TFA-504-S-2024

SOBRE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ALEGADA. Por ser de previo y especial pronunciamiento esta Sala procede a conocer las objeciones de la recurrente en relación a la prescripción de la sanción impuesta, y al respecto, estima oportuno traer a colación lo resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al indicar que: “…II.- Por el interés que tiene para la decisión de este caso, conviene aquí recordar lo que esta Sala ha sostenido en punto a la justificación doctrinaria del instituto de la prescripción, transcribiendo, al efecto, las consideraciones pertinentes de la sentencia número 120 de las 15 horas del 29 de julio de 1992, que así rezan: "... La prescripción extintiva, también denominada negativa o liberatoria, es una institución creada para tutelar el orden social y la seguridad en las relaciones jurídicas. El ejercicio oportuno de las acciones y los derechos, podría decirse, está asistido de un interés social. La postergación indefinida en tal sentido acarrea duda y zozobra en los individuos y amenaza la estabilidad patrimonial. El instituto de mérito propende, precisamente, a eliminar las situaciones de incerteza, producidas por el transcurso del tiempo, en las relaciones jurídicas. Para su aplicación se requieren tres elementos: el transcurso del tiempo previsto por la ley, la falta de ejercicio por parte del titular del derecho y la voluntad del favorecido por la prescripción de hacerla valer, ya sea a través de una acción o de una excepción, pues no puede ser declarada de oficio por el juez y es posible su renuncia tácita o expresa, siempre y cuando no sea anticipada. Además, debe atenderse a la naturaleza del derecho en cuestión, pues existen situaciones jurídicas, de particular relevancia para el ordenamiento jurídico, que son imprescriptibles… La posición dominante, en la actualidad, atribuye el fundamento de la prescripción a la necesidad de crear un estado de seguridad jurídica ante una situación objetiva de incertidumbre, producida por el no ejercicio oportuno del derecho. Puede afirmarse, por ende, que el valor tutelado por el derecho en estos casos es la seguridad jurídica, por lo cual se pretende evitar el ejercicio sorpresivo de un derecho... En todo caso, la prescripción emerge como un medio para crear seguridad, lo cual propende al orden y a la tranquilidad social… V.- El ordenamiento jurídico establece, con el fin de soslayar la rigidez del sistema, la posibilidad de evitar la prescripción cuando la situación objetiva de hesitación cesa, por alguno de los motivos expresamente previstos por la ley. Es el caso de la interrupción del instituto dicho. Al faltar el fundamento de éste -porque se cumple con un acto en el cual se ejerce el derecho, o bien, si se da un reconocimiento de parte del sujeto obligado-, el término de prescripción comienza a correr de nuevo, sin que se pueda volver a computar el que anteriormente había transcurrido. El acto interruptivo viene a confirmar, por ende, que el fundamento de la prescripción radica en la necesidad de eliminar una situación objetiva de incerteza, la cual, si desaparece, priva de justificación una posible extinción del derecho reclamado..." (El subrayado no es del original). (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N°000139-F-98, de las 14 horas 10 minutos del 23 de diciembre de 1998. En igual sentido ver resolución Nº00840-F-S1-2009, de las 10:20 horas del 13 de agosto de 2009). En relación con este criterio judicial, se puede afirmar que el instituto de la prescripción, lejos de ser concebido en la actualidad como una especie de sanción que se impone por la inactividad de la Administración, pretende evitar un estado de incerteza jurídica; pero su aplicación, según lo dispuesto en el artículo 5 inciso e) del Código Tributario, es restrictiva, al disponer, en lo que interesa: “… Artículo 5º.- Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley puede: (…) e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios distintos del pago…” A partir de tales consideraciones, consta en autos que la recurrente en su escrito de apelación alega expresamente la prescripción de la acción sancionadora, afirmando que desde que la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales inicia nuevamente el procedimiento para imponer la sanción del artículo 81 del Código Tributario, ya había transcurrido el plazo de cuatro años establecido en el numeral 74 del Código Tributario. Al respecto, esta Sala estima preciso señalar que las reglas específicas que rigen la prescripción varían según el régimen jurídico aplicable, y en la materia tributaria sancionatoria que nos ocupa, la prescripción del derecho de la Administración para aplicar sanciones, efectivamente como indica la recurrente, se encuentra regulada en el artículo 74 del Código Tributario, normativa especial que establece la forma, el término y la interrupción, del plazo prescriptivo. No obstante, sobre la aplicación específica del referido numeral, es preciso tener presente que tanto antes de la reforma introducida mediante Ley No.9416 del 14 de diciembre del 2016, como después de la misma, dicha norma dispone como primer acto interruptor de la prescripción, la notificación al contribuyente de las infracciones que se presumen ha cometido, de tal forma que para los efectos y dada la sanción que se pretende aplicar en la especie, referida al numeral 81 del Código Tributario, el primer acto con que se interrumpe el plazo de la prescripción de la acción sancionatoria, en el caso que nos ocupa, es la Traslado de Cargos por Infracción por Falta de Ingresos por Omisión o Inexactitud No.1931000184531 de fecha 24 de abril del 2008, notificado el 11 de junio del mismo año. Al respecto, y en cuanto al momento en que se inicia nuevamente el cómputo del plazo de prescripción, las reformas introducidas al artículo 74 de cita, modificaron este aspecto en relación específicamente a la sanción prevista en el numeral 81 del Código Tributario, para finalmente supeditarlo a la firmeza del procedimiento determinativo que se constituye en el antecedente del referido procedimiento sancionatorio. Así, deben considerarse las modificaciones que han operado respecto a la materia de prescripción de la acción sancionadora de la Administración Tributaria en relación al citado artículo 74, el cual, con la reforma operada por el artículo 2 de la Ley No.7900 del 03 de agosto de 1999, regulaba a ese momento lo correspondiente de la siguiente forma: “El derecho de aplicar sanciones prescribe en el plazo de cuatro años, contado a partir del 1° de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción. La prescripción de la acción para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de las infracciones que se presumen, y el nuevo término comienza a correr a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que la respectiva resolución quede firme...” (Así reformado por el artículo 2º de la ley No. 7900 de 3 de agosto de 1999). (El destacado no es del original). A partir de lo transcrito, con el anterior procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 150 del Código de cita, no importando el tipo de sanción a imponer, la interrupción del plazo de prescripción de la acción operaba con la comunicación de la infracción que se presume, sea la comunicación en su momento de la propuesta de resolución sancionadora, propuesta motivada o traslado de cargos por infracción administrativa, según se le defina, como primer acto interruptor de la prescripción, quedando suspendido el plazo de prescripción, hasta tanto la resolución que imponía la sanción quedara firme en sede administrativa. Así, la referida norma permitía que la infracción dispuesta por el artículo 81 de cita, vinculada con el procedimiento determinativo de la obligación tributaria, tuviera un régimen independiente de cómputo e interrupción de la prescripción, a pesar de que el procedimiento determinativo de la obligación tributaria, se prolongara varios años en adquirir firmeza, no encontrándose supeditado en modo alguno al procedimiento determinativo, para emitir un acto que repercutiera en el término de prescripción, sino que el nuevo plazo empezaba a correr a partir de la firmeza del mismo acto sancionatorio. Ahora bien, con la reforma introducida al artículo 74 ibidem, operada mediante Ley No.9416 del 14 de diciembre del 2016, publicada en el Alcance No.313 a La Gaceta del 20 de diciembre del 2016, se modifica el texto del numeral 74 del Código Tributario, el cual establece: “Plazo de prescripción. El derecho de aplicar sanciones prescribe en el plazo de cuatro años, contado a partir del día siguiente a la fecha en que se cometió la infracción. La prescripción de la acción