TFA-209-P-2024

Indica en lo que respecta a costos y gastos deducibles, cuyo estudio tiene base cierta, no viene al caso hacer presunción alguna, y esto lo da a conocer en su escrito el contribuyente. Ahora, en relación con los ingresos, la situación no es la misma pues existe un costo de ventas no registrado ni declarado por un ¢42,987,136.31, producto de que el registro y declaración de compras y del inventario inicial, para el periodo fiscal 2018 se realizó incorrectamente por parte de la contribuyente ya que dejó de declarar compras por ¢25,746,941.07 (folio 758) e inventario inicial por ¢17,240,195.24 (folio 767), es decir, si el costo de ventas según estudio es mayor al registrado y declarado por la recurrente esto necesariamente debe interpretarse contable y tributariamente, que existió mercadería que entró al tránsito comercial de la empresa en la modalidad de ventas, y por ende, existe ventas ocultas. Considera como prueba de que existen ventas ocultas que, con el nuevo costo de ventas, manteniendo las ventas declaradas, la contribuyente se vería totalmente afectada a la hora de declarar su renta gravada con el impuesto sobre las utilidades, ya que si solo dejó de declarar el costo por los ¢42,987,136.31, le generaría un impuesto sobre las utilidades de más, por la suma de ₡12,896,140.89 (¢42,987,136.31 X 0.30 % = ¢12,896,140.89). Pregunta, quién va a estar dispuesto en pagar impuestos de más, por la suma de cita, por un error en sus registros contables. Añade la contribuyente, como conocedora de su actividad gravada, en la marcha detectaría el error o los errores y los corregiría antes de presentar su declaración autoliquidativa. Considera que, en la marcha de un negocio, en sus registros pude darse algún error de índole aislada y posiblemente por una cuantía baja, pero que en el caso que nos ocupa, existen omisiones reiterativas de registros de compras, al punto que suman más de 25 millones, lo cual considera deja en duda que se trata de un simple error, ya que no es la excepción, sino que pasa a ser la regla, lo cual genera incertidumbre sobre la intencionalidad de seguir generando este tipo de inexactitud. Le recuerda a la implicada que, la contabilidad debe ser fiel reflejo de la realidad de las transacciones que la empresa realiza en la generación de utilidades (en un primer plano) o de otra índole (actividades no afectas a impuesto), y el respaldo contable recae en los documentos origen de cada transacción, sea este físico o virtual (facturación electrónica), máxime si se trata de dar respaldo a los costos y gastos deducibles. De ahí, hace la observación, de que no registrar y declarar compras por más de 25 millones de colones de forma involuntaria, le parece cuestionable, máxime porque se está llevando una contabilidad por partida doble, en donde una cuenta del debe tiene una contra cuenta en el haber y que esto permite detectar con mayor certeza alguna omisión en el registro, esto por cuanto, si una compra se realiza al contado, se registra como tal en el debe, contra la contra cuenta de caja – bancos, y si se realiza de crédito, se registra la compra en el debe contra la contra cuenta cuentas por pagar en el haber, ahora si se paga alguna factura de crédito, se debita la cuenta por pagar contra la contra cuenta del haber de caja – bancos. Considera importante retomar lo resuelto en la resolución determinativa, para recalcar que el actuar de la oficina actora, está en todos sus extremos avalada por la normativa tributaria y la ciencia contable, bajo la óptica de los hechos acaecidos y constatados por la oficina de origen, en cuanto a las anomalías contables que generaron inexactitud en los registros contables y en los rubros consignados en la declaración del impuesto sobre las utilidades, del periodo fiscal 2018 y del impuesto general sobre las ventas de los periodos fiscales de octubre 2017 a setiembre 2018 (ambos inclusive). Afirma que las irregularidades en el registro y declaración abarcaron rubros de costo, gasto e ingreso, y no es una sola cuenta contable la afectada sino básicamente las principales cuentas contables, que intervienen directamente en la determinación de la base imponible de los impuestos y periodos de cita. Para entender mejor qué es una contabilidad irregular o defectuosa, trae a colación lo la Instrucción General 01-2012 y un extracto del fallo del Tribunal Fiscal Administrativo No T.F.A 057-2010-P de las 15 horas del 25 de febrero del 2010. Indica que el método de estimación indirecta o base