TFA-154-P-2024

La Administración Tributaria en la resolución recurrida señaló en lo que interesa: “…II.- SOBRE EL FONDO: En el caso que nos ocupa, junto al escrito de fecha 10/05/2023, la recurrente envió el traslado de cargos y observaciones documento N°2101000105233 de fecha 12/12/2022, que le había sido notificado y adjuntó un recibo del banco de fecha 17/02/2022, de la interesada para el Ministerio de Hacienda, periodo fiscal 12/2019 por un monto de ¢480.471,00. (cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos setenta y un colones exactos), relacionado con la rectificación que presentó en fecha 08/2/2022, mediante formulario Nº1012655009956. Ahora bien, el escrito, presentado por parte de la sociedad antes mencionada, firmada por su representante legal, señora [...], se indicó como de fecha, 08/03/2021, no obstante fue recibido en fecha 10/05/2023, y primeramente, con relación, a lo argumentado de que por fuerza mayor y problemas con el correo no pudieron atender ni contestar en tiempo al correo del 12/12/2022, donde se les indicó que se llevó a cabo un aumento del impuesto de la renta del año 2019, por 58 millones de colones y sus costas derivadas. En primer término, debe indicársele a la interesada que ese argumento no es de recibo, por cuanto ésta como parte de sus deberes como obligada tributaria debidamente inscrita ante la Dirección General de Tributación, tiene el deber de mantener un correo electrónico habilitado el cual debe estar revisando periódicamente a fin de enterarse en tiempo de las posibles gestiones que se le notifiquen, relacionadas a la empresa que tiene inscrita. Aunado a lo anterior, debe indicársele a la recurrente, que la Administración Tributaria de Cartago inició actuaciones en su contra, de comprobación abreviada tendentes a la liquidación previa de su obligación tributaria en relación con el Impuesto sobre la Renta del período fiscal 2019, y si bien en el presente caso se le notificó el documento 209100596194, ver archivo 0006 del expediente, de inicio de actuación de liquidación previa por comprobación abreviada, emitido en fecha 31/01/2022, notificado en esa misma fecha, lo cierto es que fue necesario dejar sin efecto, dicho documento mediante el auto CTE-ATC-AUT-010-2022 emitido el 25/02/2023 y notificado a la obligada tributaria el 02/03/2023, ver archivos del 0015 al 0018 del expediente, lo anterior, por cuanto no se ajustaba al procedimiento establecido. En virtud de lo antes mencionado, aunque consta en el expediente que en fecha 08/02/2022, luego de que se dejó sin efecto el documento 209100596194, la recurrente presentó rectificativa de la declaración correspondiente al periodo fiscal, 12/2019 de renta, según declaración que rectificó mediante formulario Nº1012655009956, eso en fecha 08/2/2022, ver archivo 0014 del expediente, lo cierto es que tal rectificación según el estudio realizado por la Administración, no fue satisfactoria, ya que el recurrente no rectificó el total de los montos que reportó como gastos. No obstante, se debe advertir que los contribuyentes están en la obligación de determinar y pagar correctamente sus tributos y cumplir fielmente con los deberes formales. De tal forma, la recurrente debió haber considerado todos sus gastos en la declaración objeto del presente estudio, sin embargo al no hacerlo, se continuó con el proceso, y se emitió el documento Nº2091000596343, de inicio de actuación de liquidación previa por comprobación abreviada, junto con el documento N°1241000694001 de propuesta de regularización de liquidación previa por comprobación abreviada ambos con fecha de emisión 03/03/2022, ver archivos del 0019 al 0023 del expediente, los cuales le fueron válidamente notificados a la recurrente en esa misma fecha, documentos, mediante los cuales, se le hizo de su conocimiento los resultados obtenidos en el proceso de comprobación abreviada que arrojó un aumento en el Impuesto a las Utilidades del ejercicio fiscal 2019, por la suma de ¢58.844.062,20, (cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y dos colones con 20/100 exactos). Posteriormente, se emitió el traslado de cargos y observaciones documento N°2101000105233 de fecha 12/12/2022, el cual le fue válidamente notificado