TFA-199-S-2024

Que mediante recurso de apelación interpuesto en defensa de sus derechos, el contribuyente manifiesta lo siguiente: “(…) II. Sinopsis. El presente recurso trae a esta instancia una serie de nulidades de los actos administrativos que establecen y confirman la sanción por artículo 80 CNPT por considerar la existencia de vicios de nulidad absoluta que deben ser atendidos. En relación con el fondo de la sanción interpuesta, se trae a este Tribunal la aplicación de la norma realizada por [...] CR para efectos de demostrar que actuó con base en el ordenamiento al momento de proceder con el pago del Impuesto, por lo que se hizo el pago en tiempo, o por lo menos, debe considerarse una aplicación aceptable de las figuras jurídicas del procedimiento administrativo con sustento en los criterios y antecedentes de los órganos judiciales que justifican el actuar de la empresa, por lo que, no hace a [...] CR imputable de la sanción pretendida, por considerar que estaba actuando en aplicación del ordenamiento, como excepción del elemento antijuridicidad. Por lo cual, se acude a esta instancia para la atención del recurso pues no solo se trata de que [...] CR posee una aplicación e interpretación diferente de la norma de la aplicada por la Administración, sino para la atención de las defensas y alegatos de [...] CR toda vez que hasta esta instancia administrativa se ha confirmado la sanción de forma automática pues no existe razonamiento con base en el principio de legalidad, sea norma o interpretaciones de esta instancia o judicial que desacrediten el actuar de la empresa, por el contrario, el fundamento de [...] CR sigue una aplicación lógica y razonable. III. Violación al debido proceso. En conocimiento del Recurso de Revocatoria presentado, la Administración rechaza las nulidades y defensas de fondo alegadas con fundamento jurídico para confirmar la sanción impuesta por artículo 80CNPT. Sin embargo, este conocimiento carece de sustento legal, es decir, existen una serie de afirmaciones en la Resolución confirmatoria del cual se desconoce su sustanciación, pues no existe normativa jurídica que valide la actuación, al respecto se cita: “Pese a lo anterior, en dicha resolución, esta Dirección a efectos de verificar si existía algún vicio como tal, procedió a analizar los elementos del acto, determinándose que no existía un vicio de nulidad. Análisis que se realiza de nuevo junto con la resolución No. DGCN-330-DG-INFRACC-2022, con idéntica finalidad.” Como se observa la DGCN indica que analiza, pero no hace referencia a qué analiza y como llega a esa conclusión, porqué desacredita la defensa de la empresa y con qué fundamento jurídico, lo cual, claramente es violatorio de los derechos de [...] CR. También, existe mucha confusión en la aplicación de términos jurídicos que evidencian la no existencia de motivación pues confunde a la empresa y al final no conoce sus defensas por referirse a circunstancias no aplicables o situaciones jurídicas incomprensibles. Aunado a lo anterior, debe verse que la resolución mediante la cual se rechaza las nulidades es muy teórica, es decir, transcribe definiciones de los elementos del acto administrativo, sin realmente entrar a conocer las nulidades planteada por violación al debido proceso, pues concluye en que la misma no procede, que se aseguró que no hay falta de ningún elemento del acto administrativo sin que verse análisis o fundamento jurídico de cómo llegó a esa conclusión, es decir, no se analiza la no procedencia de las nulidades señaladas ni tampoco qué realizó para comprobar la veracidad de la Resolución Determinativa. También transcribe el machote que posee la administración para referirse a las nulidades absolutas, transcribe hasta la página 5 (de 16) las defensas de [...] CR y también repite y parafrasea las defensas en la parte considerativa, pero no hay un verdadero análisis de las defensas, no se desacredita la aplicación de la norma que hace [...] CR. Hace uso de las figuras jurídicas sin realmente aplicarlas al caso concreto y sin entender los actos administrativos, como se observa. Establece que la Propuesta Motivada no es un acto administrativo, lo cual contraria en adelante al hablar del contenido del acto en la Propuesta Motivada. Por lo que, resulta preciso recordarle a la DGCN que un acto administrativo es definido como: (1) (Ortiz Ortiz Eduardo, Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, Tesis 15, Edición Mimeografiada, 1974, pág.1). “una manifestación unilateral de voluntad dirigida a producir un efecto de derecho y emanada normalmente de la Administración en uso de una potestad administrativa." Es decir, no solo las Resoluciones administrativas deben contener los elementos del acto para su validez y eficacia, sino que, todo acto, incluso, los preparatorios también. Por lo que, al indicar que no declara derechos ni deberes de forma definitiva pues constituye una preparación de la Resolución, no le exige de emitirse un acto en apego a la Ley General de la Administración Pública. Sobre el particular es preciso observar el Manual de Procedimientos Administrativos emitido por la Procuraduría General de la República, establece que, de conformidad con estos principios de intimación e imputación la sección fiscalizadora debe notificar al interesado de los hechos, cargos, motivos, carácter y fines por los cuales se abre el respectivo procedimiento administrativo (principios de intimación e imputación). En ese sentido se le notifica al contribuyente el carácter y fines del procedimiento, de esta forma debe señalarse exactamente el tipo de procedimiento que se va a seguir, también es necesario delimitar expresamente hacia qué tiende el procedimiento (tipo de procedimiento que se va a seguir y el fin que se persigue con él), esto es, la determinación de oficio del impuesto sobre la renta y la metodología usada. Bajo este contexto, la PGR ha insistido en reiteradas oportunidades que "necesariamente el objeto, el carácter y los fines del procedimiento administrativo deben quedar expresamente determinados desde la resolución administrativa por la cual se nombra al órgano director”. (Dictamen No. C-289-2005 del 8 de agosto del 2005). (El destacado no es del original). Por último, en relación con el principio de intimación, se hace referencia las resoluciones de la Sala Constitucional números: 1739-92 de las 11:45 horas del 1 de julio de 1992, 2945-94 de las 08:12 horas del 17 de junio de 1994, 2376-98 del 1 de abril de 1998, 2253-98 de las 13:03 horas del 27 de marzo de 1998, 632-99 de las 10:48 horas del 29 de enero de 1999; así como los dictámenes de la PGR números: C-034-1999 del 5 de febrero de 1999, C-049- 1999 del 5 de marzo de 1999, C-170-2000 del 1 de agosto del 2000, C-242- 2001 del 7 de setiembre del 2001, C-263-2004 del 09 de setiembre del 2004, C-219-2003 del 14 de junio de 2005. El principio de intimación garantiza que los hechos que sirven de base para iniciar por ejemplo el trámite de una causa disciplinaria no se modifiquen por otros que el indiciado no conozca. No es posible, entonces, que la Administración en el acto decisorio tome en cuenta hechos ajenos a aquellos que ha señalado, salvo en aquellos supuestos en que la parte los introduzca durante el procedimiento aportando la prueba pertinente. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado en la Resolución No.21 de las 14:15 horas del 9 de abril de 1997: (…) transcribe párrafos de interés, visibles a folio 155- (…). Lo anterior, es obtenido de la fuente: Costa Rica. Procuraduría General de la República Manual de Procedimiento Administrativo / Procuraduría General de la República. San José, Costa Rica: La Institución, 2006, página 58 a 60, Por lo cual, no llega razón la DGCN al indicar que la Propuesta Motivada, como un acto previo no debe cumplir con los elementos del acto administrativo porque no es un acto administrativo. Aunado a lo anterior, la Resolución confirmatoria no hace referencia clara de los antecedentes que refiere y por lo tanto, esta representación no tiene la posibilidad de corroborar su existencia y si realmente dicen lo que supuestamente está transcribiendo para efectos de ejercer de forma debida su derecho de defensa. Esto, se ve reflejado en la página 10 de la Resolución confirmatoria, en la cual, en referencia a un antecedente indica que se va referir a un extracto del “Tribunal Fiscal Administrativo”, pero posteriormente lo denomina como sentencia que dictó la "Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia” es decir, no se entiende si hace referencia a un extracto judicial o administrativo, y sí es judicial porqué extrae jurisprudencia de una sala que conoce aspectos laborales y de familia, que en nada tiene aplicación a la materia de derecho público ni tampoco de sanciones administrativas como la que acá se discurre. Más gravoso de lo anterior, es que hace la transcripción del antecedente jurídico, y concluye algo completamente diferente al indicar: “no implica que los efectos de esa sentencia quedan suspendidos mientras ese Tribunal se pronuncie nuevamente, a saber con la notificación de la Sentencia No.759-P-2021, la cual rechazó por inadmisible la solicitud formulada, motivo por el cual no lleva razón el contribuyente con respecto a que a partir de dicha notificación se inicia la cuantificación para quedar firme la resolución y por ende, se computa a partir de tal momento el plazo para pagar la deuda.” No hay forma que de la lectura del antecedente jurídico transcrito, pueda llegar a esa conclusión, por lo cual, se refleja la serie de apreciaciones incongruentes que confirman una sanción tan gravosa a mi representada en desaplicación del principio de inocencia. incluso, cuestiona la Resolución Confirmatoria los antecedentes judiciales traídos a colación sobre la aclaración y adición e indica que no aplica por ser parte de la imposición de un recurso de casación. Para efectos del caso concreto, lo que se debe verificar es la figura jurídica, pues claramente, el caso de fondo no coincide ni tiene porqué hacerlo, pues se trata de los efectos jurídicos de la aclaración y adición. Ahora, es importante hacer referencia al bien jurídico tutelado, pues desde la etapa anterior la DGCN afirma que se lesiona el bien jurídico de fiscalización y ante el cuestionamiento de la empresa que puede utilizar la palabra de forma abierta. Sin embargo, acá no se trata de un ejemplo, sino que la DGCN tiene que el supuesto pago fuera de plazo afecta el bien jurídico, lo cual, no son meras palabras, sino palabras mayores que imputan a la empresa la violación del fin público, pero que se resalta no existe tal fin corno el bien jurídico de fiscalización, lo que denota una vez más la aplicación errada de las figuras jurídicas y del derecho en sí. Adicionalmente, a las referencias incorrectas realizadas del derecho, indica la resolución que existe cosa juzgada en el procedimiento para referirse al agotamiento de la vía administrativa, por lo que, a esta representación le resulta indispensable acotar que solo el poder judicial puede emitir la cosa juzgada, no es una competencia del poder ejecutivo que se está atribuyendo la DGCN. Esta representación respetuosa de la función administrativa no puede dejar pasar por alto en respeto de sus derechos de defensa en un procedimiento sancionador, que la Resolución confirmatoria refleja el desapego o desconocimiento de las figuras de derecho administrativo que utiliza en aras de rechazar las defensas de la empresa, lo cual es gravoso pues una persona que no sabe de derecho resuelve una nulidad, tal es el caso del director y subdirectora quienes, en aplicación del artículo 149 CNPT y 268 CNPT dictan y firman la Resolución Sancionadora y dictan y firman la Resolución Confirmatoria, pero ninguno de los dos son abogados incorporados al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, es decir, fa sanción por artículo 8º CNPT está dictada por funcionarios quienes no tienen el conocimiento técnico para conocer los alegatos sobre las nulidades jurídicas, tampoco de procedimiento y quienes tampoco conocen los elementos del acto administrativo, por lo cual, se denota que existe una confirmación automática de la sanción pues con base en las afirmaciones de las Resoluciones impugnadas se concluye que la ambigüedad y contrariedad expuesta, es causal del desconocimiento de derecho. Así, para esta representación le es incomprensible que se pueda respetar el debido proceso y derecho de defensa que le asiste como contribuyente en un procedimiento donde no figuran profesionales en derecho que tengan el conocimiento técnico legal para referirse a las defensas de aplicación debida de la normativa costarricense. Lo anterior refleja la serie de inconsistencia de fundamento, o sea de motivación de una resolución confirmatoria sobre la sanción confirmada a [...] CR, lo cual, es realmente preocupante en el tanto, en el procedimiento administrativo más gravoso de la normativa costarricense, es decir, en el procedimiento sancionador se confirma una sanción automáticamente e ignora las defensas de la empresa, por lo cual, se solicita se declare la nulidad absoluta de las Resoluciones recurridas. IV. Falta de motivo por no consideración de la Resolución complementaria. La DGCN pretende una sanción por considerar que esta representación procedió con el pago -bajo protesta- de forma tardía por no considerar que se interpuso una gestión de aclaración y adición de la Resolución del TFA No.531-P-2021, que como consecuencia jurídica se tiene como no firme la Resolución para efectos del cómputo del plazo de la etapa siguiente, en este caso el pago, ya que la DGCN indica que los recursos no suspenden ni detienen las consecuencias o disposiciones tomadas, expresamente señala en la Resolución Sancionadora: “Sin embargo, arguye incorrectamente la DGCN que, si bien “la normativa señala que una vez interpuesta dicha gestión de adición y aclaración se