instancia o bien de aquellas que constituyan una reiteración de argumentaciones, sin fundamentar las razones por las que considera la existencia de un yerro o la carencia de fundamentación fáctica o jurídica de la sentencia de instancia…” (El resaltado no es del texto original) (N°102-2013-II, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Sección Segunda, a las 8 horas con 50 minutos del 30 de abril de 2013, criterio confirmado mediante sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia N°659-A-S1-2013 de las 8 horas con 40 minutos del 4 de junio del 2013 y N°829-F-S1-2015 de las 14 horas con 25 minutos del 23 de julio del 2015). Ahora bien, con la promulgación del nuevo Código Procesal Civil, mediante Ley 9342, vigente a partir del 08 de octubre del 2018, se recogen disposiciones similares, al referirse en el artículo 65, a la impugnación, indicando al respecto: “…65.5 Motivación de la impugnación. La impugnación deberá contener, bajo pena de inadmisibilidad, las razones claras y precisas que ameritan la modificación o nulidad de lo resuelto y el ofrecimiento de las pruebas. Se expresarán primero los motivos de orden procesal y posteriormente los de fondo…” La lectura de la normativa citada permite establecer la vigencia del criterio indicado, en el sentido de que el recurrente, al formular su recurso de apelación ante este Tribunal, debe exponer expresa y ampliamente, las razones y argumentos en que sustenta sus objeciones contra la resolución que combate, a fin de que esta instancia superior pueda pronunciarse al respecto, limitada por los términos de su recurso. En tales condiciones, se evidencia en autos que al hacer referencia la contribuyente a actos de cargo y de descargo relacionados con un procedimiento sancionatorio, y un procedimiento determinativo, se evidencia que no guardan relación con las actuaciones emitidas por la Administración Tributaria en el presente expediente administrativo, tal y como se señaló, a pesar de que para el caso de autos, no resulta procedente que la administrada refiera a lo alegado en escritos o recursos presentados en otro expediente distinto al que nos ocupa en el presente asunto, y que versan sobre procedimientos sancionadores y determinativos que poseen una naturaleza y un sustento normativo totalmente disímiles al presente; de manera que los vicios aludidos no se encuentran debidamente fundamentados para ser conocidos en esta Instancia, por cuanto la naturaleza del presente procedimiento, tal y como se indicó, versa específicamente sobre la solicitud presentada por la petente, con respecto a su desinscripción como contribuyente del impuesto solidario. En consecuencia, teniendo claridad de la naturaleza del procedimiento que nos ocupa, en relación con la improcedencia de las incidencias de nulidad alegadas, se concluye que resultan inadecuadas para ser conocidas y valoradas por este Despacho, por cuanto de conformidad con la naturaleza del presente procedimiento, el acto que resultaba recurrible ante este Órgano de alzada, no corresponde con los argumentos y objeciones planteadas por la gestionante. Adicionalmente, este órgano de alzada estima que la oficina de origen ha actuado apegada al Principio de Legalidad y el acto administrativo dictado encuentra una justificación amparada al marco normativo vigente, sin que se haya causado una violación a las garantías de la contribuyente, ya que no se han observado vicios procedimentales que ameriten anular lo actuado, ni una carencia de elementos constitutivos del acto, o falta de fundamentación o motivación del mismo. En consecuencia, no se advierte la existencia de anomalías, ni ausencia de formalidades sustanciales, entendidas como aquellas cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, por lo que de acuerdo a las probanzas que constan en autos, no se verifica en la especie que lo actuado por la oficina de origen sea contrario a derecho, o que se haya apartado del ordenamiento jurídico, e igualmente no se demuestra que en las actuaciones realizadas por la oficina tributaria se hayan omitido formalidades sustanciales que le causaran indefensión a la contribuyente, o que su correcta realización hubiesen impedido o cambiado la decisión final, según lo expuesto en el artículo 188 del Código Tributario, por lo que la pretensión de nulidad aludida no resulta procedente ni de recibo para este Tribunal de alzada. -