presunta, es un método de aplicación subsidiaria, el cual se aplica ante la imposibilidad de la Administración de emplear la estimación directa; con ésta busca llegar a una renta real a través de indicios, en vista de que los elementos obtenidos, únicamente permiten presumir la existencia y magnitud de la obligación, al respecto cita el autor Alberto Génova Galván sobre el método presuntivo o indiciario,”[1] para indicar que teniendo claro qué se entiende por una contabilidad llevada de forma “irregular” o “defectuosa”, procederá a analizar los elementos que se encuentran en el apartado II. Liquidación, inciso a. Método de determinación aplicado, base presunta, del traslado de cargos No ATZS-SF-PD-13-2021-01-41-03 en donde se hace referencia al por qué se considera que la contabilidad se llevó en forma irregular o defectuosa, e indica, se tiene que: “…a) El auxiliar de compras aportado al estudio fiscalizador, posee un monto mayor de compras que las registradas y declaradas por el contribuyente a efectos del Impuesto sobre las utilidades del periodo fiscal 2018; diferencias que a pesar de solicitar la justificación al contribuyente por medio de requerimientos de información, no fue aportada al estudio”. Explica, para verificar la existencia o no de dicha irregularidad, se toma: i. La declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades del periodo fiscal 2018 N°1012634771793 presentada por el contribuyente, casilla 37 COMPRAS, misma que suma un total de ¢2,889,910,455.00 (folios 18 y 21); ii. El monto total del auxiliar de compras inicialmente aportado al estudio fiscalizador, mismo que suma un total de ¢2,980,139,384.36 (folios 363, 569 al 572) a dicho monto se le restó notas de crédito por un monto de ¢65,239,613.66 (folios 537 al 564, 573, 575) con lo cual se tendrían compras totales aportadas al estudio fiscalizador por ¢2,914,899,770.70 (folios 576 y 577). iii. Al consultar los libros contables-Balance de comprobación al 30-09-2018 aportados en la etapa del estudio fiscalizador, no se visualiza el monto de las compras efectuadas durante el periodo en estudio (folio 363). Explica que mediante tres requerimientos de información; se le solicitó a la contribuyente justificar la diferencia, sin embargo no se presentó justificación de dicha diferencia. Explica además que de la contabilidad presentada por la contribuyente ante la Administración (auxiliar de compras y libros contables), no concuerda con los datos declarados, y que al solicitarle la justificación de la inconsistencia en el rubro de compras, fue omiso en indicar la razón de dichas diferencias. Añade que no se está entrando ni siquiera a debatir si las compras aportadas se encontraban correctas o no, sino que, se está analizando, la información aportada por el contribuyente, misma que no permite en primera instancia conocer las compras reales efectuadas durante el periodo fiscal 2018, a través de sus registros contables, ya que muchos de los registros no coinciden. Agrega que en el punto b) se indica “…b) El contribuyente registró y declaró un inventario inicial menor al aportado al estudio fiscalizador y al declarado como inventario final del periodo anterior”. Que por lo tanto para verificar la existencia o no de dicha irregularidad tomó: i. La declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades del periodo fiscal 2018 N°1012634771793 presentada por la contribuyente, casilla 36 INVENTARIO INICIAL, que suma un total de ¢158,408,019.00 (folios 18 y 21); ii. La declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades del periodo fiscal 2017 N°1012626491782 presentada por la contribuyente, casilla 38 INVENTARIO FINAL, que suma un total de ¢175,648,214.00 (folios 17 y 21). iii. Detalle del inventario inicial aportado al estudio fiscalizador por un monto total de ¢175,648,214.00 (folio 363). iv. No se observa el registro del inventario inicial en los libros contables aportados al estudio fiscalizador (folio 363). De los puntos anteriores, considera que se puede determinar que la contabilidad no demuestra por si misma el dato correcto de los inventarios; si bien es cierto, se observa que el contribuyente aporta el detalle del inventario inicial al estudio, sin embargo, dicho detalle fue aportado a raíz de un requerimiento de información, y al tratar de verificar dicho dato en los libros contables aportados por la contribuyente, no se tiene el dato del inventario inicial, lo que muestra defectos en la contabilidad material llevada por la contribuyente. Continúa indicando