TFA-070-S-2025

FONDO DEL RECURSO. Que abocado este Tribunal al estudio y análisis del expediente al que se contraen las presentes diligencias, procede a conocer el recurso de apelación interpuesto donde la apelante alega que no es merecedora de la sanción impuesta del cierre de negocio, por el efecto de la pandemia vivida por el COVID 19, por lo que la Administración Tributaria debe tener en cuenta que el Estado tiene que velar por derechos jurídicos tutelados, como el de la vida, el derecho a alimentarse, entre otros, y que son derechos humanos que prevalecen sobre cualquier precepto constitucional. Además, alega el respeto al Principio de Defensa y el artículo 71 del Código Tributario en torno al elemento subjetivo en las infracciones administrativas, respecto al principio de culpabilidad, por lo que en su criterio no se puede aplicar la responsabilidad objetiva en esta materia. Asimismo, considera que en este caso son de aplicación los principios propios del Derecho Penal, tales como el de culpabilidad, proporcionalidad y presunción de inocencia, dentro del ámbito del Derecho Sancionador Tributario regulado en los artículos 70 y siguientes del CNPT. Al respecto es preciso traer a colación la normativa de la cual emerge la sanción que nos ocupa, referente a la sanción de cierre de negocios por infracción al artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que en su párrafo sétimo establece: “…La sanción de cierre de negocio se aplicará según el procedimiento ordenado en el artículo 150 de este Código…”. Por su parte el artículo 150, señala respecto al procedimiento a seguir en estos casos que: “El expediente sancionador, tratándose de las infracciones administrativas tributarias de los deberes formales, así como de las establecidas por los artículos 80 y 80 bis de este Código, se iniciará mediante una propuesta motivada de los funcionarios de la Administración Tributaria, cuando en las actas o las diligencias consten las acciones o las omisiones constitutivas de infracciones administrativas …”. Por su parte el Decreto Ejecutivo N°38277-H, Reglamento de Procedimiento Tributario, se refiere a las infracciones administrativas sancionadas con el cierre del negocio del contribuyente, indicando: “Artículo 254.- Configuración de la infracción de cierre de negocios por la no presentación de declaraciones. Se configura la infracción por la no presentación de declaraciones habiendo sido requerido el obligado tributario para presentar las declaraciones omitidas, éste incumpla con la obligación de presentarlas dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del requerimiento respectivo, conferido para tal efecto. En el requerimiento se debe advertir que en caso de incumplimiento se iniciará el procedimiento para imponer la sanción de cierre de negocio, con indicación del fundamento legal correspondiente.” “Artículo 256.- Efectos del cierre de negocio. El cierre de negocios tendrá los siguientes efectos: 1) …2) Cuando se configure la infracción de cierre de negocios por la no presentación de declaraciones o por falta de ingreso de los tributos percibidos, retenidos o cobrados la orden de cierre recae sobre todos los establecimientos de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la actividad o el oficio de los obligados tributarios.”. Seguidamente los cánones 257 (resolución sancionatoria), 258 (órgano competente) y 259 (recursos) establecen por su orden, que una vez recibida la propuesta motivada, dentro de los cinco días siguientes -plazo ordenatorio- se dicta la resolución que ordena el cierre del negocio y se notifica, resolución que emite el Gerente de la Administración Tributaria que tiene dentro de su jurisdicción el negocio, y en su contra cabe recurso horizontal que debe conocer dicho funcionario y/o vertical de resolución por parte de este Tribunal. Así, en cuanto a la sanción de cierre de negocios contemplada en el artículo 86 del Código Tributario, el legislador tipificó y facultó a la Administración Tributaria para proceder al cierre de negocio por cinco días naturales del establecimiento de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la actividad u oficio de los sujetos pasivos, cuando el obligado tributario incurra en las siguientes conductas: 1) La reincidencia de no emisión de facturas o comprobantes debidamente autorizados por la Administración Tributario o no entrega al cliente en el acto de compra, venta o prestación del servicio. Esta reincidencia debe darse dentro