Que este Tribunal se aboca a analizar el procedimiento seguido en el caso de autos, a la luz de las evidencias y de los elementos fácticos y jurídicos que constan en el expediente de mérito, y conforme a la ley que norma la materia bajo examen, y al efecto advierte que las presentes diligencias, tienen su origen en la oposición de la apelante, respecto a la respuesta brindada por la Administración Tributaria, contenida en la resolución ATSJO-GER-RES-ISO-1724-2019 del 05 de agosto del 2019, visible a folios 29 al 32 vuelto, que rechaza en todos sus extremos la solicitud planteada por la petente, para la desinscripción como contribuyente del impuesto solidario de la finca de su propiedad número [...], Horizontal F, derecho 000, correspondiente a la finca filial [...] destinada a apartamento habitacional ubicado en el sexto piso del Edificio [...], en Mata Redonda de San José, por cuanto se pudo comprobar que el inmueble bajo estudio, es sujeto de dicho impuesto para los períodos fiscales del 2016 al 2019 por superar el monto exento, de conformidad con lo instituido en la Ley 8683 denominada “Ley de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda”, según se pudo determinar mediante el avalúo efectuado, según visita de inspección realizada in situ, por los funcionarios tributarios en fecha 12 de junio del 2019 (folios 08 al 16), y así consignado en la ficha técnica de fecha 19 de julio del 2019 (folios 17 al 20), elaborados como parte del estudio realizado al inmueble por el Área de Valoraciones Tributarias de la Administración Tributaria de San José Oeste. Por su parte, la gestión inicial de la administrada, presentada en el 17 de enero del 2019, según lo establecido en el artículo 4 de la Resolución DGT-R-040-2011, refiere únicamente a que el inmueble de su propiedad posee un valor menor al gravado con el impuesto de cita, y para lo cual se limita a aportar como sustento, una impresión de la página del Ministerio de Hacienda, con la estimación de los montos correspondientes a la vivienda y construcción, y de áreas comunes, como ejercicio para la declaración del período fiscal 2019 (folios 01 al 05 vuelto). Ahora bien, con relación a los argumentos de defensa expuestos en el recurso de apelación interpuesto (folios 39 al 57), la contribuyente no efectúa señalamientos concretos respecto a la parte sustantiva, sino que, por el contrario, tal y como ha quedado debidamente demostrado en el Considerando anterior, la contribuyente se circunscribe a afirmar que existen supuestos vicios de nulidad del acto administrativo dictado en su contra, esgrimiendo como parte de sus alegatos, que en el presente caso a su criterio se presenta una violación al derecho de defensa, al debido proceso y al principio de realidad económica, pero sin fundamentar debidamente su tesis, ya que no sustenta, ni motiva como en derecho es requerido, los motivos o circunstancias por las cuales considera que se presentan dichos vicios de nulidad alegados con respecto al caso que se discute en la presente litis, sino que hace referencia actos y procedimientos administrativos diferentes a los que se discuten en las presentes diligencias. Según es posible apreciar, la contribuyente fundamenta su tesis de nulidad absoluta del acto administrativo corrido en su contra, haciendo referencia a extremos que no son parte de la presente litis, debido a que los argumentos reseñados en el libelo interpuesto, no corresponden a la naturaleza del presente procedimiento, toda vez que versan sobre un ajuste al Impuesto sobre la Renta del período fiscal 2015, respecto del cual alega que las pruebas no fueron debidamente valoradas por la Administración Tributaria, al igual que hace referencia a un proceso sancionatorio, ninguno de los cuales incide en el desarrollo y resolución del caso que se ventila en las presentes diligencias, por lo que tales argumentos deben ser rechazados por inconducentes e improcedentes, ya que poseen una naturaleza y un sustento normativo totalmente diferentes al presente procedimiento, que corresponde específicamente a la solicitud presentada por la petente, con respecto a su desinscripción del impuesto solidario, y no sobre procedimientos determinativos o sancionatorios. Cabe señalar, que no obstante lo anterior, la contribuyente adjunta como parte del recurso de apelación interpuesto, prueba documental que se encuentra visible a folios 56 a 57, correspondiente a un oficio de fecha 13 de setiembre del 2019, emitido por el Administrador del Condominio Torres del Parque, brindando datos y características del inmueble bajo estudio, según se analizará más adelante. Así bien, a efectos de atender la gestión planteada, la oficina tributaria requirió al Área de Valoraciones, un informe técnico respecto del inmueble propiedad de la administrada, el cual finalmente se sustentó en una visita de campo a la referida propiedad, en la que se verificó el estado del inmueble, sus edificaciones y conexos, determinándose que el mismo posee un valor total de ¢150.754.000,00 para el período 2019 y de ¢154.836.000,00 para el período 2016, sobrepasando los montos exentos de ¢131.000,000,00 y ¢126.000.000,00 