que, en cuanto al punto “c) Producto de las inexactitudes descritas en los puntos anteriores, hacen que el costo de venta declarado difiera del costo de ventas según estudio.” y que como la contribuyente lo indica, “…es lógico que si la oficina de fiscalización a través de la determinación de compras no declaradas e inventario inicial registrado con un monto erróneo, al aplicar la formula del costo de ventas, es evidente que este va a aumentar,…”, sin embargo añade el tema en discusión es ¿por qué el contribuyente omitió registrar y declarar compras y parte del inventario inicial del periodo?, diferencias que persisten en los auxiliares y libros contables con respecto a los montos declarados. Explica que es lógico, como lo indica la contribuyente que al aplicar la formula contable del costo de venta (inventario inicial + compras -inventario final), se modifique el costo de ventas, sin embargo, este aumento no debió de existir desde un inicio, al ser información contable que tenía la propia contribuyente y que por alguna razón ocultó dichas rentas, Estas irregularidades agrega, no solo se ven reflejadas en el costo de ventas, sino también en la partida de ingresos; y que en el punto d) se indica “… Los ingresos de la actividad económica de supermercado aportados al estudio fiscalizador, no coinciden con el monto declarado, ni con el monto según balances de comprobación aportados.” Indica que para verificar la existencia o no de dicha irregularidad tomó: i. La declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades del periodo fiscal 2018 N°1012634771793 presentada por la contribuyente, casilla 27 Venta de bienes y servicios, que suma un total de ¢3,391,631,269.00 (folios 18 y 21). ii. el auxiliar de ingresos aportado al estudio fiscalizador por un monto total de ¢3,394,279,440.75 (folio 363, 771). iii. Los Balances de comprobación detallado al 30/09/2018, reflejan ingresos de la actividad de supermercado por un monto total de ¢3,390,718,823.88 (folio 363); y que como puede observarse, en este caso se están tomando tres elementos de la contabilidad de la contribuyente, y es de resaltar el hecho de que existan diferencias entre todos ellos, mismas que hacen dilucidar una contabilidad con irregularidades; situación que se agrava al determinar mediante elementos validados y verificados en la etapa del estudio fiscalizador (compras e inventario inicial), un costo de venta mayor al declarado, y que a la luz de la normativa contable se refleja productos que fueron adquiridos por la contribuyente para realizar su actividad y al no modificarse el inventario final declarado, se tiene por cierto que dichas mercancías fueron vendidas, y sobre las cuales obtuvo una ganancia. Por último, en el punto e), señala se indica: “… El auxiliar de gastos aportado al estudio fiscalizador, difiere de los gastos de venta y administrativos declarados por el contribuyente ISU del periodo fiscal 2018”, se tiene: i. La declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades del periodo fiscal 2018 N°1012634771793 presentada por el contribuyente, casilla 41 Gastos de venta y Administrativos, que suma un total de ¢336,936,799.00 (folio 18 y 21). ii. El contribuyente aporta un auxiliar de gastos de venta y administrativos por un monto de ¢340,049,463.47 (folios 363, 774 al 786). Agrega que nuevamente, los datos contables aportados no coinciden con lo declarado. En cuanto al traslado de cargos del Impuesto general sobre las ventas N° ATZS-SF-PD-13-2021-01-41-01 explica que se detallan los siguientes puntos: “a) El auxiliar de compras aportado al estudio fiscalizador, difiere del total de compras registradas y declaradas por el contribuyente en el Impuesto general sobre las Ventas”. b) Las compras declaradas en el Impuesto general sobre las ventas durante el periodo fiscal 2018, es distinto al monto de compras declarado en el Impuesto a las Utilidades”. Explica que para la verificación de si esta partida presenta irregularidades o no, puntos a) y b) tomo: i. La sumatoria del total de compras registradas y declaradas por el contribuyente en el Impuesto general sobre las Ventas del periodo fiscal 2018 (octubre 2017 a setiembre 2018) por ¢2,953,626,137.00 (folios 22 al 35). ii. Compras aportadas al estudio fiscalizador por ¢2,914,899,770.70 (folios 576 y 577). iii. La declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades del periodo fiscal 2018 N°1012634771793 presentada por la contribuyente, casilla 37 Compras, misma que suma un total de ¢2,889,910,455.00; iv. Los