interrumpen los plazos, pero únicamente para la interposición de otros recursos si fuera de su interés, no pudiendo interpretarse que también se suspendan los efectos del acto administrativo como tal. Es importante aclarar, que cuando un recurso administrativo se interpone en tiempo, este no detiene o suspende los efectos o consecuencias de acuerdo o disposición tomada, es decir cuando un acuerdo, disposición o resolución ha sido tomada en términos legales, debe ejecutarse inmediatamente" (el resaltado es propio)” En la Resolución confirmatoria indica sobre el particular: “Es pertinente aclarar que el acto a partir del cual comienza a computarse el plazo que tiene el contribuyente para cancelar el monto adeudado, se configura desde la notificación de la Sentencia No. TFA 531-P-2021 emitida por el TFA y no con la notificación de la Sentencia No. TFA-759-P-2021 emitida por ese Tribunal, en la cual se rechaza la solicitud de adición y aclaración por inadmisible. Siendo pertinente indicar que dicha gestión no suspende los efectos del acto administrativo emitido por el Tribunal Fiscal Administrativo. Si bien es cierto el numeral 63 del Código Procesal Civil indica que se interrumpe el plazo para interponer recursos, no es así para realizar la ejecutoriedad del acto. Este análisis es esencial para arribar a la conclusión de que la interpretación errada del contribuyente lo lleva a efectuar de forma tardía un pago, configurándose lo tipificado en el numeral 80 del Código Tributario. Así las cosas, se determina que los actos cuestionados a todas luces contienen un presupuesto jurídico, por lo que, efectivamente se puede concluir que no existe vicio alguno que deba de ser decretado como tal, ello por cuanto dicho acto lo precede una norma legal el cual se adecúa a la omisión del contribuyente al no cancelar dentro del plazo establecido por Ley los tributos respectivos” Como se observa, el anterior párrafo con el cual la Administración sostiene la sanción impuesta carece por completo de fundamento legal, por lo cual, es una simple apreciación de una situación jurídica, que no reposa en bases legales, es decir, la DGCN pretende mantener sanciones por actuaciones que se apegan al ordenamiento haciendo afirmaciones subjetivas, así que no hay respeto al derecho de defensa de la empresa, de la seguridad jurídica ni del debido proceso. Misma situación se observa en el siguiente extracto de la Resolución confirmatoria: “Efectivamente esta Dirección tiene claridad de la distinción entre un recurso y una gestión de tal naturaleza no como lo pretende hacer ver el oponente y la interpretación que se realiza con respecto a que los recursos no suspenden los efectos del acto es con la intención de ejemplificar que, si la interposición de un recurso el cual conoce el fondo del asunto no viene a suspender la ejecutoriedad del acto, mucho menos una gestión en la cual no se dilucida el fondo.” Como se observa, se detiene la DGCN a realizar interpretaciones que el principio de legalidad no le permite, pues extiende lo aplicado para un recurso, a una gestión, que la misma jurisprudencia ha dejado claro sus efectos jurídicos en el procedimiento administrativo, como se verá más adelante. Sobre el particular, hay dos apreciaciones importantes del ordenamiento jurídico, la primera, es que la gestión de aclaración y adición no es un recurso es una acción, la cual, efectivamente no es capaz de producir una variación en el resultado de la resolución, pero si tiene consecuencias jurídicas tales como no permitir que avance el plazo de la siguiente etapa, la segunda, la gestión de aclaración y adición está regulada en el Código Procesal Civil, supletorio de conformidad con el artículo 155 CNPT y 220 CPCA. De esta forma, el rechazo de las defensas de [...] CR al pretender un ingreso mayor por pago de morosidad que legalmente no se han generado, es improcedente, ya que la DGCN no está contemplando la integridad del ordenamiento jurídico y los efectos de la interposición de la adición y aclaración, por lo cual es preciso desarrollar nuevamente las defensas sobre lo acaecido. La figura de la gestión y aclaración es una acción procedimental tiene carácter de complementar lo dispuesto en la resolución que resuelve el recurso de apelación, de manera que resulta procedente cuando se considere la existencia de una omisión en el pronunciamiento que debe ser aclarado a quien lo solicite como garantía de sus derechos de defensa sobre lo resuelto. Es así que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 552-2011 manifiesta lo siguiente: (…) transcribe párrafos de interés, visibles a folio 156 vuelto- (…). No es de recibo que la DGCN pretenda comparar los recursos con el remedio procesal de la adición y aclaración, pues los mismo Tribunal Contencioso Administrativo ha dejado claro que son figuras con efectos y fines diferentes, así lo indica la Resolución No.069-2004 de las once horas con veinte minutos del 20 de febrero de 2004: (…) transcribe párrafos de interés, visibles a folios 156 vuelto al 157- (…). (2) (En esos mismos términos véase la Resolución No.614-2005 del 21 de diciembre de 2005 TCA). Véase como existe claridad que la adición y aclaración si interrumpe los plazos para seguir con la siguiente etapa lo cual es claro desde la razonabilidad porque lo que se emite es una resolución complementaria. Ahora bien, teniendo claro que la DGCN está errada en sus apreciaciones se recuerda que, la figura de la aclaración y adición como gestión procedimental, es un remedio permitido por el ordenamiento jurídico que configura una resolución complementaria. El Tribunal Contencioso Administrativo, en consideración del vigente Código Procesal Civil, en su resolución No.115-2020 de las nueve horas con veinticinco minutos del 23 de julio de 2020 indica cuando procede la gestión de aclaración y adición de la siguiente forma: (…) transcribe párrafos de interés, visibles a folio 157- (…). Por lo que, la Resolución que conoce la solicitud de aclaración y adición es una resolución complementaria de la Sentencia, que nace producto de esta y que finaliza el pronunciamiento del tribunal encargado, esto, en los términos que lo ha indicado Parajeles al decir. ”... te corresponde al juez o a la jueza. Se trata de una resolución complementaria de la sentencia. (3) Gerardo Parajeles Vindas. “Los Procesos Civiles y su Tramitación”. 1a. Edición Costa Rica: Poder Judicial. 2010. En esos términos, al presentarse en la vía administrativa, se entiende la Adición y aclaración, como el complemento a la Resolución emanada por la autoridad, en el caso concreto, la del Tribunal Fiscal Administrativo. De la lectura del numeral 63 del Código Procesal Civil se observa que: “ARTÍCULO 63.