TFA-073-S-2025

NULIDAD. Que este Tribunal, como órgano contralor de la legalidad de las actuaciones de la Administración Tributaria, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 176, 187 y 188 del Código Tributario, procede a analizar si los procedimientos seguidos en el caso de autos se encuentran ajustados a derecho y al mérito de los autos, y al respecto estima necesario tener presente que la declaratoria de nulidad, aun cuando se haga de oficio, es de carácter extraordinario y debe reservarse para aquellos casos en que se haya producido un serio quebranto al procedimiento o la violación de los derechos del contribuyente. Concretamente tratándose del procedimiento tributario, se ha establecido que la declaratoria de nulidad procede, cuando se está en presencia de lo establecido en el artículo 188 del Código Tributario, que en forma similar al artículo 223 de la Ley General de Administración Pública (LGAP) dispone: “Sólo causará nulidad de lo actuado, la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento o la violación del ordenamiento jurídico. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión cause indefensión.”. Por su parte, en la instancia jurisdiccional, el Tribunal Contencioso Administrativo, con respecto a las nulidades, ha manifestado: “…Además, para lo que interesa en la resolución de este asunto, es importante considerar el régimen de nulidad, en tal sentido el artículo 223 LGAP, establece que "Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales", entendiendo por tales aquellas "...cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión". Esta disposición es fundamental, en el sentido de que, si no se demuestran las condiciones de sustancialidad referidas, esto es, que, si no se observa que el administrado estuvo de manera real impedido de poder defenderse o que, aplicada la norma procesal infringida habría cambiado el resultado del proceso, no habrá nulidad…” (Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta. Resolución 03-2013 de las 11 horas del 11 de enero del 2013). Adicionalmente, la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo se ha referido a la nulidad de la siguiente manera: “…Para reclamar la nulidad -defecto absoluto- del acto viciado, el reclamante debe señalar el interés para reclamarlo y el perjuicio efectivo (manifestación que podrá prevenirse en caso de omisión). A la par de las afirmaciones anteriores es preciso señalar también que, por principio, los defectos absolutos no son sanables, pero su invalidez solo será declarable si se acredita el interés del reclamante y el correlativo perjuicio a sus intereses. La declaratoria de invalidez se circunscribe al acto concreto salvo que se trate de actos independientes en que deba considerarse el efecto "cascada", pues los actos se concatenan unos con otros, al punto de que no es posible su individualización total. La legislación no escapa a estos conceptos y por ello se han promulgado normas como las que disponen: "Cuando la ley prescribiere determinada forma sin pena de nulidad, el juez considerará válido el acto si realizado de otro modo alcanzó su finalidad" (Artículo 195 del Código Procesal Civil). En igual orientación se señala " Cuando se trate de nulidades absolutas (...) solo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales" (Artículo 197 del mismo Código). Ambas normas son una manifestación práctica del principio de conservación de los actos procesales, en virtud del cual lo realmente importante no es el origen del vicio procesal, sea este absoluto o relativo, sino que interesa más evaluar sus efectos reales en el proceso. El juez al decidir la exclusión de un acto o etapa procesal, no debe analizar los vicios en su origen, sino en sus efectos, determinando si tales yerros en el proceso han producido irreparable indefensión o no pueden ser subsanables. Por su parte Parajeles Vindas Gerardo, Introducción a la Teoría General del Proceso Civil. Editorial Investigaciones Jurídicas, 2000, página 137 a 139, nos indica que los principios que rigen las nulidades procesales son los siguientes: a) Principio de legalidad o especificidad: no hay nulidad sin texto legal expreso, por lo que la regla general es la validez y la excepción la nulidad. Al respecto Giuseppe Chiovenda, en su libro Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial Pedagógica Iberoamericana, 1995, página 408, nos indica que "El legislador francés proclamó el principio de que ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo si la nulidad no está establecida formalmente por la ley. b) Principio de transparencia: No hay nulidad sin perjuicio, esto así porque el derecho procesal moderno no es formalista, para que exista nulidad no basta la sola infracción a la norma, sino que se produzca un perjuicio a la parte, indefensión, violación al debido proceso, por lo que el acto con vicios de forma es válido si alcanza los fines propuestos. c) Principio de la declaración judicial: No hay nulidad sin resolución que la declare, por lo que toda nulidad procesal