libros contables-Balance de comprobación al 30-09-2018 aportados en la etapa del estudio fiscalizador, donde no se visualiza el monto de las compras efectuadas durante el periodo en estudio (folio 363). Considera que si se tomaran los datos de la contabilidad del contribuyente sin realizar ninguna validación con la información de los terceros y los comprobantes físicos, no sabría cuál de todos es el monto correcto, siendo nuevamente una contabilidad llevada de forma irregular. Añade que se tiene, en el expediente determinativo, que la Administración realizó tres requerimientos de información mediante los cuales le solicitó a la contribuyente, justificar la diferencia existente entre el auxiliar aportado al estudio fiscalizador y el monto declarado en el Impuesto General sobre las Ventas de los periodos octubre 2017 a setiembre 2018, ante lo cual el contribuyente aportó justificación para respaldar parte de la diferencia existente, quedando al descubierto ¢10,182,243.91 (folios 830 al 833), monto que la contribuyente no justificó y por lo tanto se realizó el ajuste. En cuanto al apartado de ingresos, agrega que la oficina actora fue clara al establecer en el traslado de cargos ATZS-SF-PD-13-2021-01-41-03 que los ingresos registrados en el auxiliar aportado al estudio fiscalizador, difiere de los ingresos declarados para la actividad de supermercado. Además, los ingresos registrados en el balance de comprobación no concuerdan con los ingresos registrados en el auxiliar ni con los ingresos declarados a efectos del Impuesto sobre las Utilidades (folio 927). Agrega que una vez analizados los puntos del por qué se le indicó a la contribuyente, que la contabilidad se llevó en forma irregular o defectuosa; y a la luz de lo establecido en la normativa tributaria citada y lo externado en el fallo de referencia del Tribunal Fiscal Administrativo, mantiene y confirma lo actuado por la a quo, encontrando procedente ratificar que la contabilidad fue llevada de forma irregular o defectuosa; al no permitir sus registros contables dilucidar la verdadera realidad económica de la empresa, de ahí que se produce la carencia de una cualidad propia de la contabilidad, la cual es la de expresar los resultados de la actividad que ejerce el empresario y al respecto cita el artículo 82 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Adicionalmente explica que la Administración se aparta del registro auxiliar de ingresos aportado al estudio fiscalizador, en primera instancia por los defectos en la contabilidad material, ya que la misma no refleja la verdadera situación económica de la empresa debido a que la contabilidad no permite determinar a través de sus registros, cuál es el monto correcto de las partidas revisadas (ingresos, compras, gastos, inventarios, declaraciones de ventas vrs declaración sobre las utilidades), pues los mismos no coinciden con los datos declarados y que la diferencia entre los documentos contables que respaldan los ingresos (libros contables, auxiliar y declaraciones), es solo uno de los elementos irregulares tomados por la Administración, al realizar una lectura de los traslados de cargos, apartados A.1.1. INCONSISTENCIAS EN LA CONTABILIDAD QUE AFECTAN LA PARTIDA DE INGRESOS (páginas 3 y 4, folio 927) indica se observa que la oficina actora, plasmó los hechos que afectan la partida de ingresos, mismos que se encuentran explicados y desarrollados en los traslados de cargo notificados a la contribuyente. Inconsistencias que afirma consisten en: Omisión de las compras por por ¢25,746,941.07 y explica que el monto de compras se determinó mediante la validación del auxiliar de compras aportado por la contribuyente al estudio fiscalizador, con respecto a la información requerida a los proveedores más importantes durante el periodo fiscal 2018 (folios 44 al 189), y la revisión de dos meses de compras al azar (mayo 2018 y junio 2018) con los comprobantes de respaldo aportados por la contribuyente (folio 565). Y que según lo plasmado en el Traslado de cargos en mención, se revisaron y validaron dichas compras. Que producto de dicha revisión con los terceros e información aportada por la contribuyente, se determinó diferencias en el estudio fiscalizador que fueron solicitadas a la contribuyente mediante el requerimiento de información. Indica que una vez que se valida nuevamente la información de los terceros con los comprobantes físicos de compras aportados por la contribuyente, (ver folios 656, 662 al 665); se procede a sumar a las