- Invariabilidad, adición, aclaración y corrección de errores materiales Los tribunales no podrán revocar ni modificar sus sentencias pero sí aclarar cualquier pronunciamiento oscuro o contradictorio, o suplir cualquier omisión sobre algún punto discutido. Estas aclaraciones o adiciones solo procederán respecto de la parte dispositiva. Si la sentencia se dicta oralmente, las partes podrán formularla en el acto y se resolverá de inmediato. También, podrán solicitarla dentro de los tres días siguientes. Sí la sentencia se emite por escrito, el tribunal podrá hacerlo de oficio antes de la notificación. Las partes pueden solicitarlo dentro del tercer día y se deberá resolver en el plazo de tres días. La solicitud de adición o aclaración interrumpe el plazo para la interposición de recursos. Los tribunales podrán corregir en cualquier tiempo los errores puramente materiales, aun en etapa de ejecución.” (El resaltado no es del original). Entonces, con base en lo anterior se observa que la solicitud de adición y aclaración se debe interponer dentro de los tres días y debe ser resuelto, también dentro de los tres días, siendo que durante el tiempo que se dilate en resolver el plazo se interrumpe según lo señala el mismo numeral. Hasta acá se observa que, la interrupción del plazo se da por los tres días y también por el tiempo adicional que dilata el Tribunal en resolver por lo tanto, se entiende que el procedimiento se encuentra siguiendo su debido proceso, pues hasta tanto no exista resolución por parte del Tribunal Fiscal Administrativo de la gestión de aclaración y adición interpuesta, no se puede entender como firme la Resolución emanada por ser esta y como su nombre lo indica, un complemento de la resolución a la cual, se interpuso la gestión. En ese sentido, como sucede con cualquier etapa procedimental, el procedimiento no puede avanzar a las siguientes etapas hasta tanto no precluya la etapa actual, como es lo típico en el procedimiento determinativo, para garantizar el derecho de defensa, la legalidad y el debido proceso, pues sería actuar contrario a derecho, emitir una resolución confirmatoria, si aún se encuentra el procedimiento en la etapa de impugnación del Traslado de Cargos, en ese mismo sentido, si se interpone dentro de tiempo y forma el Recurso de revocatoria, no podría la Administración a cargo, emitir la Resolución liquidadora o requerimiento de pago, pues aún el procedimiento no se encuentra firme. Lo mismo sucede en el caso concreto, al haberse presentado una gestión de aclaración en los términos que la ley los admite y ha sido citado, no se puede seguir con la etapa siguiente, sea la liquidación de la deuda, pues se requiere que la Resolución del Tribunal Fiscal Administrativo se encuentre firme y esto solo sucede en dos supuestos, 1. Si al pasar los tres días no se presenta gestión de aclaración y adición o 2. Si interpuesta la gestión de aclaración y adición, se resuelve, esto, pues así lo ha definido la normativa. También, resulta de importancia para entender la pertinencia de la interposición de la gestión de adición y aclaración que, siempre le es óptimo para el contribuyente fiscalizado presentar la gestión de adición y aclaración en vía administrativa, en cumplimiento del precepto 137 CPC, so pena de que en vía judicial no se admita la interposición del recurso de casación por no haber agotado toda instancia, según lo indica el inciso 2 de este numeral: “ARTÍCULO 137.- 1) Procederá el recurso de casación por violación de normas procesales del ordenamiento jurídico, en los siguientes casos: a) Falta de emplazamiento, incluso la deficiencia en la composición de fa litis, así como la notificación defectuosa del emplazamiento a las partes principales. b) Indefensión de la parte, que no le sea imputable, cuando se le afecten los derechos de defensa y del debido proceso. c) Falta de determinación clara y precisa, en la sentencia, de los hechos acreditados por el Tribunal o por haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. d) Falta de motivación. e) incompetencia de los tribunales costarricenses, habiendo sido alegada y rechazada en el momento procesal correspondiente. f) Dictado de la sentencia por un número menor de jueces que el exigido para conformar el Tribunal o cuando uno de ellos no haya estado presente en el juicio oral y público. g) inobservancia de las reglas previstas en este Código para la deliberación, el plazo de dictado de la sentencia o. la redacción del fallo en sus elementos esenciales. h) Violación de las normas cuya inobservancia sea sancionada con la nulidad absoluta. i) Contradicción con la cosa juzgada. 2) Las causales del recurso de casación por las razones procesales establecidas en el presente artículo, solo podrán alegarse por la parte a quien haya perjudicado la inobservancia de la norma procesal. Además, será necesario haber gestionado, ante el órgano jurisdiccional pertinente, la rectificación del vicio, en los casos que sea posible su rectificación en el Tribunal.” (El resaltado no es del original) El anterior numeral establece diversas causales por las cuales se puede interponer recurso de casación, entre ellas, las que define el inciso 2 que se refiere a la violación del derecho de defensa y de debido proceso, pero además indica que, el recurso de Casación cabe si y siempre que, se haya gestionado todas las gestiones procedimentales oportunas que caben ante el mimo Tribunal quien dicto el acto, a contrario sensu, es requisito sine qua non interponer la adición de aclaración para que, cuando se acuda a la vía judicial y se requiera acudir al recurso de casación, el mismo pueda ser conocido sin que sea rechazado de plano por no haber agotado en vía administrativa o en la misma vía judicial todos los recursos y gestiones que el ordenamiento jurídico permite. También, ya ha sido así indicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia No.1037-2018 de las once del 28 de noviembre de 2018, al indicar: “En todo caso, sí se quita nada pasa, pues se parte de que no existió pretensión independiente a la reinstalación en el puesto. Sí la parte actora encontró una omisión en la sentencia, era su obligación gestionar, ante el órgano jurisdiccional, la rectificación del vicio que consideró existía, por medio de la solicitud de adición al fallo, de conformidad con el numeral 137,2 en fine del CPCA: “será necesario haber gestionado, ante el órgano jurisdiccional pertinente, la rectificación del vicio, en los casos que sea posible su rectificación en el Tribunal. La alegada falta de motivación y falta de determinación de los hechos, en su carácter de vicio procesal, corre igual suerte. El casacionista no puede pretender pronunciamiento sobre extremos accesorios y no encuentra la Sala la apuntada falta de motivación sobre el rechazo de la demanda. Consecuentemente, este extremo del reparo se rechaza.” (El resaltado no es del original). En los mismos términos, indica la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia No.02599-2020 de las dos y cincuenta y cuatro del 12 de noviembre de 2020: “...en segundo lugar, esta Sala estima que si en criterio del actor, el Tribunal omitió pronunciarse sobre algunas pretensiones, debió pedir su corrección por