para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de las infracciones que se presumen y el nuevo plazo comienza a correr a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que la respectiva resolución quede firme. En los supuestos del inciso 1 subincisos a) y b) del artículo 81 de este Código, la prescripción de la acción para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de la infracción que se presume y el nuevo plazo comienza a correr a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que el acto administrativo de liquidación de oficio quede firme. ….” (El resaltado no es del original). De lo anterior se colige, que el legislador patrio decide modificar el régimen sancionatorio en lo correspondiente a los actos interruptores de la prescripción, y particularmente respecto a la infracción prevista en el artículo 81, precisamente para los supuestos descritos en el inciso 1 sub incisos a) y b), que corresponden a las conductas sancionables correspondientes a la falta de ingresos por omisión e inexactitud, previstos antes y después de la reforma operada a dicho artículo mediante Ley No.9069 del 28 de setiembre del 2012. De ese modo, se estableció como acto interruptor de la prescripción, la comunicación de la infracción que se presume, según se indicó supra, quedando interrumpido el cómputo del plazo prescriptivo; siendo que el nuevo plazo de prescripción empieza a correr a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que la resolución determinativa vinculada al procedimiento sancionatorio quede firme, facultándose en ese momento a la Administración Tributaria a emitir la resolución sancionadora, contando con un plazo de cuatro años para concluir el procedimiento sancionatorio y resolver los recursos ordinarios interpuestos por el administrado. En este punto, debe tenerse presente que con la referida reforma del numeral 74, operada mediante Ley No.9416 del 14 de diciembre del 2016, se introduce un Transitorio V que establece expresamente: “Las reformas de los artículos 53, 74 y 90 de la Ley No. 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, no afectarán a aquellos procesos que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, ya se encuentran presentados al Ministerio Público”; por lo que, a contrario sensu, dichas reformas sí son de aplicación en todos los demás casos de procedimientos sancionatorios que no se encontraban presentados ante el Ministerio Público, estableciendo así los efectos retroactivos de la reforma, al disponer que será de aplicación en todos los demás procedimientos que se encontraban en curso, salvo aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de cita, habían sido presentados ante el Ministerio Público. De ese modo, la reforma operada al artículo 74, en concordancia con el artículo 169, ambos del Código Tributario, como ley especial que regula la materia Tributaria, resulta de aplicación retroactiva a los procedimientos sancionatorios que se encontraban pendientes de resolución, máxime que solamente se podrían utilizar las normas supletorias, según su orden de aplicación, ante vacíos legales en la normativa especial que regula la materia en estudio, y en consecuencia, es dicha versión la que debe aplicarse al caso de autos. De conformidad con las consideraciones expuestas, esta Sala determina que lleva razón la interesada al alegar la prescripción, toda vez que conforme a las evidencias que constan en autos, incluso antes de que el expediente administrativo ingresara a este Tribunal para la resolución del presente recurso de apelación, ya había operado la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer la sanción que nos ocupa. En tales condiciones, en el caso concreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 vigente del Código Tributario, y según lo indicado supra, el plazo de prescripción aplicable es de cuatro años, computado a partir del día siguiente a la fecha en que se cometió la infracción; por lo que al estarse ante el reproche de presentación de declaraciones inexactas relacionadas con el impuesto sobre la renta de los periodos fiscales 2000 a 2005, en razón de las declaraciones rectificativas presentadas con posterioridad por parte de la administrada, el plazo de prescripción de cuatro años se interrumpió con la notificación de la infracción que se presume, sea con el Traslado de Cargos por Infracción