respectivamente, establecidos en la normativa atinente a la materia según Ley 8683 de cita, donde se establece que el objeto del impuesto es gravar los bienes inmuebles de uso habitacional, cuyo valor de construcción supere el monto exento establecido. Al respecto, en su primer artículo, esa ley crea el tributo, indicando al respecto: “(…) Creación. Créase un impuesto directo a favor del Gobierno central, cuyo producto se destinará, exclusivamente, a financiar los programas públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna, para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Este impuesto recaerá sobre el valor de los bienes inmuebles de uso habitacional, que sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo; incluye tanto las instalaciones fijas como las permanentes (…)”. Asimismo, en el mismo cuerpo legal se establece como hecho generador del impuesto, lo siguiente: “(...) Artículo 2.- Hecho generador. El hecho generador del impuesto es la propiedad o titularidad de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble de uso habitacional, al primero de enero de cada año, ubicado en el territorio nacional y utilizado en forma habitual ocasional o de recreo, tanto las instalaciones fijas como las permanentes. Para los efectos de este artículo, el territorio nacional se entenderá de conformidad con la definición contenida en la Constitución Política. (...)”. En esta forma, se dispone que esa vocación habitacional puede ser a su vez, tanto habitual como ocasional, o incluso de recreo. Por su parte, el artículo 3 define al sujeto pasivo de la obligación, señalando: “Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, los propietarios o titulares de derechos sobre los bienes indicados en el artículo 2 de esta Ley, así como los concesionarios, los permisionarios y los ocupantes de la franja fronteriza de la zona marítimo-terrestre o de cualquier otro inmueble otorgado por el Estado o sus instituciones (…)”. Asimismo, el artículo 20 del Reglamento de la Ley de cita, indica que: “(...) Los sujetos pasivos señalados en el artículo 3 de la Ley, serán los responsables del pago del impuesto y sus recargos (...)”. En caso de traspaso de la propiedad del bien inmueble, el nuevo propietario será responsable solidario del pago del impuesto del período fiscal vigente a la fecha de adquisición, así como de los intereses correspondientes (...)”. Cabe destacar que el impuesto solidario es administrado por el Ministerio de Hacienda, constituyéndose la Dirección General de Tributación en el órgano responsable de su administración, gestión, recaudación y fiscalización. Asimismo, la Ley 8683 y su Reglamento, establecen en sus numerales 15 y 16, respectivamente, que la Administración Tributaria remitirá anualmente a las municipalidades de los cantones del país, la información de los valores declarados por los sujetos pasivos en las declaraciones del impuesto solidario, la cual servirá como valor de referencia, para efectos de ser considerada como una modificación automática del valor de los inmuebles, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 7509. De esta forma, para casos como el que se discute en la especie, debe tenerse presente que el artículo 235, siguientes y concordantes del Reglamento de Procedimiento Tributario disponen respecto de la valoración tributaria de bienes, que corresponde a los órganos de valoración competentes establecer la base imponible sobre un concepto de "valor" a través de un procedimiento de valoración, cuando así se disponga por ley, ya sea por petición de un órgano de la Administración Tributaria o del obligado tributario, en aquellos impuestos en los que la ley así lo establece; a los cuales a su vez, les corresponde emitir el informe técnico para efectos de los procedimientos de devolución o desinscripción en los diversos impuestos que corresponda, constituyéndose este último supuesto en el objeto del presente asunto. De esta forma, conforme a la normativa que regula este Tributo, la a quo rechaza la solicitud de desinscripción del impuesto solidario planteada por la petente, señalando que producto del avalúo efectuado en el inmueble bajo estudio, se obtuvieron los siguientes resultados: “(…) Que mediante oficio ATSJO-AVT-034-2019 de fecha 19 de julio del presente año, el Área de Valoraciones Tributarias de la Administración Tributaria de San José Oeste, remite reporte e informe técnico del Avalúo No.ATSJO-EXP-082-19-IS0, correspondiente al expediente 2019-ATSJO-P-046, en los cuales se concluyó: “Basado en la información suministrada y la visita de inspección, se determinó que el apartamento se tipifica como AP04, con un área privada de 190,00 m2, se le suman el parqueo tipificado EP01 con un área de 33,00 m2 y la bodega tipificada AP02 con