del plazo de prescripción y el cierre de negocio se efectuará en el tanto de previo exista resolución firme bien sea de la Administración Tributaria o de este Tribunal que impone la sanción prevista en el numeral 85 del Código Tributario; y 2) Que previamente requerido al sujeto pasivo para que presente las declaraciones que hayan omitido o ingresen las sumas que hayan retenido, percibido o cobrado, en este último caso, cuando se trate de contribuyentes en el Impuesto al Valor Agregado (antes Impuesto General sobre las Ventas) o del Selectivo de Consumo, no lo hagan dentro del plazo concedido al efecto. Como puede observarse, la infracción establecida en el párrafo tercero del artículo 86 del Código Tributario, requiere un hecho complejo que consiste en primer término, en la no presentación de las declaraciones autoliquidativas o no ingresar las sumas que percibió o cobró por concepto del tributo; y segundo, el incumplimiento del requerimiento realizado por la Administración para subsanar las omisiones en la presentación o el pago indicados. Por ello, la simple omisión en la presentación de la declaración o en el no pago del impuesto respectivo, no configura la sanción, sino que se requiere además la desatención al requerimiento previo para presentarlas o ingresar las sumas al erario público en el plazo establecido. Adicionalmente, debe tenerse presente que nos encontramos ante una sanción que no admite graduaciones o atenuaciones, por lo que una vez determinada la comisión de la infracción y la responsabilidad del particular, lo procedente es la imposición de la sanción prevista en la norma, como medida disuasoria para evitar el incumplimiento en el pago de las sumas adeudadas por los contribuyentes en los plazos definidos para ello, a fin de que el Estado pueda disponer de estos recursos oportunamente, para cumplir con las obligaciones públicas que le han sido encomendadas; ya que en estos casos, la infracción se perfecciona a partir del momento en que venció el plazo otorgado en ese requerimiento para presentar la declaración tributaria, donde se le otorgó un plazo adicional de 10 días para hacerlo, a pesar de lo cual persistió en el incumplimiento. En estos casos, para que la imposición de la sanción proceda es preciso que la Administración Tributaria lleve a cabo un procedimiento debidamente reglado donde la contribuyente cuente con todas las garantías del debido proceso y las oportunidades de defensa, por cuanto el ejercicio de la potestad punitiva del Estado no responde a un ejercicio automático. Así, en el caso que nos ocupa, es posible constatar que de previo a imponer la sanción pretendida por la a quo, la interesada ha tenido la oportunidad de conocer los cargos corridos en su contra mediante la comunicación del requerimiento de pago No. 1941000895032 notificado el 07 de junio del 2021 (folios 05 a 09), y posteriormente se le notifica el 03 de agosto siguiente la propuesta motivada ATSJO-SCE-PROPUESTA MOTIVADA-1783-2021, donde se le otorga un plazo de diez días hábiles para presentar alegatos y pruebas que considere pertinentes, a efectos de garantizar el debido respeto a los derechos y garantías del contribuyente, y otorgándole las oportunidades de defensa que prevé el procedimiento dispuesto al efecto, de previo a la imposición de la sanción. Seguidamente, en vista de su incumplimiento, la Administración Tributaria emite la resolución sancionadora ATSJO-GER-SCE-RES-2206-2021 notificada el 17 de setiembre del 2021, iniciando con esta notificación la fase recursiva, lo que genera que la contribuyente haga ejercicio de su derecho de defensa interponiendo los alegatos que estimara convenientes, incluido el presente recurso de apelación que se está conociendo en esta instancia. Así, el presente procedimiento sancionador tiene por objeto determinar la procedencia de la sanción de cierre de negocios que pretende imponer la Administración Tributaria, como consecuencia del incumplimiento de la obligada al omitir presentar la declaración tributaria en el plazo establecido en el requerimiento de declaraciones efectuado por la oficina A quo, que en este caso corresponde al impuesto sobre el valor agregado del periodo de febrero 2021, en el cual se advirtió a la recurrente que si no se presentaba dicha declaración en el plazo concedido a los efectos, se exponía a la sanción correspondiente de cierre de negocios (archivo electrónico 006); por lo que la contribuyente tenía pleno conocimiento de las