por Falta de Ingresos por Omisión o Inexactitud No.1931000184531 de fecha 24 de abril del 2008, notificado el 11 de junio del mismo año, mediante el cual la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales pone en conocimiento de la contribuyente, el inicio del procedimiento administrativo sancionador por infracción por falta de ingresos por omisión o inexactitud, según artículo 81 del Código Tributario, el cual se constituye, como se ha venido señalando, en un acto interruptor del plazo de prescripción. En tales condiciones, el nuevo plazo prescriptivo comienza a correr a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que la determinación correspondiente quedara en firme, de conformidad con la reforma operada al artículo 74 de cita, en concordancia con el artículo 169, ambos del Código Tributario, según se analizó anteriormente. Ahora bien, para el caso concreto, la determinación de los ajustes practicados a las obligaciones tributarias de la contribuyente, vinculadas a la infracción que se conoce, agotó la vía administrativa mediante resolución de la Sala Primera de este Tribunal TFA-085-P-2010 del 12 de abril del 2010, notificada al día siguiente (folios 492 al 549), la cual revocó parcialmente la resolución determinativa en cuanto al ajuste por gastos no deducibles asociados a ingresos no gravables; además revocó la resolución recurrida en cuanto a los ajustes relacionados con: 1) impuesto sobre retenciones en la fuente (retención aplicable a los títulos valores, certificados de depósito a plazo desmaterializados) y 2) rechazo de gastos financieros. Al respecto, la Administración Tributaria procedió a gestionar proceso de lesividad en la vía contenciosa administrativa, para que se declarara: 1) la nulidad de la referida resolución de este Tribunal, únicamente en lo que se refiere a la revocatoria parcial respecto al ajuste por gastos no deducibles asociados a ingresos no gravables, y 2) que se mantenga y declare conforme a derecho lo resuelto por la Administración Tributaria mediante resolución No.DT-10R-115-08 del 08 de julio del 2008; y al respecto, mediante sentencia 21-2013 del 25 de marzo de 2013 dictada por la Sección VIII del Tribunal Contencioso Administrativo, confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 828-F-S1-2015 del 23 de julio 2015, se declara con lugar en todos sus extremos la demanda de lesividad establecida por el Estado (folios 218 al 265). En razón de lo expuesto, en el caso de autos se tiene que la firmeza de la determinación de la obligación tributaria, operó con la firmeza de la resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de cita, la cual fue notificada el 20 de agosto del 2015 (folio 218), para los extremos que fueron objeto del proceso contencioso administrativo y que habían sido revocados por parte de este Tribunal mediante resolución TFA-085-P-2010, y para los restantes ajustes, desde la firmeza de dicha resolución emitida por este Tribunal, notificada al día siguiente. A pesar de dicha circunstancia, en relación al procedimiento sancionatorio que nos ocupa, se verifica en autos que mediante resolución INFRAC-DT10R-176-08 del 09 de setiembre del 2008, notificada el 17 de setiembre siguiente, la oficina tributaria rechaza ad portas por extemporáneo, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado en contra de la resolución sancionadora INFRAC.DT10R-144-08 del 31 de julio de 2008 (folios 141 al 146), agotándose con ello la vía administrativa; pero la contribuyente, en ejercicio de los derechos que le otorga el ordenamiento jurídico, procedió a gestionar demanda en la vía contenciosa administrativa, para que se declarara: la ilegalidad del procedimiento sancionador correspondiente al traslado de cargos emitido en autos, así como la ilegalidad de los oficios SFGCN-AL122-10 del 28 de mayo del 2010, SFGCN-AL137-10 del 28 de junio del 2010, SFGCN-AL123-10 del 28 de mayo del 2010, OT10R-006-11 y OT10R-007-11, ambos del 31 de enero del 2011, y las resoluciones de este Tribunal TFA-288-2011 del 06 de junio del 2011 y TFA-299-2011 del 06 de junio del 2011; asimismo, se solicitó el archivo de la liquidación de la sanción administrativa, y que se ordenara al Ministerio de Hacienda a solicitar la correspondiente condonación de intereses a la Dirección General de Hacienda. Al respecto, mediante sentencia 70-2013-VII del 10 de