tiene que ser objeto de declaración judicial. d) Principio de protección: El fundamento de la nulidad es para protegerse contra la indefensión. e) Principio de finalidad: No hay nulidad, aunque el acto procesal tenga defectos si ha cumplido su fin, no procede la nulidad por la nulidad misma…” (Voto 002-2015-IV de las 16:00 horas del 15 de enero del 2015). Queda claro entonces que, como criterio esencial para dirimir las controversias de nulidad, la doctrina y la jurisprudencia han definido como elemento común, la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento o la violación del ordenamiento jurídico, entendiendo como sustancial, la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión cause indefensión. A mayor abundamiento, es importante señalar que con la reforma introducida al Código Tributario mediante Ley No. 9069 del 10 de setiembre del 2012, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, el legislador introdujo dentro del Título VI, el “Capítulo III, Garantías Procesales”, en donde estableció en el artículo 176 que el órgano competente en grado podrá anular de oficio o a petición de parte, prima facie, antes de conocer el fondo de la controversia, cuando se presenten violaciones procedimentales o a los derechos de los administrados. En mérito de lo anterior, y por tratarse de incidencias de previo y especial pronunciamiento, este Tribunal en calidad de superior jerárquico impropio monofásico y como órgano contralor de legalidad de los actos de la Administración Tributaria, se aboca a analizar el procedimiento seguido en el caso de autos, a la luz de las evidencias que constan en el expediente de mérito y conforme a la ley que norma la materia, a fin de considerar si existe mérito suficiente para declarar con lugar el incidente de nulidad interpuesto por la apelante, quien alega la Nulidad por violación al deber de motivación realizando en este aspecto transcripciones de citas jurisprudenciales referentes al tema de la motivación, señalando que si bien es cierto la Administración Tributaria tiene la potestad de estudiar el caso y determinar si debe conceder o no la autorización pretendida por la gestionante, también está en la obligación de motivar y fundamentar el razonamiento que conllevó a la decisión administrativa, a pesar de lo cual, estima que la A quo faltó al deber de motivación. Debido a lo alegado esta Sala considera oportuno señalar que el numeral 147 inciso d) del Código Tributario, establece que toda resolución debe encontrarse debidamente fundamentada, conteniendo las razones y motivos de la decisión. Asimismo, en relación con la motivación de los actos, el numeral 187 del Código Tributario indica: “Motivación de los actos. Los actos jurídicos y las actuaciones materiales de la Administración Tributaria deben ser motivados, cuando establezcan deberes u obligaciones a cargo de los contribuyentes. La motivación consistirá en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la decisión. La falta de motivación de un acto o de una actuación material de la Administración, en los términos expresados, causa su nulidad. Toda resolución de la Administración Tributaria debe reunir los requisitos establecidos por la normativa aplicable, así como indicar, si es del caso, las infracciones cometidas, las sanciones y los recargos que procedan.” Por su parte, referente a los elementos y la validez del acto, el Código Tributario indica en su numeral 176: “Observancia del procedimiento: Las normas del procedimiento administrativo tributario serán de observancia obligatoria para la Administración Tributaria, como garantía de eficiencia y defensa de los derechos del contribuyente. El órgano administrativo competente de conocer en grado, de oficio o en virtud de recurso declarará la nulidad del acto, prima facie, antes de conocer sobre el fondo del asunto, cuando exista una violación al procedimiento o a los derechos del contribuyente. Las actuaciones administrativas contrarias a derecho, así como la información y las demás pruebas obtenidas por la Administración Tributaria de forma ilegal, no podrán surtir efecto alguno en contra del contribuyente.” Así, la existencia y validez de todo acto administrativo depende de los elementos esenciales impuestos por el ordenamiento jurídico, y dentro de estos encontramos que la motivación o fundamentación reviste un carácter esencial, la cual consiste “…en una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación del acto administrativo. La motivación es la expresión formal del motivo y, normalmente, en cualquier resolución administrativa, está contenida en los denominados ‘considerandos’ parte considerativa-. La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de ésta y una pauta indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo…” (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo., Tomo 1. (Parte General). Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia. 2002. p. 388). Debido a lo expuesto, no se debe perder de vista que los actos administrativos dictados por la Administración Tributaria son actos que esta dicta en el ejercicio de la función administrativa, que producen efectos jurídicos que de una u otra forma afectan derechos, deberes e intereses de los contribuyentes, y adicionalmente expresan la voluntad del órgano que los dicta. En ese sentido, dichos actos no solo deben emitirse estrictamente apegados al principio de legalidad, sino que, además, deben ser totalmente diáfanos y no deben mostrar elementos que hagan dudar de su veracidad. Así bien, desde la perspectiva de la contribuyente, la debida motivación constituye una garantía de protección a sus derechos, debido a que el cumplimiento efectivo de esta obligación por parte de la Administración supone que el particular conocerá los antecedentes, razones y fundamentos que justificaron el acto administrativo, de manera que podrá impugnarlos en caso de ser necesario. Ahora bien, en el caso en estudio la recurrente alega la falta motivación por cuanto señala que la A quo al referirse a las diferencias entre los salarios reportados a la CCSS según planillas y los estados financieros para los periodos 2022 y 2023, solo desarrolla las diferencias encontradas en el periodo 2022 y no motiva cuales son las que existen en el periodo 2023 lo que la pone en indefensión, y asimismo agrega que al analizar las Fuentes de Ingresos, la Administración Tributaria motiva su argumento bajo un supuesto erróneo por cuanto sí declaró las rentas percibidas por alquiles bajo la cédula de impuesto a las utilidades, por lo que considera que el rechazo de su solitud se hizo por incumplimientos que se encuentran sin fundamentar o bien se fundamentan bajo supuestos erróneos. Así las cosas, esta Sala considera que contrario a lo alegado por la recurrente y una vez analizados los elementos existentes en la resolución MH-DGT-ATG-SSC-RES-0007-2024 del 28 de mayo del 2024 recurrida, es posible constatar que la Administración Tributaria sí incluyó en esa resolución, la debida motivación de sus actos así como el fundamento fáctico y jurídico del caso, al margen de que tales criterios sean o no compartidos por la recurrente. Conforme se aprecia en dicha resolución que la Administración Tributaria denegó la solicitud de la Asociación al no cumplir con los artículos 18 bis y 64 bis del Código Tributario, así como los artículos 8) inciso q) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 17 inciso l) de su Reglamento y artículo 17 de la resolución DGT-R-03-2022 del 10 de febrero del 2022, por cuanto la contribuyente no se encontraba al día en el cumplimiento de sus deberes tributarios tanto formales como materiales, realizando la A quo, en la resolución recurrida, visible a imágenes 188 a 196 del archivo electrónico 009, una explicación de los deberes incumplidos, entre los cuales indica que, en cuanto a la actividad de alquileres, omite inscribir la actividad lucrativa que realiza y por ende no emite los comprobantes autorizados respectivos, ni presenta o liquida las declaraciones autoliquidativas respectivas del Impuesto al valor agregado. Igualmente, señala la a quo que en el impuesto sobre la renta, en el formulario D-101 presentado, no se indican los ingresos por alquileres, y a pesar de que la contribuyente alega que declaró y canceló el impuesto bajo la cedula del impuesto sobre las utilidades, no presenta prueba de ello. También analiza la A quo que la Asociación realiza actividades económicas, además de los proyectos que ha desarrollado, y aunque fueron por unos meses, no las inscribió ni ha emitido comprobantes, ni cobró los impuestos respectivos. Además, señala que la contribuyente no registra las actividades económicas que realiza sujetas a la retención del impuesto sobre la renta en la cédula de remesas al exterior, y por ende no efectúa las retenciones respectivas y no está pagando al Fisco los impuestos correspondientes. Agrega que se han detectado además diferencias entre los salarios reportados a la CCSS según planillas y los estados financieros, y que la Asociación tampoco presentó declaraciones informativas D-152 correspondientes, entre otros incumplimiento detectados y desarrollados debidamente en la resolución recurrida (imágenes de la 188 a 196 del archivo 009). Como puede apreciarse la fundamentación de la denegatoria de la solicitud radica en una amplia gama de incumplimientos a los deberes tributarios detectados por la Administración Tributaria, contraviniendo así lo preceptuado en los artículos 18 bis y 64 bis del Código Tributario, tal y como es analizado en la resolución recurrida, por lo que el hecho de que la recurrente no esté conforme con la decisión que emite la Administración Tributaria o el análisis del caso que ésta realiza, no es razón para considerar la nulidad del criterio objetado, ya que simplemente alegando que la A quo se fundamenta bajo supuestos erróneos, no puede considerarse que exista una falta de motivación del acto recurrido y por ende no constituye alegato de nulidad que cause indefensión a la parte, como ésta pretende, siendo que en caso