consecuencias que podría acarrearle al no presentar la declaración requerida, a pesar de lo cual optó por no atender sus obligaciones formales de forma oportuna. Así bien, en apego al principio de legalidad y en observancia del debido proceso, de previo a imponer una sanción producto de una infracción administrativa, la Administración Tributaria debe cumplir con el respectivo procedimiento administrativo en el cual garantice el derecho de contradicción y de defensa establecidos en el artículo 148 del Código Tributario, y en el que se acredite irrefutablemente que el contribuyente incurrió en el incumplimiento que se le atribuye, de tal forma, que se haga merecedor de la sanción que se le impone; todo lo cual supone que debe determinarse que la conducta objeto de examen es típica, antijurídica y culpable, por cuanto el ejercicio sancionatorio y la consecuente imposición de la sanción de cierre de negocio, no es automática, sino que debe seguirse un procedimiento administrativo en donde el particular goce de todas las garantías del debido proceso y tenga las oportunidades de ejercer su derecho de defensa. Así, para el caso concreto se observa que en cuanto al examen de Tipicidad, que implica establecer si la conducta del recurrente encuadra dentro de los elementos objetivos y subjetivos que sirven de base a la infracción que da origen a la sanción de cierre de negocios, ha quedado demostrado en autos que la obligada tributaria ha incurrido en el incumplimiento que tipifica el artículo 86 de cita, al omitir presentar la declaración del impuesto sobre el Valor Agregado del período febrero 2021 (folios 006 a 009) dentro del plazo legalmente establecido al efecto; debiendo la A quo solicitar la presentación respectiva mediante el Requerimiento de declaraciones No.1941000895032 del 07 de junio del 2021, notificado el mismo día, donde le concede a la contribuyente un plazo de diez días hábiles siguientes a su notificación, para que presente la declaración omitida (folios 05 a 09), incumpliendo la recurrente también con este plazo adicional, todo lo cual configura la conducta tipificada en el párrafo tercero del artículo 86 del Código Tributario, según se encuentra debidamente establecido en la resolución sancionadora y la resolución que atiende el recurso de revocatoria. Desde esta perspectiva, se tiene por demostrado que la Administración Tributaria efectuó el examen de tipicidad en tanto determina fehacientemente que la inconforme incurrió en la conducta que tipifica el párrafo tercero del numeral 86 del Código Tributario, configurándose así el elemento objetivo de la infracción y ante la constatación por parte de la Administración Tributaria de que la conducta reprochada se ha materializado, resulta legal y válido imponer la sanción de mérito incluso ante conductas simplemente culposas, es decir, a pesar de que no haya mediado dolo, sino negligencia. Al respecto, como bien ha analizado la A Quo, el artículo 71 del Código Tributario señala que las infracciones administrativas son sancionables incluso a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de los deberes tributarios, como en este caso donde ha actuado al menos con culpa propia, o bien con responsabilidad in eligendo, culpa que se le atribuye al contribuyente si no elige a la persona idónea para que ocupe el cargo y que aun tomando todas las previsiones el resultado sea producto por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ajeno a su voluntad, situación que no acontece en el caso de autos. Por esta razón, considera esta Sala que la Administración Tributaria a lo largo del procedimiento seguido, ha logrado acreditar y ponderar correctamente la conducta infractora del contribuyente al no presentar las declaraciones de los periodos citados, en el plazo adicional concedido a los efectos, determinando que su conducta se identifica con la omisión del cuidado y de la atención que debe guardar una persona al ejecutar un hecho con el que se puede perjudicar a otro, y en este caso el perjuicio se le causa a la Hacienda Pública, por medio de acciones u omisiones, las cuales vienen a impedir u obstaculizar la función fiscalizadora de la Administración sin justificación válida alguna, incurriendo así en una conducta negligente, toda vez que en el tipo culposo se representa una acción caracterizada por la falta de cuidado en la actuación, donde, aunque no exista un interés directo de lesionar el bien jurídico tutelado, el menoscabo se produce ante la