un área de 4,00 m2, además se le adiciona el área de zonas comunes con su porcentual de copropiedad, todos ellos con 11 años de edad para el período 2019 con un valor total de construcción de ¢132.153.000 y ya que supera el monto exento para el periodo fiscal 2019 (¢131.000.000) se le adiciona el valor de terreno común de ¢18.601.230 el cual resulta un total de ¢150.754.000 para el periodo 2019. Por otro lado, el apartamento tiene 8 años de edad para el periodo fiscal 2016 con un valor total de construcción de ¢136.235.000, y ya que supera el monto exento para el periodo fiscal 2016 (¢126.000.000) se le adiciona el valor de terreno común de ¢18.601.230 el cual resulta un total de ¢154.836.000 para el periodo 2016. Se concluye que la unidad habitacional conformada por las filiales [...], [...]y [...], propiedad de [...] S.A., cédula jurídica [...], es sujeto de pago del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda en el periodo fiscal 2016 y 2019 por superar el monto exento de pago del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda.” (Folios 8-20)”, (folio 29 vuelto). A los efectos, se verifica en autos que el informe técnico emitido por la Oficina de Valoraciones, utilizó los parámetros establecidos por la Dirección General de Tributación, respecto de cada tipo de construcción, instalación y obra complementaria, y el valor del terreno de conformidad con el plano de valores de terrenos por zonas homogéneas del cantón de San José. Conteste con lo anterior, esta Sala logra establecer que el informe técnico que sustenta el acto recurrido, refiere de forma individual para cada una de las construcciones que posee el inmueble propiedad de la recurrente y las áreas comunes, estableciendo el código para cada una de ellas, a saber: vivienda “AP04”, parqueo “EP01”, área de bodega “AP02”, y que precisamente determinan sus características, su vida útil, edad, área, su estado, así como el valor total y unitario de cada una de esas construcciones incluidas (folios 14 y 15). Asimismo, constan los elementos de verificación de las características del terreno, consulta por número de finca, ficha de valoración que contiene los datos registrales, tipología constructiva de conformidad con los parámetros establecidos (código alfanumérico que agrupa tipo de construcción de acuerdo con sus características arquitectónicas y de funcionalidad de uso), dimensiones y características del lote, así como los servicios con los que cuenta, el tipo de vía, la regularidad del terreno y su ubicación, entre otros (folio 16). De esta forma, se verifica que en el referido informe técnico, la valoración de la base imponible es producto de la asignación del valor por metro cuadrado de terreno, la cual encuentra asidero en los mapas de valores de terrenos por zonas homogéneas del Cantón de San José, debidamente aprobados por la Municipalidad de la localidad y para el distrito en que se ubica el inmueble, la cual para el caso de autos corresponde a la zona homogénea 101-08-U01, aplicándole los factores de corrección de la herramienta de cálculo, quedando debidamente demostrado que el avalúo efectuado fue elaborado en estricto apego a la normativa vigente, y a las características propias del inmueble, por lo que el accionar de la Administración A quo no corresponde a la aplicación antojadiza o arbitraria del procedimiento de valoración de la finca objeto del presente asunto, sino a la técnica de valoraciones establecida en el marco jurídico referido, dado que la realización de una valoración como la que nos ocupa, no se puede dejar bajo criterios subjetivos, sino que debe regirse por criterios técnicos objetivos e imparciales, por lo que de previo se establecen una serie de parámetros generales y uniformes a los cuales deben ajustarse tales valoraciones. Así, se determinó que el inmueble bajo examen posee un valor total de ¢150.754.000,00 para el período 2019 y de ¢154.836.000,00 para el período 2016, sobrepasando los montos exentos de ¢131.000,000,00 y ¢126.000.000,00 respectivamente, establecidos en la normativa atinente a la materia según Ley 8683 de referencia citada, sin que la apelante haya logrado desvirtuar los elementos de valoración utilizados ni los parámetros aplicados en este caso. Téngase presente que la utilización de la herramienta tecnológica dispuesta a efectos del cálculo de valores del impuesto solidario, no es de consulta y referencia exclusiva de la Administración Tributaria, sino que se encuentra disponible precisamente para uso de los propios administrados, posibilitando que puedan conocer el valor por metro cuadrado del terreno, de acuerdo con la zona homogénea en que se localiza el inmueble de su propiedad; y permitiendo al usuario determinar el valor de las construcciones, dado que para