de disconformidad con lo resuelto, la contribuyente cuenta con la fase recursiva correspondiente para ejercer su derecho de defensa presentando los alegatos y la prueba respectivos. En consecuencia, esta Sala estima que los alegatos de nulidad no son de recibo toda vez que en el presente caso lo que existe es una disconformidad de la actora con el criterio y las consideraciones de la Administración, por lo que no procede declarar la nulidad de una resolución por el hecho de que la interesada no comparta el análisis, y/o la fundamentación expuesta por el órgano decisor, ya que, a criterio de esta Sala, la oficina resolutora ha expuesto las razones que respaldan la decisión adoptada, a pesar de que no sean compartidos por la recurrente, sin que la inconforme haya logrado demostrar que se le ha colocado en estado de indefensión y que se haya producido la nulidad alegada. Así, el hecho de que la impugnante disienta del criterio de la Administración Tributaria, no implica per se, que exista una vulneración al debido proceso o que la resolución impugnada carezca de motivación o exista una fundamentación errada como alega la recurrente, dado que en la resolución recurrida la Administración Tributaria analiza detenidamente el caso de la recurrente, estableciendo cada uno de los incumplimientos detectados y fundamentándose en la normativa vigente en la materia. Ahora bien, debe considerar la recurrente que la Administración Tributaria expuso claramente la existencia de una serie de incumplimientos a sus obligaciones tributarias, tales como no inscribir las actividades económicas que realiza, lo cual conlleva a la vez la falta de emisión de comprobantes autorizados por la Administración Tributaria y la falta de liquidación de los impuestos respectivos. Asimismo, fundamentó su criterio en la existencia de diferencias en los salarios reportados en planillas de la CCSS y sus estados financieros, la no retención de impuestos y la falta de presentación de declaraciones, tanto autoliquidativas como informativas, entre otros incumplimientos, lo cual demuestra que en el presente caso se han brindado las razones de la decisión adoptada, motivando debidamente la resolución vertida al efecto, por lo que el hecho de haber la Administración Tributaria descrito en el punto 8 de la resolución recurrida las diferencias salariales detectadas del año 2022 y no el año 2023 no implica que se la haya causado un estado de indefensión a la contribuyente como alega, toda vez que en el punto 8 la A quo procede a modo de ejemplo a desglosar las diferencias salariales encontradas, habiendo anteriormente en el punto 6 de esa misma resolución realizado el análisis en cuanto a la retención del impuesto al salario, en el cual señala expresamente que se consultaron esos periodos 2022 y 2023, y en los que se detecta el incumplimiento porque no se presentaron las declaraciones respectivas, con lo cual queda claro que la situación objetada por la recurrente es evidente y fácilmente comprensible para la propia interesada, sin que implique colocarla en estado de indefensión alguno. Asimismo, debe considerarse que como se indicó, el fundamento de la denegatoria de la solicitud radica en el incumplimiento de una larga serie de distintos deberes tributarios por parte de la contribuyente, de tal forma que al incurrir en un solo incumplimiento a sus deberes ya no califica para recibir el beneficio fiscal pretendido, y más aún en este caso, en que los incumplimientos tributarios son numerosos. En consecuencia, esta Sala no vislumbra ningún indicio que lleve a concluir que a la recurrente se le haya causado perjuicio alguno para ejercer su derecho de defensa, y por el contrario, se comprueba que todo el procedimiento desarrollado ha cumplido con las etapas procesales que establece el artículo 102 del Código Tributario, dado que en cuanto a disponibilidad de recursos y plazos, no ha tenido la apelante limitaciones de ningún tipo para el desarrollo de su defensa y de acuerdo con las probanzas que constan en autos, se considera que los motivos de nulidad invocados por la apelante, no exponen falencias que invaliden el procedimiento administrativo tributario que se le ha seguido, el cual no presenta vicios causantes de nulidad, ni se ha colocado a la interesada en estado de indefensión, o se le ha violado el debido proceso, pilares fundamentales para declarar procedente la pretendida nulidad esgrimida por la recurrente, por cuanto no presenta alegatos ni pruebas que logren demostrar en forma fehaciente, que lo actuado por la A quo sea contrario a derecho o que se haya apartado del ordenamiento jurídico, e igualmente no logra demostrar que en las actuaciones realizadas se hayan omitido formalidades sustanciales que le causaran indefensión, o que su correcta realización hubiesen impedido o cambiado la decisión final, según lo expuesto en el artículo 188 del Código Tributario, por lo que los argumentos invocados no resultan de recibo para este Tribunal, y en consecuencia lo procedente es rechazar los alegatos de nulidad.-