octubre de 2013 dictada por la Sección Séptima del Tribunal Contencioso Administrativo y ratificada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución No.988-F-S1-2016 del 22 de setiembre de 2016, se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por la contribuyente en contra del Estado, resolviéndose anular las resoluciones OT10R-006-11 y OT10R-007-11, ambas del 31 de enero de 2011, emitidas por la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, así como la resolución TFA-288-2011 del 01 de junio del 2011 dictada por este Despacho; ordenándose reenviar los antecedentes de dicha decisión judicial a la Administración Tributaria, para que proceda en derecho en cuanto a las gestiones de condonación de intereses del ajuste determinativo, por un lado, y la impugnación de la sanción tributaria que formuló la interesada en memorial del 01 de julio del 2010 (folios 289 a 321). Al respecto, las consideraciones de la autoridad judicial establecen: "…en el caso en marras, no sólo extraña que se haya adoptado el acto final en el procedimiento sancionatorio seguido contra [...] con ocasión de los ajustes en la determinación tributaria de los periodos fiscales dos mil, dos mil uno, dos mil dos, dos mil tres, dos mil cuatro y dos mil cinco, con el dictado de la resolución INFRAC.DT-10R-144-08, de las dieciséis horas del treinta y uno de julio del año dos mil ocho -hecho probado 12.)-, sin que el Tribunal Fiscal Administrativo hubiese emitido pronunciamiento con ocasión del recurso de apelación que la afectada interpuso contra la resolución DT1OR-115-08, de las dieciséis horas del ocho de julio del dos mil ocho de la Dirección General de Tributación de Grandes Contribuyentes —hecho probado 9.)-, originada en los traslados de cargos 2752000018354 y 2752000018363, ambos del veinticuatro de abril del dos mil ocho -hechos probados 4) y 5.)-; decisión que fue adoptada hasta el año dos mil diez, propiamente mediante la resolución TFA-No.85-2010, de las nueve horas del doce de abril hecho probado 14.)-; sino que además, lo es el hecho de que una vez adoptada esa decisión, se haya estimado que la discusión concerniente a la imposición de la sanción estaba precluida, al haberse definido dos años antes, y que se limitaba únicamente a la determinación de las liquidaciones correspondientes -tanto la referida a los intereses del ajuste como a la sanción tributaria, se repite, sin haberse determinado en sede administrativa, el ajuste o diferencia que debía pagar […] al fisco en aquellas declaraciones y determinaciones tributarias. Nótese que con ocasión de aquella decisión del Tribunal Fiscal Administrativo -se reitera, la resolución TFA-No.85-2010-, se hizo una modificación sustancial en el ajuste determinativo, y ello repercute de manera directa en el ámbito sancionatorio, que la Administración Tributaria no puede obviar. Para los Juzgadores de esta Cámara no resulta posible esgrimir que se trata de un mero ajuste matemático o cálculo de la sanción a aplicar, a modo de una mera corrección de un error material en los términos previstos en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, sino el trasfondo y justificación de la sanción tributaria a aplicar. Es por ello que, como lo advirtió la sociedad actora, se evidencia que en este asunto se da una gravísima infracción del debido proceso, en tanto, por una parte, la Administración de Grandes Contribuyentes Nacionales se negó a conocer las argumentaciones que hiciera [...] para revertir el cobro de la sanción tributaria que le fuera impuesta, y por otro, se negó a darle el trámite correspondiente a la solicitud que hiciera para el reconocimiento de condonación de intereses...En efecto, la discusión en torno a su imposición se reabrió con ocasión de la resolución TFA-No.85-2010 del Tribunal Fiscal Administrativo, que reconoció una serie de objeciones que había planteado la accionante ante su instancia, lo que indudablemente incide en el elemento subjetivo del tipo sancionatorio contenido en el artículo 71 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios…se estima contrarias al ordenamiento jurídico, y por ello ilegales las resoluciones dictadas por la Dirección de Grandes Contribuyentes (…) OT10R-007-11, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de enero del dos mil once - hecho probado 22.)