establecer el valor de los bienes grabados por el impuesto solidario, los artículos 4 y 10 de la Ley 8683, disponen la obligación de utilizar los parámetros de valoración dispuestos por la Dirección General de Tributación, que se indican en el Manual de Valores Base Unitario por Tipología Constructiva, para el caso de las construcciones e instalaciones y los Modelos de Valoración para los terrenos. Este Manual contiene una descripción detallada de cada tipo de construcción, instalación y obra complementaria con respecto a sus componentes, vida útil y valores, asociando a cada tipo un código alfanumérico y un valor por metro, metro cuadrado, metro cúbico o por unidad según sea el caso, además algunos valores asociados a las obras como equipo y actividades. Para tales efectos, la herramienta de cálculo se encuentra disponible en el portal del Ministerio de Hacienda, como un servicio que brinda la Dirección General de Tributación, para aquellas personas que requieran estimar el valor de los terrenos y de las construcciones e instalaciones fijas y permanentes, a efectos del impuesto solidario; y como tal podía ser consultada por la interesada, tal y como en efecto lo hizo (folios 05 al 06), a fin de conocer el valor del inmueble de su propiedad, con base en los parámetros legalmente establecidos, sea el Manual de Valores Base Unitario por Tipología Constructiva y en los mapas y matrices de valores por zonas homogéneas para la valoración de los terrenos; tal y como se estableció en el informe técnico que da sustento al acto recurrido en la especie. De conformidad con las consideraciones precedentes, este órgano de alzada verifica que la oficina de origen ha actuado apegada al principio de legalidad y que cada uno de los elementos del avalúo encuentra una justificación amparada al marco normativo vigente; además, de que el propio informe es explícito al contener los datos de referencia empleados, y que se encuentran consignados en el formato y codificación que para este tipo de valoraciones se utiliza. En este particular, debe tenerse presente que por el principio de legalidad administrativa consagrado en los artículos 11 constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública, todo acto administrativo debe someterse al ordenamiento jurídico, pudiendo realizar la Administración, únicamente aquellos actos autorizados por ley o norma expresa, estándole vedado aquellos actos no contemplados en el ordenamiento jurídico. Asimismo, de conformidad con los artículos de cita, los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, por lo que están obligados a cumplir con los deberes que la Ley y el ordenamiento jurídico les impone, y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella, lo cual ha quedado en evidencia en el caso de marras, ya que el actuar de la oficina de origen en la ejecución del procedimiento llevado a cabo, se ha hecho en forma técnica y en estricto apego a la normativa establecida. Adicionalmente, la Administración Tributaria se encuentra regida entre otros, por el artículo 16 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, según el cual en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, razón por la cual se establecen previamente una serie de parámetros técnicos generales y uniformes a los cuales deben ajustarse las valoraciones que nos ocupan, de conformidad con los valores base de terreno y en los mapas y matrices de valores por zonas homogéneas para la valoración de los terrenos. Así las cosas, queda claro entonces que la realización tanto del avalúo como del informe técnico que sustenta el acto administrativo recurrido, se ajustan a tales parámetros, ya que se realiza una ponderación de todos los factores que pueden repercutir en la valoración del inmueble, es decir, se siguieron los lineamientos establecidos a efectos de establecer el valor real del terreno y de sus construcciones. Así bien, conforme a las consideraciones expuestas, se determina que el proceder de la Administración Tributaria en todo momento ha estado apegado al bloque de legalidad que le corresponde, ya que al realizar el análisis del expediente levantado al efecto, se observa que constan en autos los elementos de juicio empleados por la oficina de origen al realizar el informe técnico cuya metodología se encuentra debidamente explicada en el propio documento (folios 17 al 20), sin que la apelante combata en forma técnica y fundamentada los factores aplicados a las características físicas del terreno y construcción que le fueron comunicados, sino que por el contrario, los argumentos de la defensa presentada por la recurrente, tal y como se señaló supra, están referidos a aspectos que son propios de un procedimiento sancionatorio, y no a las diligencias que nos ocupan en autos, por lo