la vía de la adición al Tribunal, lo cual no hizo. La incongruencia en los términos expuestos en el recurso, era posible de subsanar mediante ese remedio procesal. El Código Procesal Civil -CPC- es claro en la norma 69.2 en indicar lo siguiente: “No será motivo para recurrir la falta de pronunciamiento sobre costas, incidentes sin influencia directa en el fondo del asunto, o cuando no se hubiera pedido adición del fallo para llenar la omisión...” (la parte subrayada es de esta Sala). En relación, el numeral 63 ibidem señala que los Tribunales pueden suplir cualquier omisión sobre algún punto discutido, esto en la parte dispositiva, pero para ello era requerido la solicitud según lo preceptuado en el canon 69.2 del CPC.” Debe en ese sentido traerse a colación la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No.1317-2013 de las dos con cuarenta y cinco minutos del 01 de octubre de 2013 que dispuso: "Como bien dispusieron los juzgadores, el Tribunal Fiscal Administrativo declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por la CCSS, mediante resolución no. 43-2003 del 30 de enero de 2003. Posteriormente, rechazó la solicitud de adición y aclaración presentada en acto no. 83-2003 del 26 de febrero, que fue notificado a la CCSS el día 10 de marzo y a la Dirección General de Tributación Directa el 27 del mismo mes. Estos hechos, en criterio de la mayoría de los integrantes de esta Sala, determinan que la demanda fue establecida fuera del plazo de 30 días hábiles establecido tanto por el CNPT como por la LRJCA, pues fue incoada el 18 de octubre de 2006, una vez transcurridos más de 3 años desde la última notificación del acto que denegó la adición y aclaración del final” (El resaltado es propio). Con base en esa sentencia nuevamente se recalca que para efectos de considerar agotada la vía administrativa y seguir con la etapa procesal siguiente, se debe considerar la gestión de adición y aclaración, sin importar que la misma haya o no sido declarada con lugar. Además, la misma DGCN deja claro que, el numeral 158 del CNPT indica que los fallos del Tribunal Fiscal Administrativo agotan la vía, sin embargo, omite entender que, la firmeza del recurso de apelación se la brinda la Resolución complementaria en caso de haberse interpuesto la gestión de adición y aclaración, por lo que se cita el artículo indicado: “Articulo 158.-Jurisdicción y competencia. Las controversias tributarias administrativas deberán ser decididas par el Tribunal Fiscal Administrativo, el que en adelante deberá regirse por las disposiciones de este capítulo. Dicho Tribunal será un órgano de plena jurisdicción e independiente en su organización, funcionamiento y competencia, del Poder Ejecutivo y sus fallos agotan la vía administrativa. Su sede estará en la ciudad de San José, sin perjuicio de que establezca oficinas en otros lugares del territorio nacional, y tendrá competencia en toda la República, para conocer de lo siguiente: 1. Los recursos de apelación de que trata el artículo 156(*) de este Código, 2. Las apelaciones de hecho previstas por el artículo 157(*) de este Código. 3. Las otras funciones que le encomienden leyes especiales.” (...) (El resaltado es propio). Por lo que, resulta ¡inevitable que debe observarse de forma integral el ordenamiento porque el remedio procesal como figura de aclaración y adición que se brinda y que interpuso en tiempo y forma [...] CR interrumpe el plazo del cómputo de la morosidad al no existir aún un acto firme. Debe entonces entenderse que hasta la emisión de la resolución complementaria como último acto se cumpliría lo dispuesto en el artículo ut supra de agotar la vía, ya que no posee sentido que se agote la vía aún cuando el Tribunal puede emitir aclaraciones sobre la Resolución dictada. Así las cosas, existe error en el motivo de la Resolución No. DGCN-330-DG-INFRACC-2022, dado que existe una incorrecta determinación de los supuestos de hecho toda vez que la DGCN parte de razones incorrectas para tipificar la sanción por artículo 8O CNPT. El doctrinario Ortiz Ortiz señala que el motivo del acto es: “El motivo del acto es el antecedente jurídico que hace posible o necesario la emisión del acto, de conformidad con la Ley. (...) El motivo, causa o presupuesto, en cambio es el antecedente jurídico que permite ejercer la competencia en el caso concreto y su ausencia determina la imposibilidad de ese ejercicio exclusivamente en ese caso, no en los otros que puedan sobrevivir. El antecedente jurídico puede ser de diversas naturalezas, a saber: a) Un hecho simple a constatar, mediante reglas empíricas (..) b) Un hecho técnico o constatable por apreciaciones técnicas (...) c) Una cualidad jurídica o indeterminada de una cosa, un acto o un comportamiento o un sujeta, (...) La importancia decisiva del motivo es que el antecedente inmediato del acto, que crea la necesidad pública, es concreto y lo hace posible y necesario. Desde este punto de vista, la posibilidad de que el acto se adecue a su fin queda condicionado por la realización del motivo. La ausencia de este equivale también a la ausencia del fin legal del acto” (4) Ortiz Ortiz E. “Tesis de derecho administrativo” p. -357-359 ed. 2002. (El resaltado es propio) Por lo que, al estar fundamentado el motivo de la sanción en apreciaciones de la normativa y no de la lectura integral de la norma procedimental aplicable, se tiene falencia en el fundamento legal y en las bases normativas que justifiquen el supuesto exceso de días dentro de los cuales procedió [...] CR a pagar la sanción correspondiente. En esos términos señala la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia No.1242-2020 del 31 de marzo de 2020: "El elemento motivo debe concebirse como la razón por la cual la Administración emite el acto, está constituido por un conjunto de antecedentes fácticos y jurídicos sobre los cuales se sostiene la decisión tomada. El motivo debe existir y ser legítimo (cardinal 133 Ley General de la Administración Pública). Se considera que tal elemento se encuentra ausente, cuando los hechos que se invocan como antecedentes y que vienen a justificar la emisión del acto son falsos, inciertos o inexistentes, lo que produce su nulidad absoluta.” Lo anterior con base en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública al señalar. “Artículo 133.