negligencia o falta al deber de cuidado por parte del contribuyente. De esta forma a folio 025 del expediente la A quo ha acreditado la concurrencia del elemento subjetivo del tipo aplicado, por cuanto la recurrente no tuvo el cuidado necesario de cumplir con su deber de presentar las declaraciones en el plazo legalmente establecido y menos aún en el plazo adicional otorgado en el requerimiento efectuado, lo que originó precisamente la conducta infractora objeto del presente procedimiento. Al respecto, esta Sala coincide con el criterio seguido por la a quo, considerando que en casos como el presente, es indudable que el hecho irregular tipificado en el artículo 86 párrafo tercero del Código Tributario, que conlleva en este caso, la no presentación de declaraciones, sólo es posible que se genere por la actuación propia del contribuyente, tomando en cuenta que en nuestro sistema de impuestos rige el principio legal de autodeterminación, autoliquidación y pago de los tributos en los plazos, condiciones y términos que las distintas leyes tributarias disponen, según se ha indicado. De esta forma, teniéndose por ocurrida la realización del tipo infraccional, corresponde verificar la Antijuridicidad de la conducta, determinándose en el caso de autos que la A quo igualmente acreditó (ver folio 025 vuelto del expediente), que la conducta de la contribuyente es contraria al ordenamiento jurídico y por ende justifica la aplicación de la sanción al existir una lesión al bien jurídico tutelado, considerando la A quo que la conducta del contribuyente encuadra en la falta que tipifica el párrafo tercero del numeral 86 del Código Tributario, atendiendo así de esta manera la antijuridicidad formal, en tanto se ha vulnerado el ordenamiento jurídico vinculado con los fines de la Administración, por una conducta contraria a derecho. Así en cuanto a la antijuridicidad material, la resolución sancionadora analiza de manera concreta y circunstanciada, la manera en que la conducta atribuida al contribuyente lesiona el bien jurídico tutelado, al no haberse presentado la declaración del impuesto al valor agregado del periodo fiscal febrero 2021 en el momento legalmente establecido ni en el plazo otorgado en el requerimiento de declaraciones No. 1941000895032, vulnerando el bien jurídico tutelado, sea la gestión, fiscalización y recaudo de los impuestos, toda vez que la presentación de este tipo de declaraciones constituye un instrumento jurídico que tiene la Administración Tributaria, para gestionar, administrar, fiscalizar y recaudar oportunamente los ingresos tributarios, los cuales tienen fundamento en los artículos 18 de la Constitución Política y 99 y siguientes del Código Tributario (folio 25 vuelto). Así, se evidencia que la afectación al bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico, sea la administración, fiscalización y recaudación oportuna de los tributos, de acuerdo con el artículo 99 y siguientes del Código Tributario, es razonable y proporcional a la sanción que se impone. En este sentido, cabe citar lo indicado por la Sala Constitucional sobre la antijuridicidad como presupuesto para la imposición de la sanción que nos ocupa considerando que: “…El cierre de negocios como sanción administrativa nace para proteger bienes jurídicos de máxima relevancia y trascendencia social, tutelados en los artículos 18 y 50 de nuestra Constitución Política. En términos generales busca la protección de la actividad financiera como sistema de recaudación y de la política fiscal para la aplicación de los recursos de acuerdo a los mejores criterios de justicia y equidad. En términos específicos, busca tutelar las funciones de fiscalización y recaudación” de la administración tributaria con fines recaudatorios. Lo tutelado son las funciones de fiscalización y verificación, con la finalidad de proteger el sistema tributario como fuente fundamental de recursos para el desarrollo de la actividad financiera estatal y, al mismo tiempo, para asegurar un correcto funcionamiento de dicho sistema. Se acepta en doctrina que en un mismo sistema de ilícitos tributarios puedan coexistir figuras que adopten bienes jurídicos distintos. Es evidente que en nuestro país, en el caso del cierre de negocios, el bien jurídico tutelado con las causales que regulan deberes formales en el artículo 20 impugnado, lo son las potestades de verificación y fiscalización de la administración tributaria, según lo había reconocido ya esta Sala en su