compras aportadas al estudio fiscalizador por ¢2,914,899,770.70, las compras omitidas según estudio por un monto de ¢1,417,563.33 y a restarle las compras en las que registró un monto mayor a las correspondientes por ¢659,937.96, obteniendo un total de compras según estudio por un monto de ¢2,915,657,396.07 (folio 757), suma mayor a la aportada en el auxiliar de compras suministrada al estudio, y a las compras declaradas en el Impuesto sobre las Utilidades, pero menor a la declarada en el Impuesto general sobre las ventas del periodo octubre 2017 a setiembre 2018. Agrega que si se realizara el ejercicio tal y como lo indica la reclamante, comparando las compras registradas en la declaración del impuesto sobre las Utilidades del periodo fiscal 2018 por un monto de ¢2,889,910,455.00 versus las compras reflejadas en las declaraciones del Impuesto general sobre las ventas de los periodos fiscales octubre 2017 a setiembre 2018 por un monto de ¢2,953,626,137.00, se genera una diferencia de ¢63,715,682.00, agravando más el panorama de irregularidad de la contabilidad descrita en este documento. Explica que al efectuar el ejercicio en la parte de los ingresos declarados en el impuesto sobre las utilidades y los ingresos declarados en el impuesto sobre las ventas, los mismos coinciden, sin embargo, ambos registros difieren de los ingresos reportados en los libros contables, y en el auxiliar de ingresos aportado. Explica que se observa en acta de hechos N° ATZS-SF-PD-13-2021-02-571-03, en el punto 9. “…Se consulta si en el periodo 2018, hubo algún factor inusual en el negocio, a lo que indican que en este periodo tuvieron que cambiar el sistema de información y emisión de comprobantes, esto por cuanto el sistema se caía mucho, tenían problemas a la hora de cerrar las cajas al final del día, ya que no pegaban lo que tenían en cajas con lo facturado…” (folio 686 y 687). Considera que otras inconsistencias que no se pueden dejar de lado son INEXACTITUD EN EL REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL por un monto de ¢17,240,195.24 24 (folios 17, 18, 21, 363, 767) y el AUMENTO EN EL COSTO DE VENTA por ¢ 42,987,136.21 (folios 18, 21, 768); datos que considera ponen a la Administración ante una contabilidad que no es reflejo fiel de la realidad comercial de la contribuyente. Indica que al pretender la contribuyente que la Administración tome todas estas inconsistencias como una pequeña irregularidad formal, estaría avalando que la contabilidad aportada al estudio no presenta ningún tipo de discrepancia; que los requerimientos de información efectuados a su representada con el fin de aclarar las diferencias entre lo declarado en el Impuesto sobre las Utilidades y el auxiliar de compras aportado y entre el Impuesto general sobre las Ventas y el auxiliar de compras aportado, no se efectuaron; considera se estaría afirmando que los montos de compras declarados en Utilidades y Ventas coinciden; que al realizar la validación con los terceros no se encontraron diferencias; que la información registrada en los libros contables coincide con los montos declarados o con los montos contenidos en los auxiliares aportados en la etapa de estudio fiscalizador situación que considera no es así. En virtud de lo anterior, le indica a la recurrente que su contabilidad es insuficiente para reflejar la auténtica situación empresarial, por la existencia de una realidad económica diversa, o que tiene mayores alcances que los que presentan los documentos contables aportados al estudio fiscalizador. a) El auxiliar de compras posee un monto mayor que las registradas y declaradas. En relación a este punto, indica que las diferencias de compras, no se tratan de una factura aislada de poca cuantía, sino por montos representativos, existiendo inconsistencias entre el registro auxiliar de compras y los datos consignados en las declaraciones autoliquidativas presentadas por el contribuyente, explica: el auxiliar de compras registra ¢2,980,139,384.00, incluyendo las notas de crédito por ¢65,239,613.66 que difiere del monto declarado para efectos de la declaración del impuesto sobre las utilidades por ¢2,889,910,455.00 y del impuesto general sobre la ventas por ¢2,953,626.137.00. Indica, la incongruencia sobre las diferencias en compras se acentúa más con la determinación de las compras según estudio ya que arrojó una diferencia superior a 25 millones de colones. Añade que no se tiene claro cómo pretende la implicada afirmar que su contabilidad no fue llevada de forma defectuosa