Que abocada esta Sala a la resolución del recurso de apelación interpuesto, como órgano contralor de legalidad de los actos de la Administración Tributaria, procede a analizar el recurso de apelación interpuesto, en el cual la contribuyente alega que la Administración Tributaria incumple el Principio de Legalidad por realizar determinaciones que no corresponden, dado que el Departamento de Servicio al Contribuyente no tiene las facultades para emitir criterio sobre cómo se debe tributar, por ser competencia del Departamento de Fiscalización, según artículo 130 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Respecto a la posibilidad de declarar como gasto deducible de la renta bruta de los donantes las sumas otorgadas como donación a las entidades autorizadas para ello, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 8 inciso q) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, No. 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas, que indica que las entidades que pueden recibir tales donaciones deducibles para los donantes son, por una parte, el Estado y sus instituciones autónomas y semiautónomas, las corporaciones municipales, las universidades del Estado, la Junta de Protección Social (JPS), las juntas de educación y a las juntas administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del Ministerio de Educación Pública (MEP), las instituciones docentes del Estado y la Cruz Roja Costarricense, instituciones que por sí solas son acreedoras al beneficio y no requieren de ninguna otra condición o requisito para ello. Adicionalmente, la norma contempla también otras instituciones como asociaciones y fundaciones que específicamente necesitan tener la condición de entidades dedicadas a obras de bien social, científicas o culturales, así como las donaciones realizadas a favor de las asociaciones civiles y deportivas declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, al amparo del artículo 32 de la Ley No. 218, Ley de Asociaciones, de 8 de agosto de 1939, o de los comités nombrados oficialmente por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), en las zonas definidas como rurales según el reglamento de esta ley, durante el periodo tributario respectivo y al Museo de Energías Limpias de Bagaces. Igualmente, se aclara a la contribuyente que la misma ley establece que la Dirección General de Tributación tendrá amplia facultad en cuanto a la apreciación y calificación de la veracidad de las donaciones a que se refiere este inciso, y expresamente señala que podrá calificar y apreciar las donaciones solamente, cuando se trate de las dirigidas a obras de bien social, científicas o culturales, y a los comités deportivos nombrados por el Icoder en las zonas rurales, según el Reglamento de la Ley, el cual contempla en el artículo 17 inciso l) las condiciones y controles que deberán establecerse en el caso de estas donaciones, tanto para el donante como para el receptor. Aunado a lo expuesto, y como bien lo analiza la Administración A quo debe considerarse que la donación -bajo los términos del artículo 8 citado- constituye una verdadera exención que, como tal, fue otorgada a fin de favorecer a aquellos entes, que brinden un beneficio a la comunidad y que se caracterizan por suplir necesidades del orden social, económico u otras atinentes, en una forma general, o bien los que tengan como objetivo el desarrollo o el fomento de actividades científicas o culturales. Realizadas las anteriores acotaciones, que resultan comunes para el análisis de los casos que requieren de la autorización expresa de las dependencias competentes de la Dirección General de Tributación, debe señalarse que, en el presente caso, por ser la petente una Asociación, corresponde el enfoque al supuesto contenido en el artículo 8 inciso q) de la LISR, antes citado, referente a “otras instituciones como asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales”. Adicionalmente, la resolución DGT-R-03-2022 del 10 de febrero del 2022, publicada en La Gaceta No. 30 del 15 de febrero de 2022 establece una serie de regulaciones referentes al otorgamiento y vigencia de las autorizaciones para recibir donaciones deducibles del impuesto sobre la renta por parte de los donantes, y en su artículo 17 regula los motivos de denegatoria de la solicitud estableciendo entre ellos que: “…Será motivo de denegatoria de la solicitud presentada, cuando se determine alguna de las siguientes causales: (...) f. Cualquier otra que a estudio de la Administración Tributaria lo determine...” (el subrayado no corresponde al original). Asimismo, en cuanto a los beneficios fiscales propiamente dichos debe considerarse lo establecido en el artículo 18 bis) del Código Tributario, el cual en lo que interesa, señala: “Artículo 18 bis- Gestión de trámites estatales. Toda persona física o jurídica que desee obtener o tramitar cualquier régimen de exoneración o incentivo fiscal, cualquier proceso de contratación pública, cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, así