sentencia 01510-96, pero también se tutelan obligaciones materiales al sancionarse el no enterar a la administración el impuesto retenido o percibido. Con ambos, en algunas causales en forma directa, y en otras indirectamente, se pretende velar por el correcto funcionamiento del sistema. Es importante a la hora de determinar el bien jurídico tutelado, no confundir la finalidad que inspiró el dictado de la normativa con el bien jurídico tutelado. De allí qué si bien el cierre de negocios busca mejorar los controles para mejorar la recaudación y por ende el funcionamiento del sistema, más allá de esa finalidad, el legislador fijó como principal bien jurídico a tutelar en la mayoría de las causales del artículo 20 citado, las potestades de fiscalización y verificación”, de tal forma que la finalidad serviría entonces, como un parámetro de interpretación de la ley, pero el bien jurídico tutelado es el único que puede ayudar a determinar, en cada caso concreto, si la conducta reprochada alcanzó un nivel de peligro que justifique la sanción. Ese análisis debe hacerse dependiendo de si la causal regulada busca la tutela de un deber formal o material. (...). En síntesis, resulta válido y justificado el uso del poder punitivo del Estado, por medio de la sanción administrativa de cierre de negocio, en la medida que busca proteger bienes jurídicos de relevancia constitucional y trascendencia en esta materia, …” (El subrayado no corresponde al original) (Voto No. 2000-8191 de las 15 horas 3 minutos del 13 de setiembre 2000). En cuanto a la Culpabilidad, como juicio de reproche de la conducta de la contribuyente que, en el caso de autos, actúa en forma típica y antijurídica, esta Sala estima que se encuentra debidamente acreditada en autos, a pesar de los cuestionamientos de la apelante, al realizar el ente resolutor un detalle en la resolución sancionadora de la conducta de la contribuyente que generó la no presentación de la declaración en el plazo adicional otorgado en el requerimiento de reiterada cita, sin que haya presentado alguna causa de justificación que la exima de la sanción por la infracción cometida, por lo que esta conducta infractora merece un juicio de reproche. En ese sentido, debe tenerse presente que en la aplicación de las sanciones administrativas tributarias, ante la existencia y comprobación de causas eximentes de responsabilidad que justificaran la actuación contraria a derecho del contribuyente, correspondería al particular traer al procedimiento los elementos probatorios necesarios que acrediten tales circunstancias y lo desvinculen de las consecuencias jurídicas de la acción reprochada, demostrando fehacientemente la existencia de causas eximentes de responsabilidad que justifiquen su actuación contraria a derecho, lo cual no ocurre en el presente caso, dado que la contribuyente no expone justificación válida alguna ni presenta prueba fehaciente que la libere de responsabilidad, alegando únicamente frente a la Administración Tributaria que no logró presentar la declaración en tiempo por las dificultades propias de la pandemia, habiendo analizado la A quo, a folios 26 vuelto y 27 del expediente, que tales situaciones particulares o personales del sujeto pasivo no son de recibo y no pueden considerarse como causas eximentes de culpabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, considerando que sus justificaciones no constituyen eximentes de responsabilidad que pueda utilizar para liberarse de la sanción que se discute, ya que no lo facultan para desatender la obligación de presentar la declaración de ventas del período 2021, dentro del plazo otorgado por la norma y mucho menos contra el requerimiento como una segunda oportunidad que se le dio (folio 27 vuelto); criterio que esta Sala comparte por cuanto bien contaba con un plazo razonable para cumplir con sus obligaciones, y además, podía gestionar la colaboración necesaria de terceros para hacerlo oportunamente, ya que debe recordar el contribuyente que desde el momento en que se inscribió ante la Administración Tributaria adquirió una serie de derechos y obligaciones, establecidos en las diversas leyes que conforman nuestro derecho tributario, razón por la cual sus asuntos personales no deben afectar o ir en contra de la recaudación tributaria, ni mucho menos pueden ser consideradas como un eximente de responsabilidad para no cumplir con sus obligaciones formales de presentar las declaraciones dentro del plazo otorgado por la norma