pues no se trata de una omisión de un registro o algunos registros, de poca cuantía, sino de más de 25 millones de colones. Insiste el monto de ¢25,746,941.07; no se encuentran registrados en los libros contables, ni reflejados en las declaraciones del Impuesto sobre las Utilidades del periodo fiscal 2018, ni en las declaraciones del Impuesto general sobre las Ventas (octubre 2017 a setiembre 2018). Por otra parte, indica al modificar la partida de compras, automáticamente también se produce un aumento en el costo de venta. Le recuerda a la recurrente, que al establecerse diferencias en una cuenta contable como la de compras, automáticamente se afectan las contrapartidas que intervienen en la adquisición de mercadería destinada para la venta. b) El contribuyente registró y declaró un inventario inicial menor al aportado al estudio fiscalizador y al inventario final del periodo fiscal anterior. Al respecto señala, que el error involuntario que indica la contribuyente, aunque fuese involuntario, genera inexactitud de lo registrado contra lo declarado, hecho que es irrefutable, y totalmente comprobado por la oficina de origen y reconocido por la misma contribuyente. Agrega que si el estudio se hubiese limitado a realizar un análisis sobre el inventario inicial declarado, sin tocar otras cuentas contables, sí llevaría la razón, pero el mismo abarcó otras cuentas como son las compras, gastos de ventas y administrativos (respaldados mediante comprobantes no fehacientes, salarios y cargas sociales no reportados ante la C.C.S.S.), y la cuenta de ingresos (modificada sobre base presunta), las cuales generaron que la base imponible declarada por la administrada fuera menor a la del estudio, es decir, pese al supuesto error en la declaración del inventario inicial, la implicada pagó un impuesto menor al determinado en el proceso fiscalizador, es por ello que le indica lo actuado por la oficina fiscalizadora. c) Producto de las inexactitudes descritas en los puntos anteriores, hacen que el costo de ventas declarado difiera del costo de ventas según estudio. Indica, las diferencias en las compras por un monto de ¢25,746,941.07 y el aumento en el inventario inicial declarado por ¢17,240,195.24; no se encuentran registrados en los libros contables, ni tampoco están reflejados en la declaración del Impuesto sobre las Utilidades del periodo fiscal 2018, ni en las declaraciones del Impuesto general sobre las Ventas (octubre 2017 a setiembre 2018), por otra parte, al modificar las partidas de compras e inventario inicial declarado, automáticamente se produce un aumento en el costo de ventas de ¢42,987,136.21, mismo que tampoco habría sido registrado ni declarado por la contribuyente. En buena teoría contable, este aumento en el costo de ventas corresponde a productos que fueron adquiridos por la contribuyente con la finalidad de emplearlos en transacciones de ventas y, por tanto, integrarlos en su actividad. Al no modificarse el inventario final declarado, refleja que el aumento en el costo de ventas por ¢42,987,136.21 corresponde a productos que fueron vendidos por la contribuyente; y por tanto lo lógico de un negocio en marcha, es obtener una utilidad por su actividad. Explica, en virtud de las irregularidades en la contabilidad, y de las diferencias detectadas en el costo de venta, la oficina actora recurre a la utilización de la base presunta, según lo establecido en el artículo 124 del Código de Normas y Procedimientos Tributario, inciso “c) Que la contabilidad sea llevada en forma irregular o defectuosa. d. Los ingresos de la actividad económica de supermercado aportados al estudio fiscalizador no coinciden con el monto declarado ni con el monto según balance de comprobación. indica que no lleva la razón la contribuyente, por cuanto, la misma reconoce que su contabilidad fue llevada de forma irregular o defectuosa, tanto en las cuentas de costos – gastos como en la cuenta de ingresos. En la cuenta de ingresos, la misma recurrente reconoce que los ingresos registrados y declarados no coinciden. Indica que puede establecer con precisión que en la contabilidad de la recurrente exista una diferencia en el registro auxiliar de compras y en los estados financieros como lo es el Estado de Comprobación, lo cual no debería ser, si en buena teoría los auxiliares generan la información básica para la realización de los asientos contables, estos alimentan los datos que se registran en los libros mayor, en las cuentas específicas, y de ahí se genera la información