- El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto. 2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento.” La ley es clara al indicar que el motivo del acto debe ser legítimo pero en el presente caso, la DGCN pretende cobrar morosidad y una sanción porque supuestamente transcurrió más plazo que el otorgado por ley para pagar, sin embargo, parte de la firmeza de la resolución del TFA sin considerar la Resolución complementaria, misma que resolvió una gestión de adición y aclaración y tal como lo dicta el ordenamiento y ya lo ha dejado claro tanto el Tribunal Contencioso Administrativo, así como la Sala Primera, se interrumpe el plazo que deberá empezar a computarse una vez se notifique la resolución complementaria al administrado, en el caso concreto, el plazo de pago corre una vez notificada la resolución que resuelve la gestión de adición y aclaración a [...] CR. Así las cosas, no es de recibo que en la Resolución que acá se recurre se haga la observación sobre el correcto análisis por esa instancia de los elementos del acto administrativo toda vez que resulta evidente la falta de motivo del acto y así solicita se declare. V. Improcedencia de la sanción por pago del Impuesto dentro del plazo de Ley. La Administración confirma la sanción pretendida por considerar que la empresa procedió con el pago del Impuesto fuera del plazo de ley, a pesar de que, la empresa ha comprobado con la normativa aplicable que, lo hizo dentro del pazo y dadas las facultades del ordenamiento jurídico. Sin fundamento legal o antecedentes jurídicos la DGCN mantiene que [...] CR. no pagó dentro del plazo, por lo tanto, resulta imperioso para esta representación que en esta instancia se haga la valoración jurídica de la aplicación de la norma y se entienda que se actuó conforme a derecho, por lo tanto, se declare sin lugar la sanción pretendida. La DGCN resalta su facultad para imponer sanciones administrativas, pero esta representación no se encuentra cuestionando la facultad sancionadora de las administraciones tributarias, puesto que nos encontramos claros de los preceptos normativos que rigen en el ordenamiento tributaria y la potestad de imperio de la Administración, lo que esta representación cuestiona es la sanción arbitraria, no la facultad para sancionar. La sanción pretendida por la DGCN es errada porque parte de que existe morosidad del pago de Impuesto (artículo 80 CNPT) por el simple hecho de no entender el procedimiento administrativo y los efectos de las actuaciones dentro del procedimiento, según se expuso en el anterior apartado. indica la DGCN que no existe en la resolución recurrida ausencia de ningún elemento que genere la nulidad de la misma ni ocasione violación al debido proceso, además argumenta que no existe omisión alguna a la formalidad sustancial de la propuesta sancionatoria. Sin embargo, debe recodarle esta representación a la DGCN que TODO acto administrativo debe ser motivado de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, motivación inexistente en la resolución que acá se recurre. La Administración Tributaria se rige por el principio de legalidad constitucional (artículo 11 de la Constitución Política -“CPOL”- y 11 de la Ley General! de la Administración Pública -"LGAP”-), según los cuales la Administración Pública y sus funcionarios solo pueden realizar aquellos actos para los cuales se encuentren expresamente autorizados por ley. Así las cosas, todos sus actos deben encontrar fundamento y deben desarrollarse de acuerdo con los preceptos legales y normativos en general. La Administración Tributaria no es una excepción frente a este principio, por lo tanto, sus actos deben ser dictados con estricto apego a la ley. En un Estado de Derecho, se establecen normas para controlar el Poder otorgado al Estado (artículo 2 Constitución Política). El principio de legalidad garantiza que el Estado sea justo y que no actúe arbitrariamente abusando o desviando su poder. Todos aquellos actos realizados fuera del marco normativo correspondiente serán arbitrarios y abusivos y, deberán ser nulos absolutos. En el presente caso, la Resolución impugnada denota falta a su deber constitucional de guiar sus actos en estricto apego a la ley, irrespetando las garantías constitucionales del contribuyente, La DGCN no respetó el debido procedimiento administrativo al omitir la motivación bajo el cual justifica sus actuaciones y esta omisión nace porque la motivación del acto es errada, toda vez que justifica la sanción en apreciaciones carentes de sustento jurídico y sin la comprensión de los efectos procesales de cada acto administrativo dentro del procedimiento tributario, al no integrar en este procedimiento, la gestión de aclaración y adición como una acción más que el contribuyente puede ejercer por ser parte del procedimiento administrativo público. Por lo que la falta de motivación se genera al pretender imponer una sanción que no puede ser atribuida a mi representada, ya que el tributo fue compensado en tiempo y forma, tal y como se evidencia en la línea de tiempo aportada en la impugnación de la sanción que se trae a colación nuevamente:

La DGCN parte de la existencia de sanción por artículo 8OCNPT porque se encuentra computando el plazo de los 30 días desde el 03 de setiembre de 2021, es decir, cuando se notificó la Resolución No.TFA-531-P-2021 ignorando la interposición de la Gestión de aclaración y adición y que por ende, el plazo de los 30 días hábiles para realizar el pago de la obligación se debe computar desde el 14 de diciembre de 2021, cuando se notificó la Resolución No.759-P-2021 complementaria que resuelve la gestión de aclaración y adición y que por ende, deja firme la Resolución No.531-P-2021, como se explicó supra. Claramente, la DGCN no entiende la importancia de cada etapa del procedimiento administrativo e ignorala existencia como parte del procedimiento de la gestión y adición, ignora tanto esta etapa procedimental que, notificó a la empresa del requerimiento de pago antes de que se le notificara a [...] CR sobre la Resolución de la gestión de aclaración y adición presentada, lo que a todas luces contraviene el debido proceso y los derechos del contribuyente, según el inciso 1) del artículo 171 CNPT. Así, en análisis de la normativa aplicable y los antecedentes jurisprudenciales existentes sobre el tema, se tiene que, en el caso concreto de [...] CR, la actuación de la Dirección General de Grandes Contribuyentes Nacionales de cobro fue prematura pues al no haberse resuelto la aclaración y adición al recurso de apelación, no podía continuar con la etapa siguiente, lo mismo que, no es técnicamente correcto que compute el plazo sin considerar la Resolución complementaria No.759-P-2021. Además, también es importante considerar que, según lo establece el mismo artículo 63 CPC el plazo se interrumpe para efectos de continuar con las etapas procesales siguientes, entonces, no es posible que la DGCN pretenda que transcurrió el plazo de 30 días cuando el plazo se interrumpió hasta tanto no hubo resolución de la gestión presentada. Así las cosas, al establecer la norma, la interrupción del plazo con la presentación de la gestión de adición y aclaración se ratifica una vez más que, el plazo de los 30 días para realizar el pago en los términos del artículo 40, se computan desde el 14 de diciembre de 2021, por lo que, los 30 días hábiles para realizar el pago se tenía como plazo máximo al 25 de enero de 2022, sin considerar los feriados de ley y el cierre de oficinas de la Administración tributaria por fin de año. Por lo que, al haberse procedido con el pago el 20 de diciembre de 