-. (…) no valoró las argumentaciones realizadas por la gestionante, tendentes a refutar la sanción que se le cobraba, por estimarse que el asunto estaba precluido, con ocasión de la resolución INFRAC.DT-10R-176-08, de las quince horas del nueve de setiembre del dos mil ocho -hecho probado 13.)-, dejando en absoluta indefensión a la sociedad gestionante. Ya se indicó que el punto sometido a conocimiento de la Dirección de Grandes Contribuyentes debió de haberse resuelto por el fondo, no siendo legítimas las consideraciones esgrimidas en esta actuación por la Administración Tributaria en esta ocasión…” (folios 317 vuelto a 318 vuelto); concluyendo la autoridad judicial que resultaba imperiosa la firmeza de la determinación tributaria para tener por precluida la posibilidad de discutir la sanción establecida, lo cual afirma la Sala de Casación “no ocurrió en el caso concreto…En el sub lite se estableció de modo anticipado la firmeza del monto de la sanción, cuando aún estaba en debate el monto determinativo” (folio 298 vuelto). De esta forma, tal y como lo indicó este Tribunal desde la resolución TFA-505-S-2019 del 02 de octubre del 2019, dictada en razón del presente asunto a efectos de enderezar el procedimiento y en razón de lo resuelto en sede contencioso administrativa: “…tal como se desprende de la lectura integral del fallo 70-2013-VII de reiterada cita, la jurisdicción contenciosa acogió dicha tesis por el fondo -considerando VIII-; ya que en efecto evidenció una gravísima infracción del debido proceso, en tanto, por una parte, la Administración de Grandes Contribuyentes Nacionales en resolución No. OT10R-007-11 -folios 168 a 181- se negó a conocer las argumentaciones de fondo que hiciera la interesada para revertir el cobro la sanción tributaria que le fuera impuesta con ocasión de la resolución INFRAC.DT-10R-176-08; y por otro lado, este Tribunal mediante resolución TFA-288-2011 se declaró incompetente para conocer el asunto en el punto en discusión -folios 206 a 214-; y que si bien, la impugnación por el fondo contra la imposición de la sanción le fue rechazada por extemporánea, razona aquella sede Contenciosa que en efecto, la discusión en torno a su imposición se reabrió con ocasión de la resolución TFA-No. 85-2010 del Tribunal Fiscal Administrativo, que reconoció una serie de objeciones que había planteado la accionante ante la instancia administrativa, lo que indudablemente incidía en el elemento subjetivo del tipo sancionatorio tributario contenido en el artículo 71 del Código Tributario tal como fundamentó la demandante. (Véase considerando XI). Así las cosas, basándose en el respeto al debido proceso en el procedimiento sancionatorio tributario –considerando X-, particularmente en la reforma al Código Tributario dada por la Ley de Fortalecimiento de Gestión Tributaria, número 9069 del 28 de setiembre del 2012 -vigente al dictado de la resolución contenciosa-, en la cual se adicionó el Título VI de Derechos y Garantías del Contribuyente, donde en el numeral 186 párrafo final se dispone que: “No podrá dictarse el acto final en el procedimiento sancionatorio, vinculado al de determinación de la obligación tributaria, hasta tanto no se encuentre firme el acto administrativo de la determinación de la obligación tributaria dictado en sede administrativa”; la jurisdicción contenciosa otorgó parcialmente la razón a la contribuyente –véase considerando XII-, ya que si bien estaba declarando la existencia de una violación al debido proceso, consideró que no le alcanzaba la competencia para evaluar por el fondo el asunto planteado, es decir, si procedía o no la sanción en cuestión, pues tal discusión era resorte exclusivo de la Administración Tributaria. Siendo así, resolvió reenviar el asunto a la sede administrativa tributaria, para que se abocara al conocimiento de sanción tributaria por el fondo, teniendo como base los antecedentes fácticos que la motivan, así como la amplia jurisprudencia administrativa y jurisdiccional en la materia, a fin de garantizarle a la actora el pleno respeto del debido proceso y derecho de defensa –véase considerando XIII-. En este orden de ideas, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló el procedimiento a partir de la emisión de la resolución liquidadora No. OT10R-007-11 dictada con ocasión de la resolución sancionadora INFRAC.DT-10R-176-08; y a su vez, anuló la resolución de este