a la recurrente en fecha 6/12/2022, ver archivo 0024 al 0027 del expediente, en el cual se estableció en contra de la empresa [...] S.A., un incremento en el tributo por un monto de ¢58.844.062,20, (cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y dos colones con 20/100 exactos). Asimismo, en dicho documento se le informó a la obligada tributaria, que la actuación estuvo referida únicamente a la revisión de la Declaración Jurada del Impuesto a las Utilidades (D.101) del periodo fiscal 2019 respecto a su Declaración anual resumen de clientes, proveedores y gastos específicos (D151) formulario Nº1513031588722, sus importaciones reportadas en el TICA e información de sus planillas reportadas a la CCSS, todos ellos para el periodo fiscal 2019 (periodo comprendido de octubre 2018 a setiembre 2019), que se encuentran en poder de la Administración. Igualmente, se le indicó que la empresa declaró en el Impuesto a las Utilidades, deducciones por un monto mayor a la sumatoria de costos y gastos reportados en su declaración informativa D151, correspondiente a los conceptos de compras, servicios de alquileres, comisiones y servicios profesionales, más el monto de sus planillas reportados a la CCSS, sus importaciones según TICA, más los siguientes conceptos reportados en su declaración del Impuesto sobre la Renta, casilla número 40 correspondiente a intereses y gastos financieros, casilla número 42 por Depreciación amortización y agotamiento y casilla número 43 por Aportes a regímenes voluntarios de pensiones complementarias, para el mismo periodo fiscal. Además, en dicho documento, se le indicó a la contribuyente, la diferencia encontrada en la base imponible y cuota tributaria del Impuesto a las Utilidades, así como los hechos y fundamentos jurídicos en que se sustenta, a efectos de que pudiera analizar y presentar los alegatos y pruebas que haya considerado pertinentes, de previo al dictado de la resolución. No obstante lo antes indicado, aunque en dicho traslado se le dio la posibilidad de aportar las facturas o comprobantes correspondientes, a efecto de verificar fehacientemente la información que tiene la Administración para en su defecto hacer la corrección de la imputación si fuera el caso, sea, ejercer el derecho de defensa que el debido proceso le otorga, la contribuyente en ese momento no presentó alegatos expresando posibles razones de disconformidad, ni adjuntó prueba para refutar o desvirtuar la propuesta que se le formuló, ni realizó el pago respectivo, por lo anterior, la declaración presentada se considera incompleta e ilegal, procediendo la determinación de oficio de la obligación tributaria respectiva. Así bien, en fecha 12/04/2023 se emitió la resolución determinativa de oficio MH-DGT-ATC-GER-SCE-RES-0109-2023 que hoy se recurre, la cual le fue notificada a la recurrente en fecha 21/04/2023, ver archivo 0030 al 0033 del expediente, mediante la cual, se determinó que efectivamente se produce un aumento en la cuota tributaria declarada, por un importe total de ¢58.844.062,20, (cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y dos colones con 20/100 exactos), como Impuesto a las utilidades correspondiente al periodo fiscal 2019. Ahora bien, las alegaciones de la recurrente, para justificar la diferencia según se expresó en su escrito del 10/05/2023, se limitan a indicar que indicó que se le hicieron las observaciones al fiscalizador de la cantidad de compras que lleva a pequeños agricultores, mano de obra ocasional y otros, sin embargo, no consta en el expediente ninguna prueba aportada por la recurrente, que desmienta que aplicó más gastos de los que están reportados o que haga variar el criterio de la Administración, por cuanto aunque rectificó lo hizo por un monto mucho menor a la diferencia que se le había notificado en el documento N°2091000596343 antes citado. Asimismo, debe indicarse a la recurrente que, si quiere deducirse las compras que realiza a pequeños agricultores, mano de obra ocasional y otros como señala, debe aportar las facturas respectivas, de lo contrario no puede haber deducción. Igualmente, es de interés destacar que la recurrente, no aportó prueba que desvirtúe el monto establecido por la Administración y tampoco