2021, según hecho 11 del presente escrito, se tiene que el pago se realizó dentro de los 30 días hábiles establecidos en la norma y, por ende, al haberse realizado el pago en plazo, no es procedente la sanción por artículo 80CNPT que se pretende por el pago fuera del plazo. Así las cosas, al observarse que la sanción pretendida responde de forma exclusiva al cálculo incorrecto realizado por parte de la DGCN de la etapa procesal mediante la cual se deben contar los 30 días, se tiene que es un error la sanción por morosidad establecida en el artículo 80 CNPT pretendida, por ende, existe falta de motivación de la sanción y actuación contraria a derecho que así solicita sea declarada con fundamento en los numerales 187 y 188 CNPT. VI. Naturaleza de la infracción y sanción tipificadas en el artículo 80 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esta representación alegó la falta de elementos de la sanción impuesta a [...] CR. sin embargo, en el conocimiento de las defensas de la empresa, alega la Administración primero, que no es necesario que estén los elementos y luego, establece que los mismos están implícitos en la Resolución por lo cual, existen los mismos y no acarrea, a su criterio la revocación de la sanción pretendida. Para esta representación, estos alegatos están errados y son contrarios a los derechos del debido proceso y derecho de defensa de la empresa, por lo que, no existe un correcto análisis de los elementos de la teoría del delito, en los términos que se exponen, Indica la DGCN que según nuestro ordenamiento tributario sancionatorio la sanción que se le atribuye a mi representada corresponde a una sanción de carácter material, ya que según indica el artículo 80 CNPT atribuye una simple sanción por no cumplir con la obligación material de realizar el pago del impuesto a tiempo. Su vez, agrega en la Resolución Sancionadora que este numeral “se vincula con el artículo 71 del mismo cuerpo normativo, cuya taxatividad refiere a las sanciones en que el sujeto pasivo puede ser acreedor de una sanción ante una infracción administrativa inclusive a título de mera negligencia en la atención del deber de cuidado en la observancia del cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias.” La anterior afirmación es cierta y tiene mucha importancia en la interposición de sanciones por parte de la Administración tributaria, por lo que, es preciso observar que una sanción no se impone en automático, y debe ser fundamentada en su tipicidad, incluso desde su carácter de negligente, lo cual no hace la DGCN en la Resolución que acá se recurre. Además, la Resolución refiere a los elementos que considera la misma para la configuración de la sanción como lo son que existiera una determinación administrativa del impuesto y que se generara morosidad en el pago de la deuda comunicada por la Administración, los cuales indica cree que cumplen por lo que se configura la sanción. En razón de lo anterior, procede esta representación a hacer un análisis de los elementos que deben configurar el procedimiento sancionatorio con base en los elementos de la acción los cuales son tipicidad, antijuridicidad y responsabilidad que deben coexistir en una misma acción para que se configure la sanción, ya que en la Resolución tan solo se refiere al título denominado “lesión al bien jurídico tutelado” en el cual transcribe una cita de la jurisprudencia de la Sala Constitucional y dice que aplica al caso concreto porque es el mismo bien jurídico tutelado y concluye que la omisión del contribuyente quebrantan este bien jurídico, pero no hace el análisis de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que concluya entre otros lo referente al artículo 71CNPT que trajo a colación sobre la atribución de la sanción sea de forma negligente o dolosa. Además, menciona la Resolución Sancionadora que la supuesta omisión de [...] CR lesiona el bien jurídico tutelado “el fisco y la Hacienda Pública Costarricense” y también lesiona las potestades de fiscalización y recaudación tributaria como instrumentos para la protección del bien. Sobre el particular, esta representación se cuestiona cuál es el fundamento para atribuir a la supuesta omisión de pago en tiempo la violación a lo que denomina instrumento de "fiscalización" toda vez que no lo motiva, y observando esta afirmación bajo la razonabilidad, no nos encontramos ante una fiscalización, por lo que, agregar palabras para rellenar un fundamento sin que exista relación al caso concreto es muy grave sobre todo al tratarse de la fundamentación de una sanción. Según lo establece la Resolución recurrida, la interposición de la sanción requiere del análisis de la sanción pretendida en violación al bien jurídico tutelado, lo cual en palabras del Tribunal Fiscal Administrativo en sentencia TFA-493-S-2021, de las nueve horas del trece de agosto del dos mil veintiuno, estableció que la teoría del delito obliga a un análisis jerarquizado de los componentes, partiendo de la tipicidad, ya que una conducta típica ayuda a partir como base en las valoraciones, seguidamente la antijuricidad, si existiera alguna causa de justificación se excluye el reproche, y si la conducta típica fue realizada violentando algún bien jurídico protegido; finalmente, una vez justificado que la conducta es típica y antijurídica, se debe comprobar si el sujeto activo de la infracción imputada poseía las condiciones mínimas indispensables para atribuirle el hecho y haber podido ajustar su conducta a lo establecido por el Ordenamiento Jurídico, es decir, su culpabilidad. a. La conducta no es típica. El Principio de Tipicidad consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, exige -para la aplicación de sanciones por la comisión de infracciones administrativas tributarias— una predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Esto implica la existencia de una ley previa a la acción u omisión que necesariamente debe describir en forma clara cuál es la conducta que se sanciona. Por otra parte, dicha conducta, necesaria y obligatoriamente, debe adecuarse de manera absoluta a la descripción típica contenida en la ley, pues de lo contrario no podría ser objeto de sanción. Dispone el artículo 80 CNPT sobre el cual se imputa la supuesta infracción: Artículo 80.