y mucho menos en el plazo adicional conferido en el requerimiento que le otorgó una segunda oportunidad para hacerlo. Así bien, a partir de las consideraciones precedentes, es posible establecer que los argumentos de la apelante no son de recibo. En efecto, a pesar del esfuerzo que hace por justificar su incumplimiento debido a circunstancias personales de salud y a la crisis provocada por la pandemia por COVID 19, alegando además la grave afectación que sufriría por la ejecución de una sanción de cierre de negocios, debe tenerse presente que la sanción que se impone se da en principio ante el incumplimiento de su deber de presentar las declaraciones tributarias pendientes que le fueron requeridas, para lo cual en el requerimiento que se le hiciera, la Administración le otorgó un plazo adicional de 10 días hábiles que no fue atendido en su oportunidad, a pesar de que se trata de una obligación que bien podía haber sido gestionada por algún dependiente del negocio. Además, la presentación tardía de la declaración no constituye una causa eximente de responsabilidad ni elimina la sanción, toda vez que la infracción tipificada ya se había perfeccionado al momento en que expiró el plazo otorgado en el requerimiento. Tampoco es de recibo la posible afectación que le produciría la sanción, ya que justamente el legislador reservó esta sanción de cierre de negocios para las infracciones que estimó especialmente graves, cuyo incumplimiento ameritaba una sanción particularmente severa. En consecuencia, esta Sala no advierte que se presente en este caso alguna causa eximente de responsabilidad tal y como se analiza en la resolución que impone la sanción. Asimismo, la apelante alega que los principios propios del Derecho Penal, no han sido tenidos en cuenta por la Administración Tributaria, tales como los de culpabilidad, proporcionalidad y presunción de inocencia, los cuales deben de ser plenamente aplicables a este caso, dentro del ámbito del Derecho Sancionador Tributario regulado en los artículos 70 y siguientes del CNPT, al ser éstos una manifestación del ius puniendi del Estado. No obstante, debe tener presente la interesada, que si bien en su momento, la materia sancionatoria administrativa participaba de la aplicación de los principios propios del Derecho Penal, lo cierto del caso es que en la actualidad, esos postulados son utilizables dentro del procedimiento administrativo pero de manera matizada, dado que no son atinentes al ejercicio administrativo en su plenitud, debido a la diversa naturaleza que se presenta entre la potestad sancionatoria penal y la administrativa. Sobre la aplicación de estos criterios y las diferencias existentes en ambas materias, ya ha dado cuenta la Sala Constitucional, entre otras, en las sentencias No. 5653-93, 3929-95, 8193-2000 y 10198-01. En consecuencia, la implementación dentro del procedimiento administrativo sancionatorio de los diversos principios que corresponden al ius puniendi penal, no es plena, sino solo parcial en aquellos aspectos que resulten armónicos con la dinámica propia de la instancia administrativa y que se corresponden con la máxima del debido proceso, principio inclaudicable en esta materia, dado que por sus propias particularidades, no puede equiparse como un todo al proceso penal, el cual, tiene fines diversos. En este sentido, debe tenerse claro que el Derecho Administrativo sancionador es punitivo en cuanto como consecuencia jurídica, impone sanciones o reprimendas administrativas, pero en definitiva, no tiene todas las connotaciones del proceso penal, pues carece del alcance desvalorativo que merecen las conductas que, además de ser ilícitas, son incuestionables e intolerablemente injustas. Así bien, visto el caso de autos, y conforme a todas las consideraciones previas, se observa que la Administración Tributaria aplicó correctamente los principios de culpabilidad, proporcionalidad y presunción de inocencia que la apelante acusa como omitidos; ya que por el contrario, la a quo desarrolló un procedimiento reglado que, justamente en atención a esa presunción de inocencia, otorgó a la obligada tributaria, la intimación de los cargos que se le formulaban, mediante la comunicación del requerimiento de las declaraciones que se consideraban omitidas, y de la propuesta motivada previa a la imposición de la sanción. Igualmente, se le otorgaron las oportunidades de defensa y las garantías procesales para que pudiera oponerse a los cargos formulados en su