indicó ningún cambio respecto a los montos reportados en el formulario Nº1012655009956 correspondiente al periodo fiscal, 12/2019 de renta. Lo anterior, debido a que, con todo y la rectificativa aportada, existe una diferencia que la obligada tributaria pudo rectificar y no lo hizo, y aunque en el escrito señaló que la empresa es agrícola y pequeña y que debe mejorar muchos procesos y que se está en eso, para el presente caso, el proceso de comprobación abreviada, se supeditó a la revisión de información que obra ya en poder de la oficina fiscalizadora, de manera que, para el caso de autos al corresponder a hechos constitutivos de la obligación tributaria, el órgano fiscalizador verificó la información emanada por el mismo contribuyente facilitada a la Administración mediante el formulario Nº1012655009956, y el formulario D 151, formulario Nº1513031588722, ver archivos 0005 y 0014 del expediente, garantizando los hechos constitutivos de la obligación tributaria, en este caso, por omisión de gastos. Es en este contexto, como se determina, que las justificaciones brindadas por la recurrente, no son de recibo, lo anterior, por ser simples manifestaciones sin fundamento en pruebas de solidez, por lo que resultan infundadas y se consideran simples apreciaciones, ya que su testimonio debe estar relacionado con un tipo de prueba de carácter documental, con el propósito de demostrar fehacientemente su dicho, tal y como lo establece el artículo 293 de la Ley General de la Administración Pública aplicado supletoriamente según lo permite el artículo 155 del Código Tributario. También es importante indicar en este punto que hay que aplicar lo preceptuado por el artículo 19 del Reglamento de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria que establece: “(…) Carga de la prueba. La carga de la prueba incumbe a la Administración Tributaria respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria material, mientras que incumbe al contribuyente, responsable o declarante respecto de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la obligación tributaria.” En ese sentido, corresponderá a este último, según el caso, demostrar los hechos o actos que configuren sus costos, gastos, pasivos, créditos fiscales, exenciones, no sujeciones, descuentos y, en general, los beneficios fiscales que alega existentes en su favor. Aunado a lo anterior, más adelante en su escrito del 10/05/2023 la recurrente continuó expresando que el pago de 58 millones generaría un impacto totalmente nefasto para la empresa a tal punto de llevarla a la quiebra, siendo realmente desproporcionado e irracional tal pago de impuestos, respecto a lo antes indicado, debe indicársele a la recurrente que el monto a imponer es razonable y proporcional, y su argumento, carece de validez, por cuanto se evidencia que la actuación de la Administración Tributaria se encuentra apegada a derecho, ya que el aumento de impuesto por el monto de ¢ 58.844.062,20, (cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y dos colones con 20/100 exactos), corresponde a un recalculo realizado por la Administración, del Impuesto a las Utilidades, únicamente relacionado a la revisión de la Declaración Jurada del Impuesto a las Utilidades (D.101) formulario Nº1012655009956 del periodo fiscal 2019, y respecto a su Declaración anual resumen de clientes, proveedores y gastos específicos (D151), sus importaciones reportadas en el TICA e información de sus planillas reportadas a la CCSS, todos ellos para el periodo fiscal 2019. Así bien, el aumento de impuesto no es desproporcionado ni irracional, está fijado tal cual lo establece la normativa, y el monto establecido es racional puesto que, en este caso, el aumento, proviene como una consecuencia a una determinación fundamentada en las pruebas que se encuentran en poder de la Administración, es decir, el aumento que se impone solamente se debe a la diferencia en los gastos reportados por el mismo contribuyente, y está respaldado en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad a que inexorablemente está sometido el Estado en todas y cada una de sus actuaciones. Además de lo anterior, la representante legal, señora [...], dentro del plazo otorgado, presentó un