básica para los estados financieros que se consignan en el libro de Inventario de Balances, en buena teoría, considera no debe darse estas irregularidades e inconsistencias. Por otra parte, considera la declaración del impuesto sobre las utilidades debe reflejar fielmente la información contable del contribuyente, por cuanto la misma, es un resumen de la contabilidad y de las transacciones de la contribuyente, generadas durante un periodo fiscal, y por lo tanto no debería existir diferencia alguna, sin embargo agrega, la implicada declara ingresos, que no se sabe a ciencia cierta de dónde se tomó el dato, por cuanto, el registro auxiliar tiene un monto diferente al Estado de Comprobación y éste tiene un monto consignado que difiere del declarado, para efectos del Impuesto sobre las Utilidades. Añade que, el hecho de que la oficina actora decidiera utilizar la base presunta en la estimación de los ingresos está debidamente fundamentado y abundantemente motivado, ya que no solo existen anomalías en el registro y declaración de ingresos, sino que también en el costo de ventas al no declarar la totalidad de este, determinándose un aumento en el costo de ventas según estudio realizado por la oficina actora que supera los 42 millones de colones. Indica, el aumento del citado costo de ventas es producto de las diferencias en las compras por un monto de ¢25,746,941.07 y el aumento en el inventario inicial declarado por ¢17,240,195.24, lo que implica que al modificar las partidas de compras e inventario inicial declarado, automáticamente se produce un aumento en el costo de venta de ¢42,987,136.21, que reitera no fue registrado ni declarado por la contribuyente; dichos aumentos corresponden, a productos que fueron adquiridos por la contribuyente, con la finalidad de emplearlos en transacciones de venta y, por tanto, integrarlos al giro habitual de la empresa. Replica, en virtud de las irregularidades en la contabilidad, y de las diferencias detectadas en el costo de ventas, la oficina actora recurre a la utilización de la base presunta, según lo establecido en el artículo 124 del Código de Normas y Procedimientos Tributario, inciso “c) Que la contabilidad sea llevada en forma irregular o defectuosa” ; con el fin de determinar los ingresos establecidos en la etapa del estudio fiscalizador; aplicando a dicho aumento, el margen de utilidad declarado por la contribuyente de un 18.51% para el periodo fiscal 2018, al ser este muy similar a los márgenes de utilidad reflejados en las declaraciones del Impuesto sobre las utilidades de los periodos anterior: 2017 por 18.8%, y periodos posteriores: 2019 por 19.31% y 2020 por 19.32% (folio 21). Añade que al revisar el procedimiento empleado por la Administración para la determinación de los ingresos, al aplicar el margen de utilidad declarado por la contribuyente en el periodo fiscal 2018 de un 18.51%, sobre el costo de venta determinado en el estudio fiscalizador por ¢2,904,830,303.21, pasos explicados en los traslados de cargos (página 5, folio 928 y pagina 14, folio 950) y contenidos en el expediente fiscalizador (folio 770), se estable que el mismo se encuentra a derecho; y con el actuar de la oficina fiscalizadora no se causa un perjuicio a la contribuyente, ya que a su vez en el apartado B.1 AUMENTO COMPRAS, SEGÚN ESTUDIO se reconocen a favor de la contribuyente un monto de ¢25,746,941.07 por concepto de aumento en compras y en el punto B.2. AUMENTO DEL INVENTARIO INICIAL se reconoce un monto de ¢17,240,195.24 correspondiente a un aumento en el inventario inicial; ajustes aceptados por la auditada en el escrito de impugnación presentado. Indica que, la contribuyente está de acuerdo con el actuar de la Administración, avalando que dichas omisiones (compras, inventario inicial y costo de venta) son reales, sin embargo, no reconoce que los ingresos determinados a través de la aplicación del margen de utilidad declarado por la propia contribuyente, al costo de ventas según estudio, por consecuencia lógica, conlleva también al aumento en los ingresos que se está determinando, a raíz de que un costo de ventas mayor, implica también ingresos mayores, encontrándose estas partidas estrechamente vinculadas. Sobre este tema, trae a colación lo indicado por el Tribunal fiscal Administrativo, fallo No 057-2010. P de las quince horas del veinticinco de febrero del dos mil diez, e indica que de conformidad con lo resuelto, ratificar los ajustes y rechaza las pretensiones de la fiscalizada. (folios 1065 al 1078 vuelto).