que no son de recibo. Ahora bien, con respecto a la prueba documental aportada como parte del recurso de apelación interpuesto, y que se encuentra visible a folios 56 al 57, la misma tampoco es procedente, debido a que corresponde a un oficio de fecha 13 de setiembre del 2019, emitido por el Administrador del Condominio Torres del Parque, brindando datos y características del inmueble bajo estudio, el cual no corresponde a un informe técnico debidamente acreditado y emitido por un experto en la materia, como es el perito valuador, además de que la administrada no aporta la evidencia que corrobore los datos indicados en ese oficio, ni combate técnicamente los factores aplicados a las características físicas del terreno y de las construcciones, con respecto a los valores del inmueble. No debe perderse de vista que estamos ante una valoración sobre las características propias de un inmueble, las cuales para ser objeto de estimación, requieren de estudios especializados y técnicos realizados por un profesional experto en la materia debidamente acreditado, para lo cual la contribuyente tiene la posibilidad de acudir a la Administración Tributaria en busca de la información correspondiente a fin de poder ejercer en forma cabal la defensa de sus derechos e igualmente contar con la asesoría de un profesional en valoración que interprete el alcance y contenido del acto administrativo cuestionado, para lo cual la normativa concede plazos amplios para la interposición de la fase recursiva pertinente. En este orden de ideas, los informes técnicos elaborados al respecto están encaminados a fijar un valor acorde con las circunstancias específicas del sector, ubicación y características del inmueble. A tenor de lo anterior, la información de respaldo del acto administrativo en discusión, siempre ha estado a disposición de la contribuyente, por lo que si la apelante no estaba conforme con la actuación desarrollada, pudo aportar las pruebas idóneas que demostraran que los factores empleados en la valoración fueron erróneamente considerados, elementos que extraña este Despacho en el expediente de mérito; toda vez que no consta en autos que de manera diáfana y manifiesta la recurrente presentara las objeciones que tiene contra los factores aplicados a las características físicas del terreno, sus construcciones y conexos, explicando en forma clara y precisa, en qué radican los yerros cometidos por la Administración Tributaria al determinar el valor del inmueble, para lo cual debía el recurso en orden a esas exigencias, bastarse a sí mismo en cuanto a su cabal entendimiento, en donde por el procedimiento particular que conlleva la valoración de los inmuebles y la aplicación de los factores utilizados en dicha valoración, el sujeto pasivo debe necesariamente ajustarse a los lineamientos anteriores, lo cual no se observa en el caso de mérito. De esta forma, es criterio de este Tribunal que el acto administrativo recurrido cuenta con una exposición de motivos claros y precisos, que evidencian que el procedimiento seguido ha resguardado no solo el derecho de defensa de la administrada, sino también el debido proceso, dando cabal fundamento a lo resuelto y motivando debidamente el acto emitido. Así, esta Sala estima que en el caso de mérito, la Administración Tributaria ha aplicado correctamente las normas que rigen la materia, así como los criterios técnicos de valoración establecidos al efecto, y de esta manera ha fijado el valor del inmueble bajo estudio, por la suma total de ¢150.754.000,00 para el período 2019 y de ¢154.836.000,00 para el período 2016, sobrepasando los montos exentos de ¢131.000,000,00 y ¢126.000.000,00 respectivamente, sin que la contribuyente haya aportado prueba o defensa válida y legal que desvirtúe la valoración realizada, y que determinara la procedencia de la desinscripción requerida. En consecuencia, el monto establecido por parte de la oficina de origen refleja individualmente la particularidad del valor de las construcciones, el valor del terreno respecto del inmueble en cuestión, y demás áreas conexas, por lo que se estima que la contribuyente, al no presentar argumentos de fondo valederos, no ha logrado desacreditar las actuaciones recurridas, por lo que lleva razón la dependencia tributaria al denegar la solicitud de desinscripción pretendida por la gestionante, en razón de que el valor que posee el inmueble de su propiedad, supera el mínimo exento establecido a los efectos. En tales condiciones, lo procedente es rechazar el recurso de apelación incoado y confirmar en todos sus extremos la resolución ATSJO-GER-RES-ISO-1724-2019 del 05 de agosto del 2019, que deniega la solicitud de desinscripción de la contribuyente del impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda. -