como ejercer cualquier actividad lucrativa que deba contar con la licencia municipal respectiva, ante la Administración central o entes descentralizados, deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que estuviera obligada ante las dependencias del Ministerio de Hacienda…” En igual sentido el artículo 64 bis del Código Tributario establece: “Artículo 64 bis. -Condiciones y requisitos para el otorgamiento de exoneraciones, reducciones o beneficios tributarios de cualquier naturaleza. Las personas físicas o jurídicas que soliciten exoneraciones, reducciones o beneficios tributarios de cualquier naturaleza, a excepción del beneficio de no sujeción, deberán estar al día con todas sus obligaciones tributarias administradas por el Ministerio de Hacienda y deberán estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley No. 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 22 de octubre de 1943, como condición para su otorgamiento.” Como se desprende de lo expuesto y la normativa citada, la autorización para recibir donaciones deducibles como gasto del impuesto sobre la renta se otorga de manera excepcional y siempre y cuando la Administración Tributaria haya comprobado el cumplimiento de las condiciones exigidas en el ordenamiento jurídico tributario, ejerciendo así sus potestades verificadoras al valorar las circunstancias del caso concreto frente a la regulación vigente al respecto, para el otorgamiento de una autorización administrativa, luego de haber realizado una valoración y ponderación sobre su oportunidad y utilidad con respecto al interés general. Si bien el ordenamiento jurídico tributario contempla la autorización para recibir donaciones deducibles de la renta bruta del donante, debe entenderse que su otorgamiento se extiende a favor de aquel sujeto que haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos reglados, debiéndose ponderar en el caso concreto, la legalidad de lo solicitado en el ámbito del interés público que la misma Administración debe tutelar. De esta forma, la Administración Tributaria permite al interesado actuar en determinado sentido, pero esa autorización debe ser necesariamente declarada a favor del sujeto favorecido, previa constatación de que cumpla con las exigencias vinculantes del ordenamiento jurídico, y en este caso específicamente debió estar al día en el cumplimiento de sus deberes tributarios formales y materiales. No obstante, en el caso de autos, la Administración Tributaria, en la resolución MH-DGT-ATG-SSC-RES-0007-2024 recurrida, deniega la solicitud de la contribuyente de autorización para recibir donaciones deducibles de la renta bruta, conforme lo dispuesto en los artículos 8) inciso q) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 17 inciso l) de su Reglamento, artículos 18 bis y 64 bis del Código Tributario y artículo 17 de la resolución DGT-R-03-2022 citada, por cuanto la Asociación petente no cumple todas las condiciones que la normativa exige para ser sujeto de beneficios fiscales, concretamente respecto de su deber de estar al día con sus obligaciones tributarias y con el pago de las cargas sociales a la CCSS, toda vez que la Asociación, al momento de formular su petición, no se encontraba al día en el cumplimiento de sus deberes tributarios, detectándose la no inscripción de las actividades económicas que realiza, lo cual conlleva a la vez la falta de emisión de comprobantes autorizados por la Administración Tributaria y la falta de liquidación de los impuestos respectivos. Asimismo, se determinaron diferencias en los salarios reportados en planillas de la CCSS y sus estados financieros, la no retención de impuestos, la falta de presentación de declaraciones, tanto autoliquidativas como informativas, entre otros incumplimientos, debidamente detallados en la resolución recurrida. Así bien, debido al rechazo de su solicitud, la Asociación interpone el presente recurso de apelación señalando que la A quo incumple el Principio de Legalidad por realizar determinaciones que no corresponden, dado que a su criterio el Departamento de Servicio al Contribuyente no tiene las facultades para emitir criterio sobre la forma en que se debe tributar, siendo ello competencia del Departamento de Fiscalización, conforme lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento de Procedimiento Tributario, por lo que en este sentido debe aclarársele a la contribuyente que no nos encontramos ante un control tributario intensivo, en tanto el caso de autos no versa sobre un procedimiento de fiscalización tributaria, sino sobre una petición formulada conforme el artículo 102 del Código Tributario, y la competencia para atender y resolver tales peticiones recae en el Director General de Tributación o en los Gerentes de las Administraciones Tributarias respectivas, según lo señalado en el artículo 58 del Reglamente de Procedimiento Tributario, por lo que en el presente caso la resolución MH-DGT-ATG-SSC-RES-0007-2024 fue debidamente emitida y firmada por la Gerente de la Administración Tributaria de Guanacaste, quien como puede observarse ostenta la competencia respectiva según la norma citada, aunado al hecho de que, como se ha indicado, el ordenamiento jurídico otorga a la Administración Tributaria amplias facultades para apreciar y calificar la procedencia o no de la autorización para recibir donaciones, por lo que contrario a lo alegado por la recurrente, la A quo ha actuado en cumplimiento del principio de legalidad que rige su actuar. Aunado a lo expuesto, debe tenerse presente que el procedimiento administrativo tributario se rige por el principio de legalidad administrativa (artículos 11 constitucional y 11 de la Ley General de la Administración Pública) y de reserva de ley tributaria (artículo 5 del Código Tributario), por lo que no puede dejarse de lado el cumplimiento de las prescripciones legales establecidas, entre ellas lo señalado expresamente en los artículos 18 bis y 64 bis del Código Tributario, que establecen la necesaria obligación de todo contribuyente de encontrarse al día en el cumplimiento de sus deberes tributarios tanto formales como materiales, para ser acreedor de un beneficio fiscal como el que nos ocupa, por lo que lleva razón la Administración Tributaria al denegar la solicitud de la contribuyente al constatar que incumple con los preceptos legales señalados. Ahora bien, se reitera a la contribuyente que las exoneraciones o beneficios fiscales se rigen por los citados principios de legalidad y de reserva de ley, de manera que, como tales, se han de conceder solamente en aquellos casos en que en forma expresa e indubitable queden demostradas las razones o motivos que justifican su otorgamiento de conformidad con los términos legalmente establecidos al efecto. En consecuencia, la situación particular de la contribuyente al no estar al día en el cumplimento de sus deberes tributarios, contraviene la normativa que regula esta materia, en tanto el goce de beneficios fiscales se encuentra condicionado al cumplimiento estricto de las condiciones previamente establecidas por la normativa vigente que regula su disfrute, y a la debida verificación que haga al efecto la autoridad tributaria, los cuales son exigidos y comprobados a fin de demostrar que quien lo solicita se encuentra dentro del contexto que regula la normativa, dado que compete a la Administración Tributaria apreciar y calificar las condiciones particulares del solicitante a fin de determinar si se ajusta o no a lo señalado en los artículos 8 inciso q) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y particularmente en este caso, en relación con los artículos 18 bis y 64 bis del Código Tributario, por lo que se concluye que lleva razón la A quo al denegar la solicitud presentada al no cumplir la contribuyente con sus deberes tributarios tanto formales como materiales, según se ha desarrollado ampliamente en la resolución recurrida. Así las cosas, habiendo realizado el estudio respectivo, esta Sala considera que lo resuelto por la oficina a quo se encuentra apegado a Derecho, respetando el Principio de Legalidad que rige el actuar de la Administración Pública, y habiendo valorado la solicitud de la recurrente con los elementos de juicio y probatorios que constaban a ese momento. Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la Asociación referente a que realizó las correcciones correspondientes para ponerse al día con sus obligaciones tributarias, cuyo incumplimiento constituye la razón por la cual se le denegó la solicitud por parte de la A quo, se le aclara que este Tribunal carece de competencia para autorizar a la Asociación a recibir donaciones deducibles de la Renta bruta de los donantes, como ésta pretende en su petitoria, y menos aún para realizar estudios y análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, dado que esa labor, como se ha indicado, compete a la Administración Tributaria debiendo ésta realizar el análisis y examen debido, respecto a los requisitos y condiciones requeridos en estos casos para acceder al beneficio fiscal pretendido y determinar la procedencia o no de su solicitud, ya que este Tribunal únicamente tiene competencia en este caso para conocer del presente recurso de apelación. Bajo las consideraciones anteriores, este órgano colegiado estima que la resolución MH-DGT-ATG-SSC-RES-0007-2024 recurrida fue emitida de conformidad con los elementos de juicio que se encontraban presentes en el expediente del caso, y considerando la situación tributaria de la peticionaria al momento de su solicitud, por lo que se concluye que la A quo analiza el caso acorde con los elementos probatorios y la normativa jurídica que regula la materia, por la cual fue denegada la solicitud para recibir donaciones deducibles del impuesto sobre la renta de los contribuyentes donantes, por lo que esta Sala no tiene otra alternativa más que rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar íntegramente la resolución venida en alzada, sin perjuicio de que posteriormente pueda la interesada solicitar nuevamente la autorización pretendida. -