contra. Además, según se ha venido considerando supra, la Administración analizó debidamente la conducta presuntamente infractora, a la luz de la Teoría del Delito, constatando la presencia de los elementos constitutivos de la infracción tributaria que se le achaca a la contribuyente, con criterios de valoración sobre la conducta infractora y ponderó la importancia, razonabilidad y gravedad del incumplimiento, considerando que la sanción impuesta en este caso es proporcional a los hechos que se han comprobado en autos, y en estricto apego a la normativa que rige la materia, la cual no establece excepción alguna para casos como el presente, donde se evidencia la concurrencia de los elementos requeridos para la imposición de la sanción establecida por el numeral 86 del Código Tributario, por lo que la sanción impuesta se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico y de esa manera, se evidencia que no se ha hecho una aplicación automática de la sanción, sino que se ha valorado la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad de la conducta del contribuyente, incluyendo la debida ponderación de las causas de justificación, demostrando que no existen razones que incidan sobre la reprochabilidad de la conducta. Por otra parte, en el escrito presentado el 29 de junio de 2022 (folios 99 y 100), la interesada solicita la aplicación de la Ley No.10165 denominada “Ley para sustituir temporalmente la aplicación de la sanción de cierre de negocios y facilitación del pago del IVA en sectores impactados por la restricción sanitaria”, que entró en vigencia el 01 de junio del 2022, argumentando que el procedimiento sancionatorio dio inicio el 07 de junio del 2021, con la notificación del requerimiento de declaraciones No.1941000895032 por lo que procede la sustitución de la sanción y en consecuencia el archivo del expediente. En este sentido respecto a la solicitud de la interesada, se le indica que su petición debe ser tramitada ante la Administración Tributaria, por cuanto este Tribunal no es el órgano competente para determinar si se otorga o no la sustitución de la sanción de cierre de negocios, en vista que esa solicitud debe dirigirse a la Administración Tributaria a efectos de que sea esa dependencia la que valore su procedencia conforme lo señala la normativa que regula ese beneficio, en sus artículos 4 y 5 donde claramente establece: “…ARTÍCULO 4- Competencia. El acto en el cual se ordene el archivo del procedimiento sancionador de cierre de negocios, así como reanudar un procedimiento en los casos en que proceda, será firmado por el gerente de la Administración Tributaria Territorial o el director de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, según su competencia. ARTICULO 5- Plazo: La dispensa establecida en la presente ley es únicamente para procedimientos sancionadores de cierre de negocios señalados en el párrafo primero del artículo primero de esta ley. Quienes deseen acogerse a los beneficios dispuestos en esta ley deberán presentar la solicitud correspondiente en el plazo perentorio de dos meses contado a partir de su entrada en vigencia, y en caso de que deban subsanar alguna situación con posterioridad al vencimiento de este plazo, la Administración procederá a realizar una prevención para que se corrija el defecto. para lo cual el sujeto pasivo contará con un plazo máximo de diez días hábiles, vencido el cual Si no se cumple con la prevención se procederá con el archivo de la solicitud y se continuará con el procedimiento de la sanción de cierre de negocio en el estado en que se encontraba, e (sic) sin que para estos efectos pueda considerarse el plazo transcurrido para el cómputo de caducidad o prescripción alguna…”. En consecuencia, este Tribunal resulta incompetente para pronunciarse al respecto, en tanto se trata de una medida de sustitución de la sanción cuya procedencia debe resolverla la Administración Tributaria. En tales condiciones, y de conformidad con el análisis efectuado respecto de la actuación administrativa desarrollada en la especie, este Tribunal comparte lo expuesto en la resolución recurrida por ser justa consecuencia del mérito de los autos y aplicación correcta de la ley que norma la materia, por lo que procede confirmar la resolución venida en alzada referente a la imposición de la sanción de cierre de negocios por cinco días naturales de todos los establecimientos de comercio, oficina o sitio donde el particular ejerza su actividad u oficio. -