- Morosidad en el pago del tributo determinado por la Administración Tributaria. Los sujetos pasivos que paguen los tributos determinados por la Administración Tributaria, mediante el procedimiento ordenado en los artículos 144 a 147 de este Código, o el procedimiento establecido en los artículos 37 a 41 de la Ley Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, después del plazo de quince días dispuesto en el artículo 40 de este Código, deberán liquidar y pagar una multa equivalente al uno por ciento (1%) por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el vencimiento de dicho plazo. Esta sanción se calculará sobre la suma sin pagar a tiempo y en ningún caso superará el veinte por ciento (20%) de esta suma. No se aplicará la sanción ni se interrumpirá su cómputo cuando se concedan los aplazamientos o fraccionamientos establecidos en el artículo 38 del presente Código. La conducta imputada a mi representada no es típica, en cuanto no se realizó el pago del Impuesto sobre retenciones por remesas al exterior entre setiembre 2015 a agosto 2016 de manera tardía, como lo ve la Administración; ya que como ha sido objeto del presente recurso, el plazo de 30 días para el pago de la sanción debe computarse correctamente desde el 14 de diciembre de 2021, cuando se notificó la Resolución No.759-P-2021 complementaria que resuelve la gestión de aclaración y adición, por ende, deja firme la Resolución No.531-P-2021, como se explicó supra. Es decir, se tiene como inexistente la violación al bien jurídico tutelado ya que ni si quiera existe acción que pueda calificarse como una sanción porque ni si quiera se analiza si hubo o no voluntad. Tampoco, se analiza la tipicidad objetiva ni subjetiva ni los elementos normativos que componen la sanción pretendida. Por lo que no puede pretender la Administración que se configure la tipicidad de una acción que no encuadra dentro de lo estipulado en la norma, es decir, no basta con la existencia de la norma si la acción realizada no se ajusta al precepto normativo para categorizar la existencia de una acción. b. La conducta no es antijurídica. Sobre la violación a la antijuridicidad, considera esta representación que es importante recordar que la misma se presenta cuando se lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido, el cual, en el caso bajo análisis, dado la naturaleza de la materia tributaria, es la Hacienda Pública. Así que, debe hacerse la valoración de la antijuricidad formal y material, análisis que no consta en la Resolución Sancionadora ni referencia de la misma en la Resolución Confirmatoria. Al respecto, la Sala Constitucional en su Sentencia No. 5944 de 18 de agosto de 1998, como sigue: (…) transcribe párrafos de interés, visibles a folios 161 vuelto al 162- (…). Debe tomarse en consideración que de acuerdo a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia bajo análisis, las infracciones en materia tributaria se reducen a una afectación económica al Estado, siendo entonces que el fin jurídico tutelado, está circunscrito a la Hacienda Pública, y solamente podrá ser sancionada una conducta cuando se logre demostrar que se lesionó o afectó el bien jurídico protegido, pues en caso contrario, no se cumplirá con la antijuridicidad que establece el ordenamiento jurídico como requisito indispensable para imponer una sanción en materia tributaria, conllevando la nulidad de lo actuado. Además de que, tan solo refiere al elemento material de la antijuricidad, pero no analiza el elemento formal. Por su parte, la Resolución Sancionadora, refiere a la inexistencia de causales eximentes de culpabilidad, pero no analiza lo relevante y es que existe causal excluyente de antijuricidad y es que esta representación ha considerado que se encuentra en cumplimiento de la Ley, toda vez que según lo expuesto el plazo de los 30 días para proceder con el pago se da desde la notificación de la Resolución complementaria dada la interposición de la gestión de adición y aclaración, esto con fundamento en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por lo que, [...] CR siempre consideró que se encontró actuando de conformidad con el ordenamiento, por lo que existe excluyente clara de antijuricidad. Entonces, la antijuridicidad no se configura sí se actúa en obediencia de una norma, o si quien comete la infracción actúa creyendo que se posee una causa de justificación. El artículo 34 del Código Penal aplicables en materia sancionatoria de forma supletoria establece: “ARTÍCULO 34.- No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su realización a tal título. Las mismas reglas se aplicarán respecto de quien supone erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho realizado.” (El resaltado no es del original) En otras palabras, existe una exclusión a la antijuricidad toda vez que [...] CR consideró que estaba actuando conforme a derecho al momento de pagar los impuestos dentro del plazo de los 30 días hábiles una vez resuelta la gestión de adición y aclaración, por lo que, no queda duda que al momento de realizar el pago, se consideró que estaba en apego de la normativa, consideración que trasciende a una simple apreciación, pues se es enfático en que lo hizo en aplicación de la norma aplicable. De manera que, mi representada actuó de buena fe y no hubo intención de defraudar al fisco, se actuó creyendo que el pago se hizo dentro del plazo, por lo que, no se configura la antijuricidad por existir una excluyente al considerarse que se estaba en cumplimiento de la ley. De forma que debe indicársele a la DGCN que, al haber realizado la compensación del impuesto dentro del plazo de ley, se demuestra que no existe perjuicio alguno a la Hacienda Pública por lo que no existe lesión al bien jurídico tutelado, por ende, no se configura la antijuricidad de la sanción, como elemento indispensable para la interposición de la sanción pretendida. c. La culpabilidad no ha sido demostrada. No demostró la DGCN que exista responsabilidad o culpabilidad en la acción que se le imputa a mi representada, Véase que en la Resolución que acá se recurre se indica que se basan en el artículo 71 CNPT el cual refiere a la interposición de sanciones incluso, a título de mera negligencia, pero no se ha analizado el grado de reproche que le atribuye la DGCN a la supuesta sanción incurrida por [...] CR, entonces, cómo se pretende sancionar sin ni si quiera realizar un análisis Debe recodársele a la Administración que es su obligación comprobar la supuesta culpabilidad y esta no se demuestra con afirmaciones que indiquen que se llevó la acabo la actuación sin tener ningún eximente al considerar esta que no es válido el actuar de mi representada dentro de lo estipulado en la ley. Para que la acción que computa la sanción sea atribuible a mi representada, debe la Administración acreditar la existencia de negligencia como mínimo, situación que no se ha logrado demostrar ya que mi representada no tenía la supuesta intención de ocasionar un perjuicio al fisco, como indica la Administración ya que incluso se realizó la compensación del adeudo tributario con saldos a favor que se poseían previamente en el estado de cuenta tributario. Como se mencionó a lo largo de este apartado la incorrecta interpretación de la normativa por parte de la DGCN no demuestra que en efecto se haya incurrido en los presupuestos que deben cumplirse para que se configure la sanción, por lo que la misma no puede ser imputada a mi representada. (…)”. (Folios 154 al 162 vuelto). Por su parte, en el escrito de apersonamiento interpuesto en fecha 16 de marzo del 2023, la contribuyente reitera las pretensiones interpuestas en el recurso de apelación. (Folios 169 al 172)