Despacho No. TFA-288-2011, dictada en alzada, que conoció el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución liquidadora; al considerar que en dicho momento se configuró la gravísima violación al debido proceso, y en su defecto, se entrara al conocimiento de la sanción tributaria por el fondo en razón de los memoriales recursivos interpuestos por la contribuyente en fecha 01 de julio del 2010 en los procedimientos sancionatorios…” (folios 444 frente y vuelto). De esta forma, las autoridades judiciales resolvieron reenviar el asunto a la sede administrativa tributaria, para que se abocara al conocimiento de la sanción tributaria por el fondo, a fin de garantizarle a la administrada el pleno respeto del debido proceso y derecho de defensa. En razón de lo expuesto, a pesar de la firmeza de las determinaciones de cita, tanto para los extremos confirmados por la resolución TFA-085-2010 de este Tribunal, como aquellos que adquirieron firmeza en razón del proceso de lesividad, planteado únicamente en relación a los extremos revocados por este Tribunal en la citada resolución; en razón de la demanda contenciosa-administrativa interpuesta por la contribuyente en contra del Estado, en fecha 08 de junio del 2012 (ver folio 300), en los términos desarrollados supra, la Administración Tributaria perdió la competencia para conocer del procedimiento sancionatorio que nos ocupa, por lo que existía una imposibilidad para continuar con dicho procedimiento en sede administrativa, y dado que el proceso judicial de cita se resolvió mediante sentencia 70-2013-VII del 10 de octubre de 2013, dictada por la Sección Séptima del Tribunal Contencioso Administrativo y ratificada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución No.988-F-S1-2016 del 22 de setiembre de 2016, notificada el 09 de febrero del 2017, que declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por la contribuyente en contra del Estado; al amparo del numeral 74 de repetida cita, y en razón del momento en que efectivamente la Administración a quo recuperó la competencia para continuar con el ejercicio de su facultad sancionadora, el plazo de prescripción de cuatro años debe computarse como iniciado el 01 de enero del 2018, venciendo el 01 de enero del 2022; por lo que al día de hoy ha transcurrido sobradamente el plazo de prescripción de cuatro años que establece la normativa que regula la materia, sin que se haya concluido el procedimiento sancionador. Así bien, y de conformidad con la normativa jurídica que rige la materia, y con base en los hechos que constan en el expediente, ha quedado demostrado que en el caso de autos, la acción de la Administración Tributaria para imponer la sanción de mérito se encuentra prescrita, por lo que lleva razón la contribuyente en este extremo de su recurso y así debe declararse. Al respecto, y sin perjuicio de lo indicado, esta Sala debe destacar que al momento en que ingresó a este Despacho el expediente administrativo al que se contraen las presentes diligencias, para ese momento el derecho de la Administración Tributaria para aplicar la sanción pretendida ya se encontraba prescrito. En consecuencia, de conformidad con el Principio de Legalidad regulado en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, esta Sala no tiene más alternativa que declarar la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer, en el caso concreto, la sanción administrativa prevista en el artículo 81 del Código Tributario, en vista de que al momento de recibir el presente expediente en este Tribunal, ya había operado el término de prescripción, de conformidad con el artículo 74 del Código Tributario, toda vez que este Tribunal, como órgano contralor de legalidad, se ve obligado a acatar la reforma legal impuesta por el Legislador, en el artículo 74 de cita, reformado por el referido artículo 16 de la Ley para mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal, No.9416 del 14 de diciembre del 2016, vigente a partir del 03 de enero del 2017, en concordancia con el señalado artículo 169 del mismo Código, que ordena, según se ha explicado supra, la aplicación retroactiva de las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias, de conformidad con las excepciones previstas en el Transitorio V de la Ley 9416 citada. Por innecesario se omite pronunciamiento expreso sobre los demás extremos del recurso. -