segundo escrito en fecha 25/05/2023 donde reitera su insatisfacción sobre la determinación realizada por la Administración indicando que la declaración, es fiel reflejo de la situación económica de la empresa y que dicha determinación, está totalmente fuera de proporción lógica y carente de cualquier principio de proporcionalidad, económica y de cualquier índole, y transcribió lo establecido en el primer párrafo de la resolución determinativa de oficio MH-DGT-ATC-GER-SCE-RES-0109-2023. Respecto a lo antes indicado, nuevamente se le reitera a la recurrente que la alegada violación a los principios de proporcionalidad y de capacidad económica, es inexistente, ya que no existen pruebas en el expediente que evidencien la alegada violación señalada, ya que el aumento en el impuesto se encuentra debidamente fundamentado, acorde con el procedimiento establecido, la normativa que regula la materia, de conformidad con las pruebas y demás elementos de juicio que obran en el expediente determinativo, el aumento antes indicado, en el impuesto a las utilidades, no está fuera de desproporción lógica, puede no ser del agrado del accionante pero no aparece en modo alguno, irrazonable o abiertamente injusto en relación con el resto de personas obligadas al impuesto; las cuales en todos los casos deben justificar los gastos en que han incurrido durante los respectivos periodos en que presentan sus declaraciones, nótese también que a lo interno de cada grupo, se respeta nítidamente el principio de capacidad tributaria en el sentido de que entre menos gastos reportados, mayor suma ha de pagarse por concepto de tributo. La recurrente en su escrito del 25/05/2023, continúo expresando: (…) que de conformidad con el los artículos que describen los derechos de los contribuyentes del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N°4755 de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, solicitamos se nos especifique como podemos subsanar de una manera razonable y con los principios contables y de respaldos esta situación ya que anteriormente nos habíamos referido para poder hacer valer nuestro deber al descargo de la prueba, pero no se nos ha querido establecer un procedimiento en el cual podamos defendernos, por ello queremos tener acceso al expediente y saber cuál es el procedimiento por el cual podemos hacer valer aportar las pruebas, ya que como se les indico, las compras no se declararon en su momento en el D-151, debido a que son compras de pequeños agricultores que no sobrepasan los 2.5 millones de colones anuales. (…) Concretamente en el caso de análisis, y en atención a lo solicitado por la interesada por parte de la Subgerencia de Control Extensivo en fecha 12/06/2023 se le compartió vía correo electrónico a la dirección que tiene señalada en el Sistema Administración Tributaria Virtual ATV, el expediente digital a la señora [...] según lo solicitado. Aunado a lo anterior, es de interés recordarle a la obligada tributaria, que ella ha tenido todas las posibilidades de ejercer su defensa, en todas las etapas procesales del presente procedimiento, y que en este caso esta Administración, le ha respetado el debido proceso, el derecho de defensa y todas las garantías que la normativa le confiere, de tal forma, si la contribuyente, no ejerció su defensa en el momento del traslado de cargos en mención, el cual es impugnable, al amparo del numeral 144 del Código Tributario, no es responsabilidad de esta Administración, por el contrario, es responsabilidad de la obligada tributaria quien no aportó las pruebas pertinentes, previo a dictar la resolución determinativa de oficio y aunque en el traslado de cargos y observaciones documento N°2101000105233 de fecha 12/12/2022 se le indicó textualmente: (…) 8) Se le otorga en este Traslado de Cargos u Observaciones, un plazo de diez días hábiles para que impugne por escrito, las observaciones o cargos formulados, debiendo especificar los hechos, las normas legales en que se fundamenta su reclamo, las defensas que considere pertinentes y ofrezca las pruebas respectivas, ante la Administración Tributaria de Cartago situada en Cartago, Barrio el Molino, de la esquina noreste de la Iglesia María Auxiliadora, 300 m Sur, 100 suroeste, 50 m Sur Edificio Leonor. Lo anterior, a tenor de lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Asimismo, se indica que podrá presentar la impugnación y pruebas respectivas vía correo electrónico, en formato PDF y firmado digitalmente, a la cuenta de correo revocatorias-cartago@hacienda.go.cr de esta Subgerencia de Control Extensivo. (…) El resaltado no es original. La obligada tributaria, gozó de otro espacio procesal para oponerse, plazo en el que presentó los escritos que hoy se conocen, sin embargo, aunque tuvo la posibilidad no aportó pruebas que acompañaran su escrito, y que le permitieran a esta Administración pronunciarse de otra manera, ya que se le señaló en la resolución determinativa de oficio MH-DGT-ATC-GER-SCE-RES-0109-2023 textualmente: (…) Adicionalmente, se le indica que contra esta resolución caben los recursos de revocatoria y apelación de conformidad con los artículos 145 y 146 del Código Tributario, se podrán presentar los recursos de revocatoria y apelación a la Subgerencia de Control Extensivo o vía correo electrónico, firmados digitalmente, a la cuenta de correo revocatorias-cartago@hacienda.go.cr de esta Subgerencia de Control Extensivo. (…) El resaltado no es original. Es decir, se confirma que no ignora la Administración el mandato Constitucional como lo quiere hacer ver la recurrente, sino que esta Administración ha actuado conforme al numeral de recién cita, por lo expresado, no se vislumbra que se haya procedido de forma tal que se violente el debido proceso y garantías de la administrada, lo que sucede, es que la recurrente, no ha demostrado que los gastos a los que hace referencia y que no declaró, cumplen con los criterios para que sean deducibles, y aunque indicó, en su escrito que las compras no se declararon en su momento en el D-151, debido a que son compras de pequeños agricultores que no sobrepasan los 2.5 millones de colones, no demostró que dichas compras, se puedan considerar, como útiles, necesarias y pertinentes para generar o mantener la actividad lucrativa, proporcionales al volumen de las operaciones, que formen parte del giro normal del negocio, que cuenta con los comprobantes de respaldo debidamente autorizados por la Administración Tributaria, ya que no aportó prueba, es decir, esta administración, no tiene como saber cuáles fueron los gastos a que hace mención la recurrente, y si ésta compró a pequeños agricultores que están fuera de la legalidad, no podría deducirse ese monto como gasto ya que si el pago fue en efectivo sin emisión de factura no está justificado. Es según lo expuesto, y tal como se le indicó en la resolución recurrida, por constar en el expediente que la obligada tributaria no interpuso ninguna objeción en contra del traslado de mérito, ni aportó prueba a este expediente que haga cambiar lo resuelto en la resolución MH-DGT-ATC-GER-SCE-RES-0109-2023, así, al analizar los hechos, su fundamento jurídico y el procedimiento llevado a cabo se estima que la actuación de liquidación previa por comprobación abreviada realizada, se encuentra ajustada a derecho y encuentra su fundamento legal en los artículos 103, 124 y 126 del Código Tributario, y en los artículos del 117 al 128 del Reglamento de Procedimiento Tributario, pues una vez verificados los datos plasmados en la Declaración Jurada de Impuesto a las Utilidades del periodo fiscal, respecto a la Declaración anual resumen de clientes, proveedores y gastos específicos (D151), formulario Nº1513031588722, las importaciones reportadas en el TICA e información de planillas reportadas a la CCSS, más los siguientes conceptos reportados en su declaración del Impuesto a las utilidades, casilla número 40 correspondiente a intereses y gastos financieros, casilla número 42 por Depreciación amortización y agotamiento y casilla número 43 por Aportes a regímenes voluntarios de pensiones complementarias, todos ellos para el periodo fiscal 2019 (periodo comprendido de octubre 2018 a setiembre 2019), se generó una diferencia en el monto de Impuesto a las Utilidades reportado, ya que declaró deducciones por un monto mayor a la sumatoria de costos y gastos reportados por el mismo en la declaración informativa D151 (por conceptos de compras, servicios de alquileres, comisiones y servicios profesionales), las planillas reportadas a la CCSS, las importaciones según TICA, así como los intereses y gastos financieros (casilla número 40), la depreciación amortización y agotamiento (casilla número 42) y los aportes a regímenes voluntarios de pensiones complementarias (casilla número 43), todas ellas de la propia declaración del impuesto a las utilidades, para el mismo periodo fiscal,; considerándose por ello la declaración de mérito, ilegal e incompleta. Como bien lo apuntó la oficina de origen en el traslado de cargos de cita, la actuación estuvo referida únicamente a la Declaración Jurada del Impuesto a las Utilidades (D101) del periodo fiscal 2019 respecto a la propia información reportada por el OT en su propia Declaración anual resumen de clientes, proveedores y gastos específicos (D151), sus importaciones reportadas en el TICA e información de sus planillas reportadas a la CCSS, sus gastos por intereses, por depreciación y aportes a planes de pensión declarados, todos ellos para el periodo fiscal 2019 (periodo comprendido de octubre 2018 a setiembre 2019), de acuerdo con las pruebas que obran en poder de la Administración Tributaria y que se adjuntan al expediente determinativo Que producto del estudio efectuado, la oficina ejecutora determinó una diferencia entre el monto de Impuesto a las Utilidades que debió declarar la obligada tributaria con respecto al monto de Impuesto a las Utilidades declarado en el período fiscal 2019 (octubre 2018 a setiembre 2019), arrojando una diferencia de impuesto dejado de ingresar al fisco de ¢58.844.062,20 (cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y dos colones con 20/100 exactos) (…) Es según lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1, 8, 9 y 15 (anterior a la reforma aplicada con la Ley N°9635), artículos 1, 8, 9, 9 bis y 15 (después de la reforma aplicada con la Ley N°9635), de la Ley N°7092, Impuesto sobre la Renta y sus reformas, y artículos 2, 12 y 16 (anterior a la reforma aplicada con la Ley N°9635), artículos 3, 12, 12 bis, 12 ter y 16 (después de la reforma aplicada con la Ley N°9635) del Decreto Ejecutivo N°18445-H Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta y sus reformas, así como de la valoración de las pruebas que constan en el expediente administrativo llevado al efecto, que se determinan diferencias en el Impuesto a las Utilidades del período fiscal 2019, por lo que se considera que la actuación practicada por la Subgerencia de Control Extensivo se encuentra ajustada a derecho. Debido a lo anterior y en vista de que la obligada tributaria, en esta etapa procesal, no aportó prueba para desvirtuar lo resuelto en la resolución determinativa de oficio MH-DGT-ATC-GER-SCE-RES-0109-2023, se procede a determinar la suma de ¢58.844.062,20 (cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y dos colones con 20/100 exactos) por concepto de aumento en el Impuesto a las Utilidades del periodo fiscal 2019. Por último, según lo solicitado por la recurrente de que: (…) solicitamos se nos indique como podemos aportar la prueba o llegar a un acuerdo razonable de esta situación que nos tiene al borde de la quiebra y al cierre técnico y queremos cumplir con nuestras obligaciones tributarias en forma. (…), se le hace saber que su solicitud ha sido atendida durante el presente procedimiento, ya que, tal como se le indicó anteriormente, tanto en el traslado de cargos, como cuando se le notificó la resolución determinativa de oficio MH-DGT-ATC-GER-SCE-RES-0109-2023, en dichas etapas tuvo la posibilidad de aportar la prueba que considerara pertinente y no lo hizo, es decir la obligada tributaria, no genero defensas precisas que desvirtúen de forma contundente el cálculo realizado, sino que lo indicado en los dos escritos aportados, carece de fuerza para disponer la revocación parcial o total de lo resuelto previamente ya que se extrañan como en derecho corresponde, argumentos y probanzas que evidencien que esta Administración Tributaria ha procedido contra derecho, por lo que no existe ningún elemento que le permita a esta Administración Tributaria tener por demostrados